La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) de Soria acaba de revalidar su mayoría absoluta en las elecciones sindicales en los centros concertados de la provincia. Es el sindicato mayoritario también en los centros de iniciativa social para la atención a personas con discapacidad, con el 62,5% de representación en Soria. Su secretario, Javier Hernansanz Chico, analiza la situación de los centros concertados en Soria, donde hay escolarizados unos 2.000 alumnos en la provincia y trabajan alrededor de 200 personas. 

¿Qué lectura hace de los resultados del reciente proceso electoral?

Es muy clarificador. Si lo trasladamos al plano político, que un partido obtenga más del 82% de la representación sabiendo que en el sector somos cuatro sindicatos, es significativo. 

¿Cuál es su compromiso?

Nosotros somos un sindicato profesional independiente del sector. Lo que queremos es dar voz fidedignamente a todas sus reivindicaciones de los trabajadores que, en pocas palabras, pasan por que esas diferencias que hay con las condiciones laborales de la enseñanza pública se vayan reduciendo. Por poner un ejemplo, la carga lectiva de un profesor en enseñanza Secundaria es de 25 horas lectivas (luego están las no lectivas) y hasta hace poco en un compañero de la enseñanza pública eran 17 horas lectivas. Esto se traduce en que dos profesores de la concertada hacen las mismas horas lectivas que tres de la pública, es una carga de trabajo. Nuestro compromiso es llevar a cabo todas esas reivindicaciones desde la independencia, porque entre nuestros afiliados hay gente que vota a Podemos, a PP, a PSOE... 

¿Cuál es el peso de la enseñanza concertada en Soria?

Tenemos que distinguir entre niveles y entre localidades. El mayor peso lo tiene la capital. En las etapas de Infantil y Primaria, la concertada representa en la capital en torno al 30%;en Secundaria disminuye. Luego es ya muy difícil extenderla al ámbito rural, donde únicamente está en el Colegio Calasancio de Almazán. Y perteneciente al convenio pero siendo ya un colegio privado podríamos incluir el Seminario Diocesano. 

La enseñanza concertada está sometida a la misma normativa y controles de inspección que la pública. ¿Cómo se debe trabajar para evitar esas diferencias laborales?

Se debe trabajar en dos ámbitos, nacional y regional. La forma de financiación de la enseñanza concertada se basa en un acierto que se tuvo hace muchos años por el PSOE (a través de los conciertos). Eso significa fundamentalmente que, en vez de llevarse la financiación la patronal de las empresas, la financiación llega vía pago a salarios de los profesores y, luego, otra partida pequeña de «otros gastos». En los Presupuestos Generales del Estado se presupuestan en torno a 25 horas lectivas. Nosotros, aprovechando hace poco una ley que hubo de mejora de la calidad educativa, quisimos que se redujera jornada en los centros concertados. Se llevó al Senado y se aprobó, pero se tumbó en el Congreso. Si en los PGE se dice que el salario se fija en torno a 25 horas, las Comunidades Autónomas te pagan en función de esas 25 horas. A mayores, si una Comunidad es más rica, lo puede subvencionar y disminuir alguna hora lectiva, pero es muy difícil. Eso sería una vía de actuación. 

Y a nivel regional está por ejemplo incluirnos en la Ley de la carrera del desarrollo profesional. Es un logro que hemos obtenido en Castilla y León. 

En otras Comunidades, como el País Vasco, los trabajadores llevan un año intenso de movilizaciones. ¿Cuál es la situación aquí? ¿Hay posibilidad de replicar el caso vasco? 

Las movilizaciones es un recurso que tenemos los sindicatos. De cara a las patronales, una reivindicación fundamental es la clarificación de hora no lectiva. En nuestro convenio tenemos una jornada de 1.180 horas anuales y ahí hay unas determinadas horas no lectivas. Nosotros decimos que en muchas ocasiones se sobrepasan y no están clarificadas porque les interesa que sea así, y te pueden mandar a una excursión de fin de semana, te pueden poner una reunión en un horario que hace complicada la conciliación de la vida laboral y familiar... Hay mucha discrecionalidad. Si no avanzamos en lo que es la reducción de carga lectiva y en clarificación de la jornada, puede llegar un momento en que tengamos que presionar. 

¿Ahora mismo está sobre la mesa la posibilidad de movilizarse?

Ahora mismo no está sobre la mesa porque se está negociando la clarificación de la jornada con la patronal. Se ha obtenido un avance importante con la inclusión de los profesionales de la enseñanza concertada en la Ley de Desarrollo Profesional Docente en la que se va a tener en cuenta la formación también, lo cual redunda en la formación de los alumnos. Por tanto, mientras haya avances, seguiremos negociando; aunque tengamos pensadas propuestas a medio y largo plazo. 

Clarificar la jornada, ¿es la clave?

No, el punto clave de nuestras negociaciones es el mantenimiento del empleo. En Castilla y León tenemos un acuerdo importantísimo y único en España que nosotros llamamos comúnmente el acuerdo de centros en crisis. Significa que, cuando un centro concertado pierde una unidad porque no tiene suficientes alumnos, los profesores afectados (como no somos funcionarios) pasan a una lista preferente de recolocación en otro centro concertado. Es un acuerdo de solidaridad pero para ello necesitamos el apoyo o la complicidad también de la administración educativa y de la patronal. Es lo primero que ponemos sobre la mesa. 

Primero, mantenimiento de empleo y, a partir de ahí, hablamos de cualquier mejora. Eso sobrevuela todo porque, al no ser funcionarios, los docentes de la concertada siempre tienen cierta inseguridad laboral. 

Tras la fusión del colegio San José y elSagrado Corazón en Trilema. ¿Qué situación se vive? ¿Hay peligro de más cierres de unidades o centros?

Afortunadamente a día de hoy no hay peligro de más cierres. Cuando dos centros están en el casco histórico con población envejecida, que no hay niños, que pueden morir en paralelo... la fusión, dentro del mal que supone que va a haber siempre disminución de personal, es el mal menor.  Pero a día de hoy sobre el horizonte  no se vislumbra afortunadamente disminución de unidades. 

No obstante, desde 2010 ha habido 25 despidos en Soria, entre la fusión de estos dos centros, el cierre de Santa María de Huerta, de algunas aulas... Afortunadamente, ese acuerdo de solidaridad ha permitido la recolocación de parte de ellos. 

¿Cual es la diferencia salarial entre enseñanza pública y concertada? 

Tenemos suscrito un acuerdo de homologación salarial al 96%. La Ley Orgánica de Derecho Educativo contempla que haya una equiparación salarial, que nunca se ha llevado a la práctica. A igual trabajo, igual salario. Y las leyes nos reconocen (como reconoce la LOE) que el servicio público de la educación puede estar impartido por los poderes públicos o centros de iniciativa social. Entonces, si se está haciendo ese trabajo y si se entiende que para hacerlo con determinada calidad se requiere una titulación, una retribución y una jornada, pues entonces desde los centros concertados aspiramos a que sea análogo. Ahora mismo la homologación está al 96%, sin contar sexenios. 

Es decir, sigue habiendo brecha...

Sí, sigue habiendo, se cobra menos que en la enseñanza pública. Y de ahí que, a veces, cuando se hace ese discurso de cuál es el coste escolar en la enseñanza concertada (que aproximadamente dicen que es la mitad), pues a nosotros nos chirría un poco porque, lejos de quererlo vender, sabemos que es así porque repercute en las espaldas de los trabajadores. Volvemos al ejemplo de antes, en la concertada se necesitan menos docentes porque van a impartir las mismas horas lectivas, y cobran menos. Entonces, no nos vanagloriamos porque sabemos por qué es tan barata. La conclusión es clara,sale a mejor a precio. 

¿Cuánto paga la Comunidad por cada unidad escolar (aula) a un centro concertado? ¿Es suficiente?

Se barajan varias cifra. Desde Alejandro Triana, el que fue secretario de Estado de Educación con Felipe González, hay unanimidad de todos los partidos en que el coste del puesto escolar no se financia al cien por cien. Algunos hablan de 60, 70, 80...  pero está claro que no es el cien por cien. Una de las cosas que reclamamos desde FSIE es que se cuantifique. 

Como la enseñanza está tan politizada y se habla de privatización de la enseñanza -incluso por nuestros propios compañeros de otros sindicatos-, lo que hay que decir también es que en esa pequeña partida de financiación que se llama «otros gastos» entra calefacción pero, también, el personal de administración y servicios, con un sueldo bruto mileurista. Cuando el consejero para defenderse  dice que en Castilla y León es donde menos se paga de «otros gastos», flaco favor está haciendo a nuestros compañeros de administración y servicios, donde tienen un sueldo neto de poco más de 900 euros y están contribuyendo a realizar el servicio público de la educación. Ya que se hace, que se haga en condiciones dignas. Que no se politice porque nuestra defensa última es la del trabajador, sin meter ideología en la enseñanza que nos repercute negativamente. 

En los últimos meses se ha abierto el debate por la cuota mensual que imponen algunos colegios. ¿Cuál es la situación en la provincia?

Resulta curioso que el fondo de la cuestión se aplique solo a los centros concertados. O se aplica a todo el mundo o no se aplica a nadie. 

La polémica está en si subyace en el trasfondo un pago por el servicio, dado que en los meses de verano no se paga cuota, pero está amparado en una Ley de financiación de las fundaciones -de las cuales, por ciento, también tienen parte los partidos políticos- en la que asociaciones sin ánimo de lucro demostrable pueden recibir una donación. Eso está ahí judicializado, pero está relacionado con lo que comentaba antes de pedir una financiación a coste real donde no sería necesario entonces ninguna cuota.