Los empresarios que demandaron al Gobierno y a la Junta de Castilla y León y presentaron las correspondientes reclamaciones patrimoniales por daños y perjuicios por las restricciones a su actividad con motivo de la pandemia no se dan por vencidos. Una vez que una parte fueron desestimadas por acuerdo del Consejo de Ministros o por silencio administrativo, 44 empresas continuarán con el proceso judicial, tal y como informan desde la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). De esta forma, señalan las mismas fuentes, ya han sido interpuestos recursos en el Tribunal Supremo que han sido admitidos a trámite.

«Las 44 empresas que participan en esta reclamación conjunta, que cubre los 98 días comprendidos entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 [primer estado de alarma], piden al Estado más de 1.250.000 euros», añaden desde la patronal soriana.

contra la junta. En cuanto al proceso administrativo abierto contra la Junta de Castilla y León, también por las limitaciones covid que impidieron el trabajo en las empresas, continúa abierto, actualmente en fase probatoria. «Las empresas están terminando de enviar la documentación que les ha reclamado la Administración regional a fin de acreditar los daños», apostillan. Doce negocios sorianos piden compensaciones a la Junta por los mismos conceptos que al Estado, aunque para el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2020 hasta el 9 de mayo de 2021. 

«Los procesos siguen su curso y no ha habido sentencias todavía. No hay jurisprudencia al respecto», concluyen los empresarios.