La ministra encargada de Asuntos Exteriores, Margarita Robles –Sánchez no puede nombrar sustituto de Borrell mientras el Gobierno se encuentre en funciones- ha expresado su intención de acudir al Congreso de los diputados para informar sobre lo ocurrido en la residencia de la embajada de México en La Paz el pasado viernes, cuando la encargada de negocios española, Cristina Borreguero, acudió a visitar a la embajadora mexicana y el gobierno boliviano –el que ha sustituido al de Evo Morales, huido en Brasil- ha acusado a España de montar una operación con Geos para secuestrar a los miembros del gobierno de Morales acogidos en esa legación.

Lo que ocurrió difiere de la versión boliviana. Efectivamente la diplomática española acudió a una reunión con la embajadora mexicana, escoltada, como es habitual en determinados países, por miembros del Geo que también están encargados de la seguridad de la embajada. Tras dejarla en la sede mexicana, los geo se fueron en su coche, a la espera de recibir la llamada de recogida. Sin embargo, cuando emprendieron de nuevo camino hacia la embajada mexicana, antes de acceder al recinto encontraron un número considerable de cámaras de televisión y manifestantes que gritaban contra España impidiéndoles la entrada. Finalmente la propia embajadora mejicana ofreció su automóvil a Borreguero para que pudiera salir.

Cristina Borreguero actuó de forma imprudente, no está Bolivia en estos momentos como para cumplir con rituales diplomáticos y mucho menos cuando se trataba de cumplimentar a la embajadora del país que acogió en primer lugar a Evo Morales. Pero la encargada de negocios informó previamente a sus superiores del Ministerio por los conductos habituales, dirigiendo sus telegramas a V.E., la ministra. Quizás Margarita Robles no tuvo conocimiento de la reunión, como ha declarado, pero en el ministerio guardan todo lo relacionado con las comunicaciones de la encargada de negocios, con la sensación de que se la quiere convertir en chivo expiatorio.

Los hechos se han producido en un momento especialmente delicado: el nuevo gobierno de Bolivia, al que Evo Morales acusa de haberle desalojado a través de un golpe de Estado, ha informado que tiene en su poder los contratos del gobierno de Morales –ocho, por valor de millón y medio de euros- con una consultora a la que está vinculado Juan Carlos Monedero. Una consultora de la que siempre se ha dicho en España que formaba parte de la red de captación de fondos para Podemos. El partido que ha firmado un pacto de gobernabilidad Pedro Sánchez.

Lo ocurrido en la sede de la embajada de Méjico en Bolivia, por tanto, va más allá de un “incidente”, como dicen las fuentes oficiales. Y es obligado que la ministra en funciones, Margarita Robles, cuente toda la verdad sobre lo ocurrido el viernes pero también sobre los datos que está revelando el nuevo gobierno boliviano sobre los contratos a una consultora que ha participado activamente en las campañas electorales de Podemos.