Dicen que las alineaciones de los partidos políticos tendrían que incluir ciertos especialistas como psicólogos, economistas, matemáticos o antropólogos. Pero no como elemento decorativo, sino con una función cautelar y dirimente. Enriquecería un sector excesivamente dotado de jurídicos, médicos o funcionarios. Y añadiría una función pericial que enriquecería el abordaje de ciertos problemas complejos.
Yo estoy de acuerdo y abogo por la urgencia de añadir a los historiadores. El manejo argumental de la historia en la política española es tan deficiente, tan lamentable el torcimiento a que se somete para acomodar hechos antiguos a argumentos contemporáneos que el debate patrio sobre asuntos pasados más parece un tejemaneje de propagandistas que un intento de buscar la verdad para hacer justicia.
El último episodio (la parodia de «juicio político» al franquismo para trastabillar el presupuesto de este año) evidencia hasta qué punto esto que digo es una necesidad urgente. Releer las palabras con que Marcelino Camacho acogía la amnistía desde la tribuna del Congreso durante la transición y cotejarlo con los postulados de los cachorros del revisionismo produce un sentimiento de tristeza, como de tiempo perdido, como si aquí nuestro único referente fuera Sísifo.
Historiadores, por favor, es urgente que vengan en auxilio de una sociedad que no parece encontrar su autoestima definitivamente. La importancia del contexto, la evaluación de los anacronismos, la reasignación de los auténticos significados de términos de cuyo uso incorrecto devienen aberraciones que no casan con los auténticos hechos. Y sobre todo, el revisionismo como argumentario: carentes de visión de futuro, muchos políticos de hogaño sólo saben de argumentos de antaño. Es decir, no crean, sino «fusilan» (en la acepción de fusilar como equivalente de copiar. Y copiar mal).