El próximo 1 de julio se cumplirán 100 años del inicio del arranque, de noche y a la luz del carburo, de las pinturas murales de San Baudelio por el taller del carpintero Franco Steffanoni. Detrás de esta operación estaban el marchante Leon Levi, intermediario, que por las mismas fechas también se haría con los despojos de la iglesia de San Esteban, en San Esteban de Gormaz, y el comerciante norteamericano Gabriel Dereppe. El Gobierno trató de impedir el expolio de las pinturas, pero en 1925, el Tribunal Supremo, dio el visto bueno a la venta por parte de los propietarios del templo, unos vecinos de Casillas, al comerciante norteamericano. La cifra estaba en torno a las 65.000 pesetas. La sentencia judicial sobre las pinturas de San Baudelio permitirá desarrollar una normativa que habría de proteger las principales obras de arte del territorio español. A pesar de ello, a lo largo de este siglo el expolio no se ha detenido e, incluso, podemos decir que se ha incrementado cuando nos referimos a obras menores.
Durante gran parte del siglo XX, a pesar de la nueva legislación, varios marchantes, que rozaban la chamarilería, camparon a sus anchas por tierras españolas; en ese amplio elenco podemos destacar a personas sin escrúpulos como León Levi, Arthur Byne o Frederic Marès, a los que se sumaría, avanzado el siglo, Erik el Belga. La legislación del momento, que había mejorado tras el expolio de San Baudelio, no pudo salvar centenares de joyas que salieron al extranjero o que se perdieron en la noche de los tiempos. La lista es interminable. Estos saqueadores se aprovecharon de la situación de miseria de la posguerra y, con poco dinero, encontraron el acceso directo a la clausura, a los obispos de las Diócesis, al abad o abadesa, al párroco, al particular, al prior, que les ofrecían aquello que podían vender. Avanzada la década del 60, Erik el Belga abandonó la compra y se dedicó al robo.
El propio Estado franquista expolió en 1957 el ábside de San Martín de Fuentidueña, (BIC, 1931) para intercambiarlo por 6 murales de San Baudelio. En 1963-64 la Diócesis de Osma vendió legalmente la iglesia de San Miguel de Parapescuez, por no hablar de la cantidad de retablos desaparecidos en esa década en las decenas de iglesias de despoblados. La ambigüedad de la ley permitía ese saqueo y ocultar esas obras, siendo muy difícil seguir su rastro. A pesar de la mejora en las leyes de protección del Patrimonio español, el resultado no ha sido ni es el esperado, por eso es preciso mejorar y actualizar esta legislación. La situación es complicada y compleja; y creemos que el camino a la solución pasa por la educación patrimonial. Educar a propietarios, sean privados o públicos, y a la sociedad para que puedan valorar y proteger ese Patrimonio. También resulta necesario un seguimiento de las obras de arte; es preciso una trazabilidad del elemento patrimonial, una transparencia en la compra-venta. Hoy es imposible saber por qué y cómo un retablo de Tierras Altas se encuentra en un castillo catalán. Para alcanzar esa trazabilidad patrimonial son necesarios inventarios exhaustivos liderados por la Administración, sea central o autonómica.
En los últimos años, el expolio sobre el patrimonio de despoblados ha sido un goteo permanente e insufrible aun cuando las operaciones de la Guardia Civil (Operación Dovela) han logrado esclarecer alguno de ellos. La pregunta es: ¿se puede hacer algo para evitar esos robos por encargo? La respuesta es sí. ¿Se está haciendo algo? No sabemos. Pero está claro que si la DGT coloca cámaras en carreteras de la España vaciada, también se pueden instalar en un medio rural con tan poca población como la soriana y proteger ese Patrimonio que es de todos/as.