Las decisiones las tomaba el fallecido exconsejero de Economía y Hacienda, Tomás Villanueva, o el Consejo de Gobierno del expresidente JuanVicente Herrera. Estas fueron las líneas de defensa esgrimidas ayer durante la Comisión de Investigación de las autorizaciones de parques eólicos, el edificio de Arroyo de la Encomienda, los terrenos de Portillo y las sedes comerciales en el exterior por el exviceconsejero de Economía de la Junta Rafael Delgado,y la exviceconsejera de Economía de la Junta, Begoña Hernández. El primero, imputado en el caso de la Perla Negra y la compra de los terrenos de Portillo e investigado en la trama eólica, aseguró que a lo largo de su gestión en la Consejería de Economía, primero como viceconsejero entre 2003 y 2007 y luego como secretario general, entre 2007 y 2011, se limitó a ejecutar las decisiones políticas tomadas por el entonces consejero de Economía, ahora fallecido, Tomás Villanueva, y por la Junta. Delgado  también aseguró sentirse perseguido por parte de ciertos mandatarios de la Junta después de que en 2011 saliera del Gobierno regional. «He sido objeto de persecución y me han considerado un desleal por negarme a hacer lo que algunos altos responsables quería que hiciera», apuntó en la Comisión.

En un declaración que se prolongó por espacio de más dos horas y media, negó que en su gestión cometería ilegalidades e insistió en repetidas ocasiones que en su trabajo en la Consejería de Economía siempre buscó el interés público y respetó los principios de «obediencia debida y jerarquía de la administración» y ni el se benefició ni conoció que ningún cargo público se beneficiaran económicamente de esas decisiones. Además, recalcó que no tuvo ninguna responsabilidad en la concesión de los parques eólicos y que las plusvalías que algunas empresas pudiera haber obtenido forma parte de una negociación lícita, informa Ical.

Por su parte, Begoña Hernández rechazó haber tenido capacidad para la toma de decisiones políticas en los años que estuvo al frente de la Viceconsejería de Economía (2007-2015), algo que atribuyó exclusivamente al Consejo de Gobierno y al consejero designado a tal efecto, Tomás Villanueva. Hernández, que se acogió a su derecho a no prestar declaración en la comisión de investigación en las Cortes regionales, recordó que el cargo de viceconsejera «no sustituye o complementa al consejero» sino que trabaja «en áreas concretas» de gestión de la Consejería. «Nunca me he beneficiado de nada a título personal ni en lo económico ni en ningún otro aspecto», declaró Hernández quien insistió en que sus actuaciones estuvieron guiadas «por las órdenes de quienes de designaron para el cargo de las atribuciones» e integrando un Consejo de Administración «que siempre tomó las decisiones de forma colegiada».