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UGT y CCOO acusan a la Junta de "desmantelar el ECYL"

S.Recio
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Miembros de ambos sindicatos se han concentrado a las puertas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en Soria

UGT y CCOO acusan a la Junta de "desmantelar el ECYL"

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se han concentrado frente a la sede del Servicio Público de Empleo de Castilla y León en protesta por unos presupuestos regionales que consideran que desmantelan este servicio. Acusan al gobierno regional de realizar recortes en el ámbito del fomento del empleo, en la orientación y formación, y en las ayudas a organizaciones de autónomos. Este es el manifiesto:

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), creado por la Ley 10/2003 y actualmente regulado por el Decreto 41/2016, es uno de los frutos más preciados del Diálogo Social entre la Junta de Castilla y León, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT.

El modelo aprobado por unanimidad en la Cortes Regionales es el de Organismo Autónomo. Esto supone que tiene presupuestos, tesorería y personal propios, que todas las políticas activas de empleo están residenciadas en él, y que además tiene un Consejo General que permite la participación institucional de los agentes sociales. Es el modelo que nosotros siempre defendimos. Es único en España, en el resto de CCAA estas políticas están dispersas por distintas Consejerías o Direcciones generales, lo que provoca ineficiencias.

Durante estos casi veinte años, la Consejería responsable de Empleo, de la que depende este Organismo Autónomo, siempre se había mostrado dialogante y abierta a llegar a acuerdos con los agentes sociales a través del Diálogo Social, consciente de que las políticas en materia de empleo debían de gozar del máximo consenso posible.

Pero desde hace un tiempo, las políticas neoliberales que empobrecen a la ciudadanía y que quieren imponerse en nuestra Comunidad resquebrajan las formas de trabajar presididas por el diálogo, el consenso y la búsqueda del progreso y el bien común. Primero, con el gobierno del Partido Popular-Ciudadanos, cuando éste último partido asume la Consejería y comienza a dinamitar, con el beneplácito del Presidente de la Junta, todo lo conseguido; después, con el gobierno PP-Vox, que ha comenzado el desmantelamiento efectivo de las políticas activas de empleo, imprescindibles en la lucha contra el desempleo.

El primer paso para poder perpetrar estos desmanes es la eliminación de la voz de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León dentro ECyL. Para ello se suprime por parte de la Consejería dirigida por Vox, con el silencio cómplice del PP, las tres Comisiones de Trabajo existentes en su seno y se devalúa de forma grosera el Consejo General de Empleo y su Comisión Permanente, órganos en los que están representados la Junta de Castilla y León, la patronal, UGT y CCOO, y a los que apenas se convoca.

Estas políticas activas de empleo, que han sido referencia para otras CCAA, hoy están sufriendo unos recortes en calidad y en cantidad que ralla lo temerario:

-En el ámbito del Fomento del empleo a través de las entidades locales han desaparecido tres programas: Preplan -obras y servicios en CyL-, Técnicos de igualdad en entidades locales y Técnicos de desarrollo rural en Diputaciones. Los demás han sido reducidos en sus montantes económicos (mayores de 45 años, perceptores de la renta garantizada de ciudadanía), y cambiados de forma unilateral los requisitos de calidad en la contratación y en las cantidades de la subvención. Hay, además, unos 20 millones de euros aún sin convocar.

-Se reducen a un tercio en el 2022 y se eliminan en el 2023 las ayudas a las organizaciones de autónomos y de la economía social. Devalúan los criterios y los requisitos de calidad y control, y se incrementa la arbitrariedad en el reparto de subvenciones. Eliminan la mesa del Trabajo Autónomo y ya no se constituye el Consejo del Trabajo Autónomo.

-En Orientación profesional y en Formación para el empleo eliminan tres programas: la Orientación a desempleados/as (PROA) y la Orientación a ocupados (OTO), y en Formación, el Programa de Capacitación para Negociación Colectiva y la Política Institucional para cuadros sindicales y empresariales, de transferencia finalista estatal; entre los tres son más de 13 millones de euros. Además, han desaparecido de las bases reguladoras los criterios de calidad, (experiencia, trabajadores estables, instalaciones, gestión en el año anterior, etc.)

-En igualdad de género y de oportunidades y conciliación en el empleo, el odio hacia la clase trabajadora se une al desprecio que estos entusiastas de la República distópica de Gilead tienen hacia las mujeres: No han publicado el Programa de ascenso profesional de la mujer; el ya mencionado programa de Técnicos de igualdad en las Diputaciones y Ayuntamientos de más de 20.000h, y eliminan la discriminación positiva hacia las mujeres víctimas de violencia de género en varios programas. Así mismo han eliminado el programa de integración laboral y social de la personas inmigrantes y emigrantes de Castilla y León

-En servicios a las personas y empresas han eliminado los programas de divulgación y difusión entre trabajadores y empresas de estas políticas públicas y también el programa de difusión nacional e internacional de nuestro modelo de Diálogo Social, así como las ayudas a las Cátedras de carácter laboral en Valladolid, Salamanca y Burgos.

Todos estos recortes suponen el incumplimiento de importantes acuerdos suscritos con el propósito de mejorar la vida de las personas de nuestra Comunidad: el Plan de Empleo 21-24 y el Plan de Formación Profesional 21-24, y de forma importante el Acuerdo sobre Igualdad, Corresponsabilidad y Empleo 21-24. También provocan incumplimientos en torno al IV Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación industrial 21-27. Todo ello impide negociar y acordar futuros planes y pone de manifiesto una actitud soberbia e insensible hacia los problemas de los trabajadores y trabajadoras de Castilla y León.

Por otra parte, hay que estar atentos a los Presupuestos de la Comunidad para el 2023. Ya en los dos últimos años, con el gobierno PP-Cs, los presupuestos propios para políticas activas sufrieron un detrimento importante, con la eliminación y reducción de programas. El gobierno actual ya hemos visto que sigue esta misma senda destructiva, y ya son 30 millones de euros los que se hurtan a la clase trabajadora de nuestra Comunidad.

En definitiva, hay una clara instrumentalización política de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, con un Consejero ideológicamente enajenado, que ha cesado o al que le han dimitido el Viceconsejero de Empleo, el Gerente del ECYL y el Secretario Técnico, que sigue sin poder cubrir esas vacantes porque no encuentra quién soporte sus desvaríos neofascistas, y que ha convertido el funcionamiento del ECYL en un completo despropósito.

En relación a la situación de los empleados/as públicos/as que desempeñan su labor en este Organismo Autónomo, los problemas que vienen arrastrando desde hace tiempo necesitan soluciones que el actual Consejero ni quiere ni puede ofrecer. A la difícil tarea de la atención a un público que está sufriendo de modo directo los efectos de una crisis económica cruel, se une el recorte en las políticas diseñadas precisamente para aliviar la dura realidad de estas personas. Pero además, desde CCOO y UGT denunciamos la elevadísima tasa de temporalidad que sufre esta plantilla de empleados/as, donde prácticamente el 50% de efectivos son personal son personal temporal (indefinido no fijo o interino) o en destino provisional, y donde existen numerosas vacantes sin cubrir, siendo especialmente gravosa la situación en las pequeñas oficinas de empleo situadas en los principales pueblos de nuestra geografía, en las que se une la falta de efectivos a la temporalidad de hasta el 100% en muchos casos. A ello se suma una errática política de programas temporales, que conlleva soluciones muy limitadas, cuando no dejar a medias las ejecuciones de funciones esenciales que deberían favorecer a las personas desempleadas y pequeñas empresas de nuestra Comunidad (despido de 100 prospectores temporales recientemente).

Todo ello hace que un servicio público esencial, el Servicio Público de Empleo, no pueda cumplir adecuadamente con lo encomendado en su ley de creación, allá por el año 2003, que, no se olvide, fue fruto del consenso social y político hoy pisoteado por este Gobierno Regional.