Tres años después las obras de la presa del río Mayor, en Tierras Altas, continúan paralizadas cuando la infraestructura debería estar ya mejorando el abastecimiento de varios pueblos de la comarca. El Día de Soria ha querido conocer las posibles soluciones que se plantean y que analiza el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre. En estos momentos, «es la empresa la que, unilateralmente, se niega a continuar la obra». Por eso, en estos momentos se está realizando un «análisis técnico-jurídico» de la situación para «intentar que la empresa cumpla con su obligación contractual de terminar la obra o buscar la forma de resolver el contrato para poder licitar lo que resta de la obra o poder encargar a un medio propio de la administración terminarla». 

Para el subdelegado, «solo hay un culpable, que es la empresa adjudicataria.Está utilizando todo tipo de artimañas para que después de habérsele adjudicado la obra con un 40% de baja (no desproporcionada, porque todos iban a la baja) y después de haber ejecutado la parte más costosa, también desde el punto de vista técnico (cimentación y desmontes), decidió unilateralmente abandonar la obra porque estimó que perdía dinero». La dirección técnica de la obra revisó el proyecto y los precios y en un primer momento propuso un modificado «negativo» que la empresa rechazó (implicaba que ‘ganara’ menos dinero).

La confederación, buscando «una vía» para intentar acabar la obra cuanto antes se puso de acuerdo con la empresa para negociar y le ofreció otro modificado, aprobado por la Abogacía del Estado, «que más o menos suponía un equilibrio, no había ni más ni menos dinero». La firma no lo aceptó.«Pero no solo eso, sino que aprovechándose de las distintas vías que ofrece la Ley de Contratación y la normativa de construcción de presas, planteó un contencioso administrativo contra la administración, además de una reclamación patrimonial por otra cantidad», explica.

opciones. De esta manera, las soluciones son que la empresa retome la obra con el modificado aprobado por la Abogacía del Estado, que renuncie o resolver el contrato administrativamente, «con las correspondientes sanciones que puedan recaer en la empresa por incumplimiento».Pero la firma lo que hace, según explica Latorre, es «dilatar todo el proceso, buscando todos los subterfugios legales que pueda» y «la administración ya más no puede hacer» después de plantear dos modificados «buscando siempre que la construcción fuera viable. Pero la empresa se niega».

El subdelegado explica que es una UTE conformada por Carrión y Aglomerados Numancia, un dato que se dio a conocer en la licitación que fue totalmente transparente. Sobre si la administración se marca algún plazo, Miguel Latorre explica que «cuando se entra en terreno judicial no se sabe». Pero quiere dejar claro que «la única que está poniendo palos en las ruedas para que no continúe esa obra es la UTE» y «desde el punto de vista administrativo se ha hecho todo lo que se podía hacer para intentar que continuara esta obra tan necesaria». «Mientras la empresa se niegue y lo judicialice no se puede avanzar», insiste refiriéndose de nuevo a las posibles soluciones.

La obra no se puede licitar otra vez ahora porque «el contrato está todavía vigente». «Es una pena que una UTE en la que participa una empresa soriana esté jugando con la necesidad de toda una comarca» para el abastecimiento de agua y «la voluntad del Gobierno siempre ha sido agilizar y solucionar». «Era una obra sin mucha complicación y no entendemos como la UTE se ha enrocado de esta manera. No tiene ningún sentido porque, además, esto puede llegar a la penalización para ellos. Una obra de esta envergadura, que es pequeña quiero decir, y le puede suponer varias sanciones», concluye.

El subdelegado también hace referencia a que las empresas usan los modificados para otros fines, ya que se adjudican obras por unas cuantías y luego con ello intentar ganar dinero, lo que considera «injusto» para el resto de empresas que se presentan.

adjudicación. La obra se adjudicó en julio de 2017 por 3,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses a la UTE Construcciones Sarrión y Aglomerados Numancia con una baja considerable y, tras fijar la cimentación, se produjo la paralización técnica de la obra (puede verse al pasar por la carretera SO-650) en noviembre de 2018. En verano la empresa planteó a la CHE un modificado, causando un problema que todavía no se ha solucionado.

El embalse se incluye en el ‘Programa de Medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Ebro’ y el objetivo es mejorar el abastecimiento de agua potable de San Pedro Manrique, Palacio de San Pedro, Ventosa de San Pedro, Matasejún y Taniñe, todos ellos del municipio de San Pedro Manrique; y de Montaves y Huérteles, del municipio de Villar del Río. La presa es de tipo gravedad de planta recta, con una altura de 23,80 metros y una capacidad del embalse de 0,623 hectómetros cúbicos.

Esta actuación es una reivindicación histórica en la comarca de Tierras Altas que finalmente se desbloqueó en el año 20217 al considerarse una obra de primera necesidad para abastecer localidades con serios problemas al respecto, sobre todo en los meses de verano. El proyecto no ha estado exento de problemas, como otras infraestructuras hidráulicas.