Hace años, cuando el IRA actuaba con brutalidad extrema, Margaret Thatcher se autoproclamó miembro de un grupo policial que acababa de ser detenido en Gibraltar cuando realizaba una actuación antiterrorista contra el grupo irlandés.
Algo así sería impensable en España, donde es difícil encontrar un político, un gobernante, que asuma responsabilidades ante cualquier acto que, en defensa de la seguridad del país, acabe de manera luctuosa. Por otra parte no puede extrañar ese comportamiento en un país que escamotea su bandera nacional y su himno, y es habitual la ocultación de cualquier sentimiento de afecto o respeto a la historia, la cultura, y la identidad de España. Con escasas excepciones: la Corona, los ejércitos y poco más.
Somos un país acomplejado, que en su inmensa mayoría se avergüenza de cualquier demostración de afecto hacia lo español. Una de las razones de que los que sienten profundamente su españolidad se acerquen a Vox aunque no estén conformes con algunas de sus propuestas programáticas.
Estos días, el caso Pegasus ha provocado toda clase de reacciones de ira: sesenta miembros de partidos independentistas que intentaron un golpe de Estado secesionista que incluso se votó en el parlamento catalán, han sido investigados a través del programa Pegasus, creado por Israelíes que supuestamente lo venden solo a gobiernos, pero que pueden llegar a otras manos. En otro país, se sentirían más seguros ante gobernantes que velan por controlar a quienes actúan contra su Constitución y sus leyes; aquí la indignación ha sido generalizada, con los independentistas y la izquierda a la cabeza.
Los ojos se han puesto en el CNI, lógico, con los independentistas en primera línea presentándose como víctimas de un Estado corrupto. Un Estado, por cierto, que no consideran suyo, pero bien que recurren a sus tribunales cuando buscan justicia, o a su gobierno cuando necesitan dinero.
Solo la ministra de Defensa ha estado a la altura: que lleven el caso a los tribunales si sienten vulnerados sus derechos. La ministra portavoz compareció para decir que los servicios de inteligencia podían haber cometido ilegalidades en tiempos pasados, pero que ahora todas sus operaciones contaban con respaldo judicial. No quiso explicar, o no lo sabía –no se sabe que es peor- que el estatuto del CNI aprobado hace más de 15 años, ya recoge la adscripción de un magistrado al centro de inteligencia, a disposición de validar en cualquier momento la legalidad de las operaciones que llevan a cabo.
Nuevo ejemplo de complejo a la hora de defender España: el PSOE se ha negado a votar en el Parlamento Europeo que se juzgue a ETA por crímenes lesa humanidad. Alguien debió reconvenir a los socialistas españoles y a su gobierno –que cuenta con el apoyo de Bildu, todo un dato-, porque tres días más tarde rectificaron y se sumaron a la mayoría aplastante de la Eurocámara que expresaba su rechazo a la sangrienta banda terrorista.
¿Cuándo serán maduros los españoles para defender con orgullo los valores de su país?