Los 90.000 empleados públicos que la Junta de Castilla y León tiene en nómina accederán a la jornada laboral de 35 horas desde el próximo 1 de junio. Poco más de dos encuentros entre Gobierno autonómico y sindicatos han bastado para sentar las bases sobre las que girará la recuperación del horario de trabajo vigente antes de que la Ley 1/2012, del 28 de febrero de 2012, elevase en dos horas y media la jornada como medida para evitar que la crisis económica de entonces estrangulara por completo las maltrechas arcas públicas. Con este paso, el Gobierno de Castilla y León da cumplimiento al acuerdo suscrito en mayo de 2019 por el entonces presidente regional, Juan Vicente Herrera, y que se ha ido demorando en el tiempo hasta que hace quince días, el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, anunciase a tres meses de las elecciones locales la vuelta a las 35 horas para sus 90.000 trabajadores en la Comunidad.
«Somos capaces de mantener la calidad del servicio trabajando un poco menos», aseguró el portavoz autonómico, Carlos Fernández Carriedo, después de conocerse el acuerdo entre la Junta y los sindicatos alcanzado este jueves. Un entendimiento logrando de forma exprés –este miércoles tuvieron el primer encuentro– gracias a que, según CCOO, UGT y CSIF, se respetan las mejoras laborales que los empleados públicos habían logrado en los últimos años y que se ignoraban o se vulneraban en las propuestas iniciales que habían presentado las diferentes consejerías en las mesas sectoriales.
Los trabajadores de la Administración General de la Junta mantendrán de esta forma las condiciones actuales de flexibilización de la jornada, que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral, explicaron las centrales sindicales en un comunicado conjunto. «Los tres sindicatos han estado muy vigilantes en una intensa jornada de negociación, primero con el director general de Función Pública, Francisco Raedo, y luego en las mesas sectoriales de negociación de los tres sectores, para asegurar que la Junta no introdujera retrocesos en los derechos y condiciones laborales».
Las tres organizaciones sindicales insistieron en que se ha dado un primer paso, al que seguirán posteriores acuerdos sobre el desarrollo normativo del nuevo Decreto Ley y la elaboración de calendarios laborales.«Es lógico que tengamos desconfianza, ya que es un compromiso de la Junta firmado en 2019 e incumplido hasta ahora, a pesar de formar parte del acuerdo marco que se alcanzó con el Gobierno autonómico sobre recuperación de derechos laborales para la legislatura 2015-2019». CCOO, UGT y CSIF explicaron que la aplicación de las 35 horas no puede ser «oportunismo electoral, sino una recuperación real que no suponga una mayor carga de trabajo para hacer lo mismo en menos tiempo», informa Ical.
Mayor esfuerzo
«Para nosotros es un paso imprescindible garantizar la calidad, junto a cualquier rebaja en el tiempo de trabajo. Es un estímulo», aseguró Fernández Carriedo, que reconoció que el «principal esfuerzo» para la aplicación de las 35 horas entre los empleados públicos será la contratación de personal en turnos de 24 horas, siete días a la semana, en servicios esenciales, principalmente el sanitario. «Está claro que requerirá un mayor esfuerzo», reiteró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ahora, la negociación se trasladará este viernes a la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Junta, en la que se concretará todo el contenido –ya consensuado previamente– que se detallará en un Decreto Ley que aprobará el Consejo de Gobierno.