La Fiscalía General del Estado se ha visto obligada a emitir una instrucción que ordena a los fiscales superiores de las Comunidades Autónomas a mantener una actitud a favor de las víctimas que murieron por COVID en las residencias de mayores. Y es que se da la paradoja de que, de cuatrocientas cuarenta y una diligencias de investigación abiertas se han archivado cuatrocientas catorce, es decir el 94 por ciento.

Parece mentira que a estas alturas de la horrible película que supuso la muerte de más de catorce mil ancianos, encerrados en sus habitaciones, sin atención médica, sin posibilidad de ser trasladados a un hospital, muriendo solos y con los bomberos sacando sus cadáveres en bolsas, haya que explicar a los fiscales la necesidad a de atender a las víctimas que, en este caso, son los familiares que no pudieron ni despedirse.

Pues bien, la instrucción de Fiscalía recuerda que los familiares deben ser escuchados y que se les tome declaración en los procedimientos judiciales, además de recalcar la evidencia de que el ministerio público debe asistir a todas las declaraciones de quien se considere "de relevancia en el proceso". Como si a un niño en la escuela le tuvieran que recordar a diario como método de socialización que no se muerde al compañero.

Deben ser escuchados a pesar de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, una de las administraciones que emitió una circular prohibiendo a las residencias el traslado de los ancianos enfermos a centros hospitalarios, considere que "las familias ya lo han superado".

Era su respuesta a la aprobación en la Asamblea de una comisión que estudie el funcionamiento de unos centros donde fallecieron, solo en Madrid, cinco mil personas.

Los hijos de las víctimas, esos que no pudieron despedirse y que son quienes han presentado las denuncias, tienen derecho según la legislación europea, a ser escuchados, y a aportar las pruebas que obren en su poder, ya que en caso de muerte son las víctimas indirectas.

Solo la magnitud de la pandemia del coronavirus puede explicar la tolerancia y el aguante de las familias que vivieron la desaparición de sus mayores sin podérseles acercar, ni cogerles la mano. La falta de personal de los centros de mayores, la saturación en algunas, la escasa atención médica, explica la tragedia vivida en 2019 y 2020.

El país asistió a un "sálvese quien pueda" y ellos fueron los perdedores. Pero, sin una investigación exhaustiva, sin escuchar a las familias, y pensando que todo fue una fatalidad, nunca se hará Justicia. Y, aunque solo sea en su recuerdo, en esto no se puede fallar también.