Nunca antes los sorianos habían pedido tanto amparo al Procurador del Común, la institución que vela por la defensa y protección de los derechos reconocidos a los ciudadanos. Hasta 526 reclamaciones recibió el año pasado Tomás Quintana desde Soria. Es la cifra más alta desde que hay registros estadísticos. Para que se hagan una idea, el año anterior, en 2019, los sorianos presentaron 65 quejas, y un año antes fueron 87. El ejercicio con mayor actividad desde Soria fue 2017, y entonces apenas se superaron en centenar (104) de reclamaciones. 

Los sorianos por primera vez han alzado la voz de forma masiva ante esta institución que supervisa la actividad de la administración autonómica, los ayuntamientos y diputaciones, así como de las entidades locales menores y los diferentes organismos que dependan de todas ellas. De hecho, de cada cien quejas registradas en la Comunidad el año pasado, ocho tuvieron como origen Soria, un porcentaje muy superior al de años pasados, cuando la provincia apenas representaban el  2% del total de la actividad del Procurador. 

A nivel regional, destacan las quejas relativas a Sanidad. Sin embargo, en Soria, dominan las quejas en  materia de Educación, que representan el 91% del total. De las 526 reclamaciones presentadas por ciudadanos sorianos, 480 corresponden a Educación y, la amplia mayoría, a una queja múltiple (un mismo asunto es objeto de queja por parte de una pluralidad). La queja de Soria surgió con anterioridad al estado de alarma pero, ya en pandemia, ha tenido mayor trascendencia. En un primer momento aludió a las dificultades que apreciaron una parte importante de padres de alumnos en la tramitación del cambio de jornada escolar (de discontinua a continua), ya que entendían que el sistema dificultaba la posibilidad de cambio [por el quórum que exige]. Declarada la pandemia y con el inicio de las clases, se volvió a plantear, pidiendo la jornada continua con carácter excepcional para reducir el riesgo de contagio. El asunto ha suscitado varias actuaciones del Procurador, una inicial donde invitaban a la Junta a modificar las normas hacia un sistema de votación más flexible y menos riguroso y dos posteriores en septiembre y noviembre aconsejando el cambio excepcional «en el marco de la lucha frente a la pandemia».