Editorial

El conflicto catalán se expande hacia Europa a través de Francia

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Mientras que en el Tribunal Supremo continuaban ayer las declaraciones de guardias civiles según las cuales los Mossos d’Esquadra les recomendaron que no salieran de la Consejería de Economía porque los matarían y que Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), era el «interlocutor válido de la masa» que los querían linchar, en París, 41 senadores franceses firmaron un manifiesto de apoyo a las tesis de los independentistas.

En el texto, los miembros de la Cámara Alta -puesta en entredicho ante la reforma constitucional planteada por el presidente Macron utilizan la terminología de los independentistas para describir la situación en Cataluña. Así, hablan de «la represión de que son víctimas electos legítimos, representantes de la Generalitat » y que están «encarcelados o forzados al exilio por sus opiniones en el ejercicio de los mandatos que les han confiado los electores». Además, suscriben que en Cataluña existe una «una verdadera vulneración de los derechos y las libertades democráticas». Es el preámbulo de una petición «a Francia y a los países de la UE que intervengan para restablecer las condiciones del diálogo a fin de encontrar soluciones políticas a un problema político». Sin embargo, en el principio de la misiva, aseguran que no quieren «inmiscuirse en los problemas políticos de un país vecino».

El manifiesto es firmado por senadores comunistas, socialistas, del grupo República en Marcha -que apoyan al presidente Macron-, centristas y de la Agrupación Social y Democrática.

Quizás sea la primera vez que el independentismo catalán convenció a un grupo de políticos de un país determinante en la Unión Europea y se corre el riesgo de que esas ansias secesionistas se expandan por el resto de socios comunitarios con el peligro que ello conlleva de disgregación del territorio.

Tanto las autoridades francesas como la comunitarias deberán medir muy bien los pasos a dar, porque existe la posibilidad que los nacionalismos regionales de los países miembros vean una espita por la que alimentar sus tesis independentistas. Lo lógico es que este manifiesto de los senadores galos quede en una mera declaración de intenciones, pero las autoridades españolas deberían realizar también movimientos internacionales para contrarrestar los ataques secesionistas. Hay que lanzar un mensaje rotundo y claro que no es otro que en España las libertades democráticas están garantizadas y que no existen presos políticos ni nada parecido. De lo contrario, puede suceder aquello de que «más vale una mentira que no pueda ser desmentida que una verdad inverosímil », como dijo un tal Goebbels, que no era muy democrático que digamos.