El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 19 de noviembre por mayoría absoluta (apoyada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y los grupos minoritarios) la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Educación, es decir, la LOMLOE o conocida coloquialmente como Ley Celaá, así como las múltiples enmiendas vivas de la mayoría de grupos parlamentarios. La iniciativa se ha remitido al Senado para continuar con el trámite parlamentario y después pasará de nuevo al Congreso para su aprobación definitiva. Varios sectores de la población y la comunidad educativa han alzado su voz para protestar contra una normativa que consideran que vulnera el derecho a la educación, a la elección de centros concertados por parte de las familias, y que pone en peligro la continuidad de los centros de educación especial, entre otras cosas.

La normativa ha puesto en pie de guerra a los partidos de la oposición, como el PP, y a determinados sectores de la comunidad educativa, como la enseñanza concertada y la educación especial. La consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, es prudente y prefiere esperar «a ver en qué términos se aprueba finalmente la ley», ya que «aún le queda un pequeño recorrido parlamentario». Pero subraya que la Junta ya ha anunciado que utilizará «todas las herramientas jurídicas a su alcance para mantener la calidad del sistema educativo». «Eso no significa incumplir la ley ni llevar a cabo ningún acto de insumisión», apunta la consejera, se cumplirá la norma pero haciendo uso de las competencias que ofrece el sistema para defender la educación en Castilla yLeón.

Lucas considera que es una ley «fallida» porque «carece de todo tipo de consenso», ni con la comunidad educativa, ni con las comunidades autónomas, que «son las que gestionan la educación». En su opinión, «arremete contra los derechos fundamentales» y elimina la «demanda social», es decir, «la libertad de los padres a la hora de elegir otro tipo de educación para sus hijos». En este aspecto, añade que «la ley considera a la red concertada subsidiaria de la pública, que supone una diferencia muy notable respecto al actual sistema».

«Y cercena también la libertad de elección de los padres de niños con necesidades educativas especiales», denuncia. Aunque la consejera reconoce que la ley no contempla ciertamente el cierre de los  centros de Educación Especial, «los relega a un papel de apoyo a los centros ordinarios y limita la escolarización de los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada. Supone vaciar a estos centros de contenido y que muchos de los menores que ahora están matriculados  tendrán que acudir a los centros ordinarios», critica. Sobre eliminar la categoría de lengua vehicular del castellano, «debilita y pone en peligro un sistema educativo nacional y coherente».

comunidad educativa. El representante de FSIE (sindicato mayoritario de los profesores de concertados en Soria, cerca de un 90%) y portavoz de la recién constituida plataforma Más Plurales, Javier Hernansanz, explica que en los centros concertados hay actualmente unos 200 puestos de trabajo y, en cuanto a alumnos, son en torno al 20% de la provincia en los niveles obligatorios. La plataforma no está politizada, insiste, y está abierta a cualquier persona, sin estar directamente relacionado con la enseñanza concertada, porque también tiene cabida la educación especial, afectada por la Ley Celaá. «Los padres han elegido la concertada porque han podido elegir», comenta. 

Para el sindicato, lo más «lesivo» es la modificación del artículo 109, la planificación de las plazas escolares, que hasta ahora se realizaba por provisión de plazas suficientes en los distintos centros y por demanda social, concepto que desaparece. Ahora se cubriría primero la oferta de plazas públicas y después la del resto de centros. También se modifica el artículo 15, con la planificación de plazas de Educación Infantil de 0 a 3 años y eliminando la posibilidad de concertar centros privados, un riesgo porque «hay 50.000 personas trabajando en guarderías». En Soria, además de guarderías, los centros concertados también ofrecen esta etapa como vía importante de entrada a esos colegios. Otra cuestión se la zonificación, que «en Soria no tiene mucha razón de ser» porque no hay distancias, pero el criterio pesará más del 30% en la elección de centro. «Han reinterpretado el artículo 27 de la Constitución, que dice que hay que respetar el derecho a la libertad de educación», indica denunciando que se ha creado el «derecho a la educación pública, entendida como estatalista, no como servicio público» y se ha retirado el concepto de demanda social. El objetivo que Podemos reconoce, tal como indica Hernansanz, es que la enseñanza pública crezca de un 65% a un 90%, «ahora no podría asumir toda la concertada pero sí puede ir minándola poco a poco hasta que quede como algo marginal». El profesorado muestra su inquietud por sus puestos de trabajo, pero cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla yLeón. Además, el representante de FSIEdefiende la educación especial como se ofrece actualmente, con una atención especializada.

Por su parte, los representantes de los centros de Escuelas Católicas en Soria advierten de que esta ley «atenta contra todas las libertades y, concretamente, contra el artículo 27 de la Constitución sobre el Derecho a la Educación». La votación ha sido «ajustada», no ha habido consenso ni se ha consultado y «se ha aprovechado la situación de la pandemia para evitar manifestaciones». Destacan que el Parlamento Europeo ya ha recibido una demanda de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que ya ha sido admitida y se está llegando a los dos millones de firmas que se necesitan. 

«Lo más grave no es que quiten o no la religión, que creemos que también es importante para el conocimiento cultural, sino hacia donde atentan. Es una cuestión política», denuncian. Además, «afecta al profesorado de públicos,privados y concertados, porque quieren que se ponga en marcha ya en septiembre y hay que preparar todas las programaciones», añaden asegurando que «es una LOEempobrecida». Replican reflexiones del jesuíta y teólogo José Ignacio González Faus, como que «una ley tan importante que pasa solo por un voto más de la mayoría absoluta no tiene futuro por muy necesaria que sea», «la libertad o es de todos o es un privilegio cuando se la reclama solo para unos pocos» y, por último, «el hecho religioso es un hecho cultural. Hondamente cultural porque responde a una pregunta constitutiva del ser humano». Desde las AMPAs de los cuatro colegios concertados, integradas en la plataforma, defienden el derecho de las familais a la elección de centro.

educación especial. Desde el AMPA del colegio Santa Isabel, el único centro de la provincia de Soria de educación especial, creen que la Ley Celaá va a suponer que estos colegios se conviertan en «guetos» y queden allí solo los alumnos con problemas psiquiátricos. Por su parte, la directora,Marisa Andrés, apuesta por la permanencia de estos centros «porque atienden a alumnos con unas discapacidades intelectuales, motoras, emocionales y necesidades asistenciales y sociales de diferentes grados,  con todos los medios humanos, materiales y presupuestarios  que garantizan la óptima  atención educativa , emocional y asistencial,  por contar con unas instalaciones adecuadas y con un personal especializado paradar respuestas a esas necesidades».

Para Andrés, «es un importante recurso educativo» y «un centro excepcional con 38 años de trayectoria». Además, destaca las actividades que se realizan junto a otros centros educativos, «favoreciendo la inclusión». Descata la colaboración institucional con el Santa Isabel.