La Junta de Castilla y León aprobó hoy que el porcentaje de reserva sobre el número total de plazas que conformen la Oferta de Empleo Público anual no estará por debajo del diez por ciento, de modo que progresivamente, el dos por ciento de los efectivos totales de la Administración autonómica serán personas con discapacidad. Asimismo, las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento estarán exentas de abonar la tasa por derechos de examen en los procesos selectivos.

Así queda reflejado en un nuevo decreto aprobado hoy en el Consejo de Gobierno, que favorece la inclusión de personas con discapacidad en el empleo público, con el objetivo de regular su acceso a la Administración autonómica, provisión de puestos de trabajo y formación. La nueva normativa busca impulsar la captación y retención del talento de las personas con discapacidad, reduciendo progresivamente la brecha en el acceso al empleo público, basándose en un principio de proporcionalidad y seguridad jurídica.

La regulación que se plantea en este decreto trae como causa la necesidad de actualizar la normativa que regula los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, así como la norma que regula la cobertura de personal temporal en la Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

Implica una puesta al día de los requisitos complementarios de acreditación que vienen exigiéndose a estas personas a los efectos de la superación de los procesos selectivos, tanto con carácter previo, como con posterioridad incluso a la superación, en su caso, de todo el proceso. Con esta regulación se pretende mejorar así mismo el proceso de adaptación del puesto a la persona con discapacidad, la formación y preparación al mismo.

El decreto satisface también el principio de proporcionalidad. La regulación que esta norma contiene es la imprescindible para atender a las exigencias que el derecho al acceso al empleo público requiere.

Entre las novedades en el mismo, el grado reconocido de discapacidad se ve modificado y pasa a ser del 65 en vez del 75 por ciento como estaba contemplado hasta el momento; las pruebas selectivas contemplarán adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo; habrá una especial atención al desarrollo de la persona en su puesto de trabajo derivando en un Plan de incorporación específico para facilitar su ingreso. 

Todo ello pone de manifiesto que, para el Gobierno de Castilla y León, "la búsqueda de la inclusión y la generación de oportunidades para todos los castellanos y leoneses es un eje prioritario". Este "nuevo impulso" se suma a la labor de la Junta en la búsqueda de la modernización, estabilización y mejora de la Función Pública, manteniendo el compromiso con la atracción del talento, para la prestación de unos servicios públicos de calidad ampliamente acreditados. 

"Para lograrlo no se puede renunciar a una buena dotación de ese talento en el colectivo de las personas con discapacidad, que están demostrando ser un auténtico valor añadido para la Administración autonómica, con una capacidad de trabajo y resultados más que satisfactorios", defienden desde la Junta en un comunicado recogido por Ical.