La primera pregunta dirigida al Gobierno Regional de la Junta de Castilla y León por el grupo popular en las Cortes va a ir dirigida al Consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que comparece este tarde.
El procurador popular por Soria, Pedro Antonio Heras, va a ser el encargado de preguntar al Consejero por las actuaciones que ha llevado a cabo la Junta de Castilla y León para que el Gobierno de España haga efectivo las ayudas al funcionamiento autorizadas el 17 de abril del año 2021 en la Comisión Europea para Soria, Cuenca y Teruel.
La Comisión Europea incluyó en el texto de las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-27, aprobado el 19 de abril del año 2021 a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel entre los territorios susceptibles de beneficiarse de ayudas para paliar los sobre costes de la despoblación en el tejido productivo y de esta forma detener su pérdida de productividad y a su vez incentivar la inversión en estas zonas que tienen una densidad poblacional menor de 12 habitantes por kilómetro cuadrado.
Un logro conseguido por las patronales de Cuenca, Soria y Teruel y por el trabajo del lobby Europeo Red SSPA, red de Áreas escasamente pobladas del Sur de Europa, respaldados por los gobiernos regionales de Castilla y León, Aragón y Castilla la Mancha.
El procurador soriano, Pedro Antonio Heras, ha puesto de manifiesto la importancia de la reunión convocada en Soria pare el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, el tres de julio del año 2020, a la que asistieron los presidentes de Aragón y Castilla la Mancha.
Pedro Antonio Heras ha destacado la ausencia de concreción de estas medidas después de pasar más de 14 meses de su aprobación por la Comisión Europea y después de seis meses del inicio de este año, cuando ya podían estar en vigor beneficiando a la economía de estas tres provincias.
El procurador popular por Soria se ha sorprendido por las declaraciones de la Delegada del Gobierno en Castilla y León, la soriana Virginia Barcones, quién ha defendido la tardanza en la aplicación de estas medidas por su complejidad, sin tener en cuenta los meses transcurridos desde su aprobación, ni la ingente cantidad de asesores, más de 2.000, con los que cuenta el gobierno de Pedro Sánchez que sigue sin demostrar el más mínimo interés en aplicar estas medidas. El Gobierno de España no tuvo ningún problema técnico para indultar a los "golpistas" condenados por sedición y malversación, en contra del criterio de los tribunales.