La 'amenaza' se deslizó hace tiempo pero ahora el debate se ha puesto ya formalmente sobre la mesa. También la urgencia. El Gobierno quiere imponer en 2024 una tasa a quienes circulen por autovías y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha  puesto fecha:en «unos meses» espera tener preparado ya un modelo de peaje para las vías rápidas. 

El nuevo sistema de tarificación está por definir pero, en principio, se plantea un sistema de «pago por uso» que irá destinado a asegurar el mantenimiento y conservación de la red de carreteras de alta capacidad, en línea con el que ya tienen 24 de los 27 países de la Unión Europea. Además, se pretende cumplir así con uno de los compromisos del Gobierno a cambio de los fondos que Bruselas destinará al país para remontar la crisis causada por el coronavirus, por lo que no hay marcha atrás.

El Ejecutivo es consciente de que es una medida impopular, por lo que, antes de su puesta en marcha, quiere abrir una reflexión y debate con los agentes sociales y el sector del transporte para alcanzar un consenso. No lo va a tener fácil. Las asociaciones de transportistas y conductores han mostrado su oposición a la medida. 

Tenerlos en contra no interesa ya que el sector de mercancías y pasajeros por carreteras es clave para la economía nacional y estratégico para la reconstrucción económica de España, ya que representa el 5% del PIB y emplea a más de 520.000 personas. Además, su oposición podría poner en riesgo el suministro de productos y servicios básicos ya que en España el 95% del movimiento terrestre de mercancías y el 85% del de personas tiene lugar por carretera.

«Absolutamente en contra»AGRUTRANSO Y ASOTRABUS

En Soria, desde el sector de transporte, tanto de mercancías como de viajeros en autobús, se muestran «absolutamente en contra de esta medida» y  consideran «urgente y necesario» llegar a un consenso antes de ponerla en marcha, según apuntan desde la Agrupación de Transportistas Sorianos (Agrutranso) y la Asociación Soriana de Transportistas de Viajeros en Autobús (Asotrabus). 

Además, recuerdan que «había un acuerdo entre el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en el cual Agrutranso está representada por Fitrans (Federación Interregional de Asociaciones de Transporte), y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el que se comprometió a no introducir peajes sin haber alcanzado el consenso con el sector del transporte de mercancías por carretera».

El anuncio llega además en un momento «muy delicado» para el sector a nivel nacional e internacional provocado «por la subida incesante del precio de los combustibles, la falta de trabajadores y de relevo generacional y la competencia desleal», apuntan desde las asociaciones sorianas, desde donde auguran «momentos difíciles a corto y medio plazo».

habrá movilizacionesSI NO HAY UNA COMPENSACIÓN

Ante esta tesitura, avisan los transportistas sorianos, «si se continúa con esta medida sin un consenso del sector y sin valorar cómo se va a compensar económicamente este sobrecoste al sector del transporte, desde Agrutranso no nos quedará otro remedio que plantear movilizaciones, en línea con los argumentos del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC)».

Por su parte, desde la Asociación de Transportistas de Viajeros en Autobús advierten de que, «con la situación actual de la subida del gasóleo y con los impuestos que ya pagan, la propuesta podría provocar grandes pérdidas e incluso el aumento del precio de billetes del transporte público, desincentivando su uso y provocando una gran crisis del sector».

Por todo ello, desde el sector del transporte en Soria lo tienen claro: «Si el Gobierno no adopta medidas correctoras, los efectos en este contexto que estamos viviendo actualmente (incesante aumento del gasóleo y de los suministros, el anunciado pago por uso de las autovías, además de la necesidad de trabajadores) establece un marco nefasto para la continuidad de las empresas sorianas y sus trabajadores».

CIERRE DE EMPRESASY LOS PRECIOS SUBIRÁN

Imponer un peaje por el uso de autovías en un sector que 'vive' en la carretera acarreará obviamente problemas de competitividad y, aventuran desde Agrutranso, algunas empresas se verán obligadas a cerrar por esta presión fiscal y la escalada de precios. «La negociación entre la oferta y la demanda está muy desequilibrada a favor de los cargadores», de modo que «existen dificultades en no poder repercutir este sobrecoste en las negociaciones, lo que podría suponer el cierre de muchas empresas», alertan. «Si no es posible alcanzar un equilibrio entre los ingresos y los gastos, las empresas puede que se vean obligadas a cerrar», justifican.

Además, «debemos de tener en cuenta el efecto directo sobre la competitividad de la economía española en la medida en que los nuevos peajes tendrían efectos tremendamente negativos ya que encarecería el precio de nuestros productos y lastraría la competitividad del pujante sector exterior de bienes y servicios», añaden desde la asociación soriana de transporte de mercancías.  

En plena crisis COVID, esta medida podría comprometer además el proceso de recuperación, ya que «sin duda supondrá un impacto muy importante en los precios de los bienes y servicios, y lastrará la recuperación. El consumidor final va a ver cómo el precio de todos los productos sube porque prácticamente todo se transporta en un camión», avisan.

Desde el sector no entran a «valorar» el sistema de tasación más idóneo ya que consideran que es una cuestión «técnica», si bien consideran que «parece más lógico pagar por el uso real». No obstante, insisten, «en cualquier caso, el sector va a luchar intensamente para que los transportistas estén exentos de este pago o se les compense de algún modo».

Al respecto de las explicaciones dadas por el Gobierno para aplicar este medida está que los camiones españoles pagan en todas las carreteras europeas y, sin embargo, los extranjeros utilizan gratuitamente la red de autovías españolas. «No son argumentos suficientes para realizar obligatoria esta implantación en España», consideran desde Agrutranso. Y además, añaden, «hay un gran movimiento de mercancías de transporte interior dentro del país».

Y en cuanto a que se trata de una demanda de Bruselas, insisten desde la asociación soriana, «no hay ninguna justificación para el sector del transporte, sin una negociación previa con los afectados directos».

doblar la presión fiscal Y MÁS SINIESTRALIDAD

Actualmente los usuarios de las carreteras españolas -particulares y profesionales del transporte- ya abonan el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH) y otra serie de gravámenes, tasas y cargas varias ligadas a la actividad (ITV, autorizaciones de vehículos, tasas de tracción mecánica, revisiones de ADR y ATP...). Por ello, desde las agrupaciones sorianas Agrutranso y Asotrabus consideran que la tasa en autovías supondría «doblar la presión fiscal sobre un sector muy dañado». «No hay un impuesto tan ligado al uso de las carreteras y autovías como es el del impuesto de hidrocarburos y con los 12.000 millones que se generan ya hay suficiente para cubrir el mantenimiento de las carreteras», consideran al respecto. 

Además, alertan de las consecuencias en cuanto a seguridad que puede acarrear imponer este peaje, ya que puede llevar a los usuarios a buscar vías alternativas, con lo que «va a haber un efecto directo del aumento de la siniestralidad», aventuran. Una encuesta del RACE (Real Automóvil Club de España) cita que el 75% de los conductores rechaza el pago por uso y ocho de cada diez afirman que buscarían vías alternativas.

«moratoria por 40 años PORQUE LLEVAMOS 40 DE ESPERA»

Desde Soria ¡YA! califican de «vergüenza» la propuesta del Gobierno y piden «una moratoria de 40 años» para aplicarla en Soria ya que«aquí llevamos 40 años sin disfrutarlas pero pagando los mismos impuestos que el resto de ciudadanos que sí han tenido autovías en sus provincias», explica la portavoz de la plataforma ciudadana, Vanessa García, quien asume que esta propuesta puede sonar a «broma» pero «no lo es, es una cuestión de justicia». «Justicia por el pasado, porque llevamos décadas reclamando este derecho, pero, también, por el futuro, porque esto todavía va a aislarnos más», argumenta. 

En este sentido, desde la Soria ¡YA! insisten en que medidas de este tipo pueden suponer «un paso atrás» en la lucha de la España Vaciada ya que «no ayudan a vertebrar el territorio, sino todo lo contrario, discriminan y aíslan más nuestras zonas». Pero, además, «es una cuestión de seguridad», argumenta, alertando de que «damos pasos hacia atrás en lugar d e avanzar. Los políticos dicen que no sienten que el término de 'vaciada' sea correcto pero esto es un ejemplo más de que pretenden vaciarnos más, porque se genera una discriminación que no permite avanzar, sino retroceder». 

En esta línea, y ahora que está ya sobre la mesa la posibilidad de implantar una fiscalidad diferenciada en provincias despobladas como Soria, Vanessa García propone que «igual que se habla de una fiscalidad diferenciada a nivel empresarial, se debería implantar una fiscalidad diferencia en este caso y aquí se debería evitar que se cobre por el uso de autovías que, además, no están ni terminadas. Que aplican las medidas que quieran», invita.