LA COLUMNA

Carmen Tomás

Escritora y periodista en información económica


Facta, non verba

26/05/2020

El Gobierno ha vuelto a defraudar. El prometido ingreso mínimo tendrá que esperar a ver la luz a finales de semana. Parece que la comunicación con otras Administraciones deja bastante que desear, cuando parece que va recaer en ellas la parte mollar de esa renta básica. Tanto el ministro de Seguridad Social como Pablo Iglesias llevan vendiendo semanas esta idea. Hay en España muchos hogares, más de un millón, en el que todos sus miembros están en paro y más de 600.000 personas no tienen ningún ingreso. Es obvio, que hay que ayudar a estas personas. Sin embargo, la forma en que lo ha planteado este Gobierno, además de falso es inviable en sus términos.

Nos dijo el Ejecutivo que el ingreso mínimo sería de entre 462 y 1.015 euros por hogar. Y que el coste de esta medida para las arcas públicas sería de unos 3.000 millones de euros al año. Pues bien, si hacemos las cuentas, sale una media de algo menos de 300 euros. Una cantidad irrisoria. ¿Dónde está la trampa? Pues en que las CCAA deberán completar esa renta mínima y en que no se ha coordinado con sus presidentes cómo y con qué recursos se va a hacer frente a ello. Hay que recordar que las Comunidades Autónomas ya tienen una renta mínima y sus criterios para concederla. Además, por supuesto, de que ahora el dinero es escaso, dado que han tenido que hacer frente a gastos millonarios por la pandemia.

Es decir, que la medalla se la piensa poner el Gobierno, fundamentalmente Pablo Iglesias, pero quien en realidad paga una parte importante es la Comunidad Autónoma y ya veremos si no acaban pagando también los ayuntamientos. Así que una medida que el Gobierno nos ha vendido a bombo y platillo, preocupado, como dicen desde siempre, por la pobreza de muchas familias, agravada sin duda por el coronavirus, el confinamiento y el cierre de la economía, se va a quedar en muy poco, porque no hay recursos. España está abocada a pedir ayuda a Europa y hay que vestir el muñeco trasladando a otras administraciones el coste, haciéndose trampas en el solitario, como si la UE y los españoles fuéramos tontos y no supiéramos qué todo sale del mismo sitio. En fin, que ya veremos cómo acaba esta promesa, de qué estamos hablando y quién paga, cómo y cuándo. Quizás el sábado podamos contárselo, aunque con este Gobierno hablar de plazos empieza a ser muy arriesgado.



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