El sector de la construcción de Castilla y León tiene un problema «muy serio» con la falta de mano de obra, que se ha visto agravado por la falta de interés de los jóvenes y las mujeres por incorporarse a estos empleos. «Algo hemos hecho mal, aunque lo achaco más a la sociedad que al propio sector», reconoció ayer el presidente de la Comisión de Vivienda, Urbanismo y Construcción de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en Castilla y León, Javier Vega, que no ocultó que existe una falta de «atractivo» en el ladrillo para los trabajadores más jóvenes y las féminas. Una situación ante la que optó por culpar a los estereotipos que, según él, tiene la sociedad sobre la construcción.

Consideró en este punto que arrastran el «lastre» de que una parte de la sociedad cree que los trabajadores pasan mucho frío y sufren penurias, además de existir la idea de que está poco cualificado.  «Eso ya no es así», resumió Vega antes de mantener un encuentro con el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para abordar las demandas del sector y conocer las posibilidades de la aplicación de los fondos europeos en la construcción. 

«Muchos jóvenes se darán cuentan que es un sector sostenible, con un convenio mucho mejor que hostelería, industria o agro. Se paga más dinero y tiene un futuro muy prometedor», añadió el dirigente de la patronal y también presidente de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León.

Vega también quiso valorar el impacto que el real decreto de modificación de precios, que buscó adaptar los precios a la realidad actual, ha tenido en la Comunidad. Algo que, según reconoció, no ha servido para cubrir las «grandes» pérdidas de las empresas en las obras públicas. De hecho, aseguró que el sector necesita una modificación de esa normativa que incluya otros elementos que han aumentado de precios como la energía y las materias primas y la subida de tipos. 

«Sabemos que no depende de la Junta pero sí puede adaptar las obras que vaya a sacar a licitación a los nuevos precios existentes», sentenció antes de augurar que, de lo contrario, el sector continuará dejando obras desiertas, aunque la mayor parte corresponde a las entidades locales como ayuntamientos y diputaciones provinciales. 

La tercera demanda trasladada por la patronal a la Junta fue la necesaria modificación de la Ley de Urbanismo de Castilla y León para que se adapte a la realidad social actual. Algo en lo que el consejero reconoció que la Junta ha dado buena orden de ser «ágil» para recoger las reformas que solicita el sector, que son claves para garantizar un funcionamiento adecuado. Suárez-Quiñones citó los dos decretos leyes para introducir algunas demandas como la eliminación de licencia de primera ocupación por una declaración responsable, facilitar la instalación de placas solares en las cubiertas de las viviendas, no afectar al consumo de edificabilidad todas las actuaciones para regeneración y renovación urbana, la eliminación de trámites como los planes de reforma interior de los ayuntamientos y los convenios bilaterales si no hay destrucción de viviendas. Además, anunció que habrá alguna reforma más con la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad, que también afectará al sector.