El contexto político que se ha creado en los últimos años ha convertido la llamada España vaciada en una marca de la que están proliferando agrupaciones y candidaturas provinciales por toda la geografía española, sin que exista una reflexión profunda sobre las condiciones que debe cumplir cada territorio, salvo una indefinida conciencia de desamparo, de la que se sienten víctimas. Así, bajo este paraguas, se están sumando candidaturas, algunas procedentes de escisiones y antiguos militantes de partidos nacionales, y en provincias de dudoso encaje en esa España vaciada. Este tipo de iniciativas no es nuevo, aunque nunca antes con candidaturas tan estructuradas, ni en un entorno tan favorable por la crisis del bipartidismo. En las últimas convocatorias asistimos a una progresiva territorialización del Congreso y una polarización de los debates parlamentarios hacia el viejo eslogan de «qué hay de lo mío». Es en esta deriva, en la sensación de abandono, en la existencia de mucho dinero de los fondos europeos por repartir y en el convencimiento de que solo estando en el parlamento se puede conseguir algún rédito donde se sitúa la multiplicación de estas candidaturas provinciales. El resultado puede ser un empobrecimiento aún mayor de la política. 
Si venimos de una etapa en la que abunda la mala política y los malos políticos, ahora se nos presenta una política con un foco cada vez más pequeño. Es decir, si en el panorama político actual es ya difícil debatir sobre un tema con serenidad y un mínimo fundamento, ahora el Congreso y los parlamentos regionales se pueden convertir en un nido de intereses territoriales. Y es que, pese a la respuesta entusiasta que han tenido en algunas provincias, después del éxito de Teruel Existe, esta explosión de nacionalismos por todo el territorio no deja de ser una anomalía democrática, contraria al espíritu del sistema parlamentario ordenado en la Constitución. Todo ello por no concebir una verdadera cámara territorial, que debería ser el Senado, donde estén representados esos intereses territoriales y donde se debatan los asuntos que tienen que ver con la política territorial y el destino de los fondos necesarios para hacerla posible. 
Lógicamente, mientras se mantenga el actual statu quo, y nada predice que el sistema vaya a cambiar, la dificultad para conseguir nuevas mayorías en el Congreso o en los parlamentos regionales, revaloriza la apuesta de estos nuevos actores. La primera estación son las elecciones de la comunidad de Castilla y León, una de las más afectadas por la despoblación, donde no solo hay un sentimiento de abandono sino también un elevado nivel de conciencia provincial. Tanto es así, que en tiempo récord se han conseguido presentar candidaturas en cinco provincias. Con esto, en unas elecciones que por primera vez se celebran en solitario, Castilla y León se va a convertir en un laboratorio del potencial que tiene la España Vaciada.
Por otro lado, dar el paso a la política significa jugárselo todo peligrosamente a una carta. Dejar el activismo, que ha tenido indudables éxitos en la movilización de la población, para dar el salto a las instituciones, con la posibilidad de quedar fuera o ser irrelevante, supone una opción ciertamente arriesgada, que puede desinflar ese movimiento ciudadano. En caso de éxito, quedan todavía muchas preguntas en el aire. Falta saber cómo se articularán y se ordenarán las distintas reivindicaciones, sobre todo en provincias donde no se consiga representación. Tampoco está clara la racionalidad y adecuación de las propuestas, y si muchas de ellas no acabarán siendo un brindis al sol. También hay que ver cuáles serán las posiciones ideológicas, qué leyes se van a votar a cambio de determinadas concesiones y si las distintas candidaturas no terminarán enfrentadas entre sí.