La particular desescalada en los juzgados de todo el país comenzó el martes 12 de mayo con la incorporación de entre el 30% y 40% de las plantillas. A la semana siguiente, ya ejercían sus funciones de forma presencial seis de cada diez trabajadores. También en Soria, cuando aún existían serias dudas de que la provincia pudiera salir de la fase 0 por  las cifras epidemiológicas de la COVID-19 de ese momento. A punto de que los sorianos den el salto a la fase 2 el lunes 8 de junio, al día siguiente, la incorporación del personal de forma presencial de todos los juzgados será completa, al 100%. 

Para el representante de Comisiones Obreras en Soria, Javier Sanz, en la misma línea que se ha expresado el sindicato al respecto a nivel autonómico, esto supone un «problema» y un «desfase» entre el plan de desescalada de la Justicia y el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad aprobado por el Gobierno.

«A día de hoy estamos al 60% y ya el martes 9, todos.  No se permite circular al personal por las dependencias del Palacio de Justicia, solo se atiende a la entrada y con cita previa y las vistas, de momento, solo se celebran en la sala que justo está en la entrada», explica el representante sindical.

Esto hasta el momento, que se han atendido los asuntos de urgencia, porque este jueves ya se reanudaron los plazos procesales y desde este viernes se pueden realizar señalamientos. «Así es como se activa la maquinaria al 100%. ¿Cómo se compagina esto con las medidas de seguridad sanitaria? Si en Soria estamos en la fase 1 y a los juzgados pueden venir, por ejemplo, testigos de Madrid o de Pamplona. Es contradictorio. Se están haciendo las cosas con mucha improvisación», reflexiona Sanz.

En cuanto a las medidas de protección, el delegado de CC. OO. Justicia en Soria, comenta que se han colocado algunas mamparas, se han repartido «unos pocos geles» y «unas cuantas» mascarillas, y no en todas las dependencias es posible mantener la distancia aconsejada de dos metros. «Está todo cogido con pinzas», puntualiza. Cabe señalar que este periódico ha contactado con la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) para que desde la Audiencia Provincial de Soria se detalle el plan de desescalada en los juzgados provinciales, si bien, por ahora, se ha optado por posponer esta posibilidad a la espera de que se tomen más decisiones sobre la nueva organización.

El Ministerio de Justicia difundió un nota de prensa el viernes 29 de mayo el acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las comunidades autónomas (Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 en  la  Administración  de  Justicia) para «avanzar hacia la fase 3 en el plazo previsto, a partir del próximo 9 de junio». 

Así las cosas, CC. OO. emitió un comunicado en el que recuerda que esta comisión no cuenta con la participación de las organizaciones sindicales y puso de relieve el hecho de que el paso a la fase 3 de la Justicia casi coincide con el salto a la fase 2 sanitaria en Castilla y León, como se indicaba con anterioridad.

«Lo que no tiene sentido es que haya unas fases muy marcadas por  Sanidad y nosotros ya trabajemos presencialmente al 100% desde el martes. Así no se pueden hacer las cosas. En los juzgados se genera mucho movimiento de ciudadanos de todos los puntos del país. En Justicia se está acelerando todo demasiado, cuando debería garantizarse la seguridad y no poner en peligro ni a los trabajadores ni a los ciudadanos», abunda el representante sindical en Soria.

Javier Sanz también menciona que en territorios donde tienen transferidas las competencias en materia de Justicia, como es el caso de la Comunidad Valenciana, se están realizando tests del SARS-CoV-2 a los trabajadores, mientras que donde la Justicia depende del Estado, «ni se plantea».

El representante sindical también pone el acento en que no se ha detallado, por parte del Ministerio de Justicia, en qué van a consistir los planes de actuación que se activarán a partir del mes de septiembre. «Todo es muy genérico y está en el aire». En la misma nota publicada por el Ministerio de Justicia, se aludía a la creación de juzgados que temporalmente atenderán los asuntos derivados de la crisis de la COVID-19. «El ministro indica que se trabaja en un modelo de órganos judiciales con una plantilla reducida, pero muy operativos, además de unidades judiciales volantes. Intuimos que nada bueno y que nacerán muertas estas unidades».

Sanz recuerda que, desde el primer día del decreto del Estado de Alarma, los empleados públicos de los juzgados de Soria se prestaron al teletrabajo, «con toda la buena intención del mundo para sacar trabajo adelante y con nuestros medios», y advierte de la acumulación  a la que se enfrentan por la crisis económica que ha desatado esta pandemia. Los juzgados de lo social, contencioso-administrativo y mercantiles serán probablemente los más afectados. 

También se ha acusado, en este tiempo, más trabajo en las guardias, sobre todo por el incremento de conflictos generados por el confinamiento, como los relacionados con la violencia de género. 

duplicar la actividad. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) advierte de que la vuelta paulatina a los juzgados y la reanudación de los plazos procesales a partir de este viernes provocará que la actividad judicial se duplique en algunos órdenes jurisdiccionales, tras el parón por la pandemia.

A través de un comunicado, CSIF lanza «la voz de alarma» ante la acumulación de asuntos por la suspensión de plazos y el aumento de litigios relacionados con la COVID-19, en todos los órdenes jurisdiccionales. Todo ello, puede convertir en «dramática» una situación «ya de por sí grave» en el ámbito de la Justicia, tanto por la falta de medios como de personal, afirma, a la vez que explica que ha solicitado datos sobre el volumen de asuntos pendientes desde la declaración del estado de alarma y que se fijen, previa negociación, programas de actuación con prolongaciones de jornada, dotación de puestos vacantes y bajas, nombramiento de refuerzos, sin que el Ministerio de Justicia haya dado respuesta.

CSIF urge contar con garantías de medios materiales y con el soporte informático necesario para atender a la avalancha de asuntos. «Advertimos de la precariedad con la que se ha implantado el teletrabajo y de la falta de voluntad para negociar un plan serio para todo el personal de Justicia», abunda la central sindical.

El sindicato a pedido al Gobierno y a las comunidades autónomas que refuercen las medidas de protección en los juzgados tras tener conocimiento de un repunte de casos positivos por COVID-19 detectados recientemente entre funcionarios de la Administración de Justicia, en comunidades como Madrid.