Mientras que el debate político deriva por otros derroteros, generalmente los que estén vinculados con asuntos que se pueden utilizar como arma arrojadiza en la ya precampaña electoral, un asunto de sumo interés para los ciudadanos, incluso para su salud, como es la precaria situación que vive la sanidad pública, por diversos motivos, se mantiene fuera del foco pese a que es de suma gravedad para su futuro porque, a juzgar por determinados parámetros, la sanidad española está quebrada. 
Desde la crisis sanitaria, que revolucionó los hospitales y centros de salud, nada es igual, entre otros motivos porque, aunque se ha reducido la presión, aún se siguen produciendo ingresos y fallecimientos por la COVID-19, por lo que el sistema no ha recuperado la normalidad en su totalidad y el funcionamiento de los centros sanitarios sigue condicionado, también por el cansancio de los profesionales. Todo ello, viene después de que en dos años solo haya existido una enfermedad con todos los recursos dedicados a ella, aunque se insistiera por los responsables hospitalarios en que no se abandonaban los casos e intervenciones urgentes, pero hay quien se ha visto afectado por una ausencia de diagnóstico a tiempo. 
Además, la reorganización de servicios y el alto número de ingresos, principalmente los primeros meses de la pandemia, supuso un aumento importante de gasto, que se sigue arrastrando actualmente. 
De aquellos polvos estos lodos. Oficialmente, se reconoce que un total de 742.518 pacientes estaban en lista de espera para operarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en el primer semestre de 2022, lo que representa un aumento de 12,31% respecto al mismo período del año anterior, que ya fue complicado. 
El tiempo de demora para entrar al quirófano se situó en 113 días y para ser atendido por un especialista, en 79 días. Esto no ha mejorado, todo lo contrario, hay hospitales en los que una prueba de control puede superar los seis meses de espera. Se mira con lupa una citación, aunque figure como preferente, incluso, una analítica también tarda lo suyo. Esta situación está generando una gran intranquilidad en los pacientes, tampoco ajenos al miedo a que pueda avanzar un determinado proceso, si es que existe, sin ni siquiera haberse diagnosticado. Al final, a la desesperada terminan por contratar seguros privados, que tampoco suele ser la solución porque tiene sus limitaciones, o acudir a urgencias, que están colapsadas.
En este entorno, nos encontramos en España con ocho comunidades autónomas en las que los profesionales de atención primaria vienen protagonizando protestas ante una circunstancia que ya se conocía con tiempo, como son las jubilaciones y los escasos incentivos que existen para ocupar plazas, lo que termina repercutiendo también en el usuario.
En plena ebullición del maldito virus, ya nos mostraron el Gobierno central y las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en materia sanitaria, que las asumían en la medida de que les pudiera resultar más rentable políticamente, sobre todo a la hora de aplicar restricciones que no fueran populares, pero ahora, si cabe, el problema es mucho mayor y exige el consenso de todos para tratar de ponerle solución, que ya va siendo tarde.