El Gobierno de Castilla y León ha gestionado 620,5 millones de euros de los fondos de recuperación europeos entre enero y abril de este año, pese a que el grueso de la asignación de estas partidas por el Gobierno se produjo en el tramo final de 2021. Unas cifras que pone sobre la mesa el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que aprovecha para arremeter contra el Ejecutivo central y defiende que «las autonomías como Castilla y León, estamos recuperando el tiempo perdido». El titular autonómico de Economía denuncia que el proceso impulsado por el Gobierno de España «ha contado con importantes retrasos» y recuerda a la Agencia Ical que se empezó a hablar de estas partidas en junio de 2020 y «hasta diciembre de 2021 han estado pensando qué hacer con estos fondos». En este sentido, sostiene que menos del nueve por ciento del dinero se formalizó en el primer semestre de 2021; un 60 por ciento se cerró en el último trimestre del año pasado, y un 30 por ciento se asignó en el último mes del ejercicio. «El tiempo de gestión se ha limitado porque hasta el 1 de enero no hemos tenido asignación de estos fondos. Sólo tenían que convocar la Conferencia Sectorial y repartir los fondos, han tardado año y medio y ahora es culpa nuestra», asegura frente a las críticas desde la oposición y la delegación del Gobierno sobre su gestión.

En este sentido, el también portavoz autonómico precisa que de los 620,5 millones, 137,58 corresponden con el REACT EU y 369 del MRR. Asimismo, 113 millones son reembolsos del REACT EU que se adelantaron en la lucha contra la pandemia. Aclara el titular de Economía y Hacienda que del total, 242 estaban ya incluidos en la prórroga presupuestaria y 378,5 corresponden a nueva generación de crédito. Por ello, Fernández Carriedo indica que la asignación total de las conferencias sectoriales a la Comunidad, asciende a 710 millones hasta esas fechas, y el desfase con lo tramitado responde a que se reservan cuantías porque todavía no saben qué parte imputarán a este año y cuánto dejarán para 2023, ante posibles convocatorias plurianuales.

También lamenta que han demandado «alguna reprogramación» por los «malos diseños» y ante las nuevas condiciones económicas por el agravamiento de la crisis con la guerra de Ucrania, para «ajustar los créditos» que dependerán de si hay nuevas asignaciones, aunque «las conferencias sectoriales van sumamente lentas». 

Para ello pone como ejemplo la convocatoria de ayuda para autoconsumo energético, dotada con 48 millones, para la que esperan cantidades adicionales ante la expectativa de su demanda íntegra, así como la modificación de las bases para que incluyan a los autónomos. El consejero insiste en criticar duramente la gestión de estos fondos por parte del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez y las «enormes dificultades de coordinación» porque la conferencia sectorial del Plan de Recuperación «apenas se ha reunido» y tampoco se han celebrado encuentros del Comité de Coordinación de Fondos.

Gestión artesanal

Dentro de su ataque al Ejecutivo central, Fernández Carriedo denuncia que la herramienta informática (Plataforma común de Fondos Europeos, CoFFEE) «no funciona» y la labor de seguimiento de la ejecución del plan «se está llevando a cabo de una manera artesanal». El consejero también pone de relieve las «escasas bases reguladoras» que frenan las convocatorias autonómicas que dependen de la normativa nacional, y precisa además que solo se han publicado tres instrucciones de gestión y una resolución. En cuanto al IVA,  lamenta que no existe un pronunciamiento expreso del Gobierno sobre si es un concepto subvencionable y si está incorporado a las cantidades asignadas en conferencias sectoriales. «Al no haber un criterio claro algunos ministerios están haciendo su propia interpretación», expone.

Carriedo resume, por último, que el principal problema de estos fondos es que «no se ha escuchado a las autonomías ni a los sectores productivos, por lo que no se ha diseñado conforme a sus necesidades», y apunta que el Gobierno de España, dentro de las ayudas que gestiona directamente, solo ha aprobado dos PERTE de los once previsto, y en el caso de la automoció, ha tenido que ampliar dos veces el plazo de la convocatoria porque no tiene demanda ante condiciones que las empresas «no pueden cumplir».