La Fundación Hay Derecho, una institución privada sin ánimo de lucro, integrada por juristas, economistas y politólogos, acaba de publicar un primer y excelente Informe sobre el Estado de Derecho en España entre 2018 y 2021, en la línea con el que realiza la Unión Europea desde hace años, apoyándose, en el caso español, no en encuestas de percepción, sino en indicadores cuantitativos, datos publicados por organismos oficiales, solicitudes de transparencia, análisis de documentos públicos y datos publicados en informes y artículos académicos y en el análisis específico del marco regulatorio que afecta a nuestras instituciones. Es un informe abierto con un buen resumen ejecutivo, que puede consultar cualquier ciudadano, y que analiza con rigor, y sin dejarse llevar por el sectarismo habitual, cuál es la situación de nuestro Estado de Derecho: un deterioro persistente que afecta a dimensiones esenciales.

Deterioro que se traduce en un menor control del Poder Ejecutivo por la ocupación partidista de las instituciones de contrapeso; en la pérdida progresiva de relevancia del Parlamento, relegado a un papel accesorio en la tarea legislativa, por el pertinaz abuso del decreto ley como forma ordinaria de legislar y de evitar el debate, y a su inoperancia en el control del Ejecutivo; en la confusión y no separación de poderes dada la incapacidad de los órganos judiciales de hacer cumplir las sentencias y resoluciones firmes cuando son contrarias a los intereses del Gobierno y de sus socios.

Si seguimos en el ámbito clave de la Justicia, la degradación que supone el bloqueo de la renovación del Consejo del Poder Judicial, sumado al que supone no poder realizar nombramientos, y del Tribunal Constitucional, que ha renunciado a cumplir sus funciones en asuntos de gran calado, es un lastre motivado por ese intento de los dos grandes partidos de asegurarse el control de ambas instituciones. La situación de la Fiscalía General del Estado durante el mandato de Dolores Delgado ha puesto en grave riesgo su imparcialidad e independencia. Puertas giratorias y arbitrariedad en la concesión de indultos son otros graves problemas de la Justicia a los que habría que sumar también la lentitud, la pésima técnica legislativa, la elaboración de leyes a medida de unos pocos, cuyas consecuencias estamos sufriendo ahora, y el retraso en el cumplimiento de las obligaciones legislativas comunitarias. Todo ello provoca una grave inseguridad jurídica para los ciudadanos y un marco regulatorio inestable y, a veces, incomprensible.

El informe denuncia también fallos en la protección de los derechos humanos en España --el cercano caso de Melilla es uno de los ejemplos--, y pone el foco en la dificultad de acceso de los ciudadanos a la información pública, la falta de transparencia y de rendición de cuentas de las Administraciones públicas y la resistencia del Gobierno al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia.

Hay muchos más datos que preocupan: la utilización política y la falta de independencia de los medios de comunicación públicos --no solo estatales, también autonómicos-- y la injerencia de los poderes públicos en ellos. Pero hay un dato que resulta especialmente importante: la falta de contrapoderes fuertes porque el reparto de cuotas partidistas mina no solo la independencia de esas instituciones de control, sino hasta su profesionalidad. Y eso es de especial gravedad cuando hablamos de la (mala) salud del Estado de Derecho. O hay un compromiso firme de cambiar esta realidad y un despertar de la sociedad civil o la degradación crecerá sin freno.