El sistema de salud de Castilla y León (Sacyl) estrena este lunes su nuevo protocolo para mujeres embarazadas, encaminado a reducir las interrupciones voluntarias de embarazos en la Comunidad, y que ha estado rodeado de polémica y contradicciones desde su anuncio el pasado jueves por parte del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox).

Derivación a salud mental de las mujeres "que lo requieran", una cuarta ecografía en el primer trimestre de embarazo para que los progenitores puedan escuchar el latido fetal y una ecografía en 4D antes de interrumpirlo son los tres principales servicios que ofertará la Comunidad a las mujeres embarazadas, incluidas las que manifiesten su voluntad de abortar.

Unas medidas que han generado polémica desde su anuncio el pasado jueves y que llevaron ayer al Gobierno de España a remitir un requerimiento a la Consejería de Sanidad para que se abstuviera de ponerlo en marcha.

Como respuesta, la Junta de Castilla y León alegó a través de un comunicado que tiene "plena autonomía" para implementarlo e instó al Gobierno a abstenerse de dirigir requerimientos "vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía".

En el escrito, la Junta aseguró que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas: "El respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios".

No obstante, queda aún por despejar, hasta conocer en detalle esta instrucción comunicada a los facultativos a través de las gerencias de salud, si para los profesionales será "obligatorio e imperativo" ofrecer estas prestaciones a las mujeres que expresen su voluntad de abortar, como aseguró el vicepresidente de la Junta, de Vox, o será algo que quedará al criterio sanitario sin ser preceptivo, como matizó el propio presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP.

Precisamente, desde que el vicepresidente anunciara esta medida el pasado jueves en consejo de Gobierno, los dos socios de Gobierno -PP y Vox- han mantenido un tira y afloja, con distintas versiones, incluso contradictorias, de qué supondrá este protocolo y cómo se llevará a cabo en la Comunidad.

Asimismo, además de la obligatoriedad o no de ofrecer este protocolo por parte de los profesionales sanitarios, PP y Vox también han evidenciado estos cuatro días sus diferencias argumentales para catalogar estas medidas.

Así, mientras que para Vox este protocolo es una respuesta "provida" a la "agenda abortista de la izquierda", para el PP no son medidas "antiabortistas", sino en "apoyo a la natalidad", con el énfasis puesto en la "voluntariedad" de las mismas para las mujeres, como recalcó este fin de semana el presidente autonómico.

"Todos los ataques, todas las difamaciones, todas las zancadillas… todo habrá merecido la pena si conseguimos salvar una única vida. Seguimos adelante, sin dar ni un paso atrás", escribía por su parte este domingo en redes sociales el máximo dirigente de Vox en Castilla y León.

Críticas de la oposición y dudas de expertos

Desde que este anuncio saltó a la opinión pública, las críticas hacia este protocolo y a la Junta de Castilla y León se han sucedido desde diversos ámbitos, especialmente el político, donde el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró en un acto este fin de semana en Sevilla que con gobiernos socialistas "habrá avances" en beneficio de las mujeres y "ni un solo retroceso".

De este modo, el presidente subrayó que los socialistas no permitirán que haya ninguna regresión en el derecho de las mujeres a decidir libremente cuándo son madres y cuándo no, un mensaje que también han replicado otras voces, como la ministra de Sanidad o la vicepresideta segunda del Gobierno y ministra, Yolanda Díaz.

Finalmente, asociaciones feministas y proaborto también han criticado este protocolo por atentar, según estas, a los derechos de la mujer, al suponer una coacción a su decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.

Gallardo insiste: el protocolo antiaborto es obligatorio para médicos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha reiterado que el protocolo para evitar abortos es "de obligado cumplimiento" para los médicos, que desde este lunes deberán "ofrecer" a las embarazadas "la posibilidad" de escuchar el latido fetal o realizar una ecografía 4D, lo que contradice lo afirmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP).

En declaraciones a los medios antes de participar en las Cortes de Castilla y León en el congreso "Desafíos constitucionales para el tiempo presente", García-Gallardo ha remarcado que en este caso, y en todos, "los protocolos son de obligado cumplimiento para todos los profesionales de la sanidad".

"Me remito a la nota de prensa de la Consejería de Sanidad del pasado jueves, que es clarísima y cristalina", ha subrayado el vicepresidente sobre el departamento que dirige el PP, a lo que ha añadido que "todos los intentos de confundir en este tema deben caer en saco roto".

Gobierno: "ni un solo paso atrás" en los avances de mujeres

Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha advertido este lunes al Gobierno de Castilla y León de que no van a tolerar "ni un solo paso atrás" en los avances que se han producido en los derechos de las mujeres.

Así lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero a propósito de la polémica por el protocolo antiabortista de Castilla y León. La ministra ha expresado sus dudas: "Creemos que es un grave retroceso a una normativa, la del 2010, que ya supuso un avance importante para las mujeres, y desde el Gobierno no vamos a tolerar ni un solo paso atrás en algo que nos ha costado tanto tiempo lograr a las mujeres", ha dicho la ministra.

Tras asegurar que los posicionamientos que plantea esa comunidad se alejan de la mayoría social y del sentir de las mujeres, ha defendido la decisión de enviar un requerimiento a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que no aplique la medida.

A la pregunta de por qué no ha esperado el Ejecutivo a conocer lo que dice exactamente el protocolo, ha respondido que la normativa les faculta a dirigirse a la administración correspondiente cuando entienden que se está vulnerando la legalidad como es en este caso.

Ha recordado que es la vía para constatar, de manera formal, que efectivamente no existe ese documento o que si existe no se está planteando en esos términos, porque en ese caso "estaría vulnerando los preceptos básicos de cómo ha de afrontar la mujer la interrupción voluntaria del embarazo", ha concluido.