El secretario general de Podemos Castilla y León, Pablo Fernández, consideró hoy en Valladolid “peligroso” e “inaudito” que la Mesa de las Cortes acordara ayer personarse en el proceso abierto por el recurso presentado por el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el artículo único y disposición transitoria de la Ley de Caza de la Comunidad. No en vano, recordó que la formación 'morada' se abstuvo en la votación de la proposición de ley que permitía que se pudiera volver a cazar en Castilla y León y con la que se salvaba la suspensión cautelar judicial. Además, reclamó al Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos que presenten la demanda a título particular como formaciones políticas y que no metan en el mismo saco a "todos".

Fernández, quien mantuvo una reunión con representantes de Unidas Podemos en la Comunidad para preparar las elecciones generales del 10 de noviembre, señaló que el presidente de las Cortes, Luis Fuentes, comentó ayer “de soslayo” en la Mesa de Portavoces que el Parlamento autonómico barajaba la posibilidad de personarse ante el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Caza. “Planteamos algo tan sensato y de sentido común que no todos los partidos votaron, en su momento, lo mismo”, precisó. No en vano, señaló que Podemos Equo se abstuvo en la votación al considerar que lo que se pretendía aprobar era inconstitucional y tenía visos de ser ilegal.

Es por ello que el líder de la formación 'morada' pide que se haga un “distingo”, además de advertir que hay un deseo de “usurpar” una institución como las Cortes. Y es que subrayó que el Parlamento autonómico está integrado por partidos políticos con diferentes opiniones. “Aquí van de la mano PP, Cs y PSOE que han incumplido la ley y nosotros somos un partido constitucionalista, por lo que no vamos a personarnos ante el recurso”, aseveró.

A principios de septiembre se conoció que el TC había admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, contra varios artículos de modificación de la Ley de Caza de Castilla y León, aprobada por las Cortes para facilitar la nueva campaña cinegética.

El Tribunal ordenó dar traslado de la demanda y demás documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, así como a las Cortes y a la Junta de Castilla y León, para que precisamente pudieran personarse y formular las alegaciones que consideraran convenientes.

En concreto, el Defensor del Pueblo entiende que los preceptos impugnados pueden vulnerar lo establecido en cuatro artículos de la Constitución (9.3; 24.1; 45.1, 2 y 3 y 149.1.23).