Más de 300 personas se manifestaron hoy por las calles de Soria, convocados por CCOO Soria para 'Defender la democracia', ya que desde las últimas elecciones y con el Gobierno de coalición en la Junta todos los acuerdos suscritos en las mesas de diálogo social se "incumplen", sobre todo, por las consejerías que gestiona Vox, según destacó su secretario provincial, Javier Moreno, quien señaló que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, también tiene su cuota de responsabilidad al permitirlo.

En este sentido, señaló que los acuerdos que se suscribieron con la Junta no sólo tienen que ver con actuaciones sindicales sino que protegen a las personas que están en riesgo de exclusión social.

La manifestación partió de la plaza Mayor, recorrió la calle El Collado, plaza Mariano Granados y Alfonso VIII para finalizar ante las puertas de la Delegación territorial de la Junta en la ciudad. Durante la marcha los manifestantes gritaron frases como "Castilla no es fascista" o "Gallardo a trabajar deja de atacar", en alusión al vicepresidente de la Junta.

Asimismo, Moreno recordó a Vox que el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya indicó que la organización se mantiene con la cuota sindical de su millón de afiliados, un dinero que les da "autonomía e independencia". "Unai Sordo ya recalcó que el 85 por ciento de los ingresos que tienen la organización vienen de las cuotas sindicales, es decir, mienten y también mienten cuando dicen que no queremos trabajar o niegan la violencia de género", precisó.

En este sentido, aseguró que CCOO se moviliza por la democracia, que está en juego y por los derechos y libertades de la ciudadanía de Castilla y León.

UGT Soria se desmarcó de esta convocatoria, a pesar de que unos pocos militantes se concentraron antes de que llegarán los simpatizantes de Comisiones Obreras ante la Delegación de la Junta en Soria.

Al llegar a la Delegación de la Junta, el catedrático soriano, Carmelo Romero, leyó un manifiesto en defensa de las libertades y los derechos de la ciudadanía, de la democracia representativa y participativa, del estado social y de derecho, de la convivencia y el respeto a la diversidad, de la legitimidad de las organizaciones de la sociedad civil y del acatamiento a la legalidad democrática.

Asimismo, arremetió contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y expresó que para este "personaje, elevado a vicepresidente de la Junta, la antiespaña es, no solo variada, sino numerosa".

"La Vicepresidencia de la Junta, sin competencias prácticas e inútil en lo funcional, tan solo sirve, en boca del personaje de quien la ejerce, para arremeter con virulencia contra todo y contra todas y todos: contra las políticas de igualdad entre hombres y mujeres; y contra la lucha emprendida frente a la violencia de género; contra la inmigración y la igualdad de diversos colectivos, entre ellos el LGTBI. También contra las actuaciones de reparación y dignificación de las víctimas del franquismo y de la Memoria Histórica; contra organizaciones fundamentales de la sociedad civil, en especial, los sindicatos más representativos de clase, incluyendo, incluso, en esa su contra, a asociaciones empresariales y del mundo del trabajo autónomo", argumentó.

Asimismo, también aludió a las actuaciones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que también, con la complacencia del Partido Popular, dirige Vox y cuya finalidad, según Romero, "parece ser destrozar las políticas públicas más avanzadas en el mundo del trabajo que con tanto esfuerzo se han construido en Castilla y León".

En este aspecto, recordó que este departamento eliminó líneas de trabajo "esenciales" para la igualdad de oportunidades y de empleo; programas, en cuanto a prevención de riesgos laborales, que ayudan a autónomos, a microempresas y a sus trabajadoras.

"Han eliminado la Mesa del Autónomo y el Serla, sistema implantado en toda España, para ayudar a empresas y trabajadores a solucionar sus problemas sin necesidad de acudir a juicio", puntualizó.

Por último, aseguró que en su política de "derribo" de las formas de progreso y consenso social alcanzan a los programas públicos que gestionaban ayuntamientos y diputaciones, a las universidades públicas (con sus cátedras del mundo del trabajo) y a otras entidades colaboradoras de la Junta. "Ningunean, cuando no niegan, la representatividad de UGT y CCOO, sin respetar la legalidad e incumpliendo sin escrúpulos los acuerdos vigentes en estos ámbitos", precisó.