La Junta de Castilla y León ha pedido más diálogo para fijar los criterios de concesión de ayudas al sector y ha solicitado una reunión del Consejo Nacional de Transportes para abordar el nuevo mapa concesional de transporte estatal por carretera.
Así lo ha manifestado la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, en el seno de la Conferencia Nacional de Transportes reunida este miércoles.
En la reunión ha instado al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), dirigido por Raquel Sánchez, a que no adopte las decisiones que afectan a las comunidades autónomas de forma "unilateral", especialmente en aquellos temas que supongan ayudas o subvenciones al sector.
"Tal y como ha sucedido con el reparto de los 110 millones de euros previstos para ayudas europeas a la digitalización de las empresas privadas de transporte, cuyo cambio de criterio, al basar la distribución en términos de población, va a suponer una reducción del 32 por ciento respecto de la partida prevista inicialmente para Castilla y León, que se otorgaba en función del número de potenciales empresas beneficiarias", ha explicado la consejera.
En este sentido, González Corral ha propuesto al Ministerio que, de mantenerse el criterio poblacional para la gestión de la línea de subvenciones, al menos contemple la posibilidad de ampliar la cuantía destinada a las comunidades autónomas "si la demanda de las empresas llegara a agotar la línea de crédito inicial, al objeto de no dejar a ninguna fuera".
Además de hacer patente este malestar, la consejera ha aprovechado el foro para solicitar al MITMA que clarifique cuáles son los abonos de transporte colectivo que se beneficiarán de la reducción del 30 por ciento, incluida dentro del Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, ya que en Castilla y León "hay algunos que ya se están bonificando por encima de ese porcentaje, e incluso existe uno totalmente gratuito".
Asimismo, ha exigido conocer los criterios de reparto entre las comunidades autónomas de los 100 millones previstos para financiar esta medida, cantidad que, "de entrada", le parece "insuficiente".
Finalmente, la consejera de Movilidad y Transformación Digital también se ha referido a la necesidad de ampliar las declaraciones de Obligaciones de Servicio Público (OSP) de los servicios ferroviarios prestados en la red de Altas Prestaciones en la relación ferroviaria AVANT.
Así, ha reclamado una adecuada conexión horaria que permita su utilización por viajeros recurrentes en los corredores Sanabria-Zamora-Medina del Campo-Segovia-Madrid, León-Palencia-Valladolid-Segovia-Madrid y Burgos-Venta de Baños-Valladolid-Segovia-Madrid "para que puedan ser bonificados al igual que el resto", además de avanzar en los servicios sinergiados, "y en la posibilidad de utilizar los títulos Avant en toda la oferta AVE comercial, tal y como sí se ha permitido en otras comunidades autónomas".
NUEVO MAPA CONCENSIONAL
Además, durante su intervención, la consejera se ha sumado a la petición realizada por consejeros homólogos de otras comunidades para fijar cuanto antes una nueva reunión del Consejo Nacional de Transportes donde debatir el proyecto del Mapa concesional de transporte estatal por carretera.
En este sentido, González Corral ha afirmado que Castilla y León es una de las más afectadas por las reestructuraciones propuestas, ya que es la comunidad con menor densidad de población de todo el territorio nacional y la de mayor superficie.
"La extensión de Castilla y León, su dispersión y el elevado número de localidades pequeñas hace que, según las directrices planteadas en el nuevo mapa estatal, la Comunidad soportará la supresión de más paradas -346 municipios-, con una población acumulada de 213.436 habitantes", ha aseverado.
A juicio de la consejera, el criterio establecido por el Gobierno, de servicios más directos y encauzando la movilidad rural hacia grandes nodos, es totalmente incompatible con el territorio de Castilla y León, y la consideración únicamente de grandes flujos de viajeros entre capitales provinciales y poblaciones de cierto tamaño, "choca de lleno con la realidad de Castilla y León".
"El planteamiento del Gobierno en este documento está alejado de las medidas necesarias para la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, ya que incide en asumir por el estado las líneas con rentabilidad económica y trasladar a las comunidades autónomas las líneas con pérdidas y de difícil articulación a nivel autonómico", ha señalado la consejera, quien ha agregado que las 130 medidas del gobierno contra el reto demográfico "parecen olvidadas en este planteamiento".