Investigan a 240 empresas por posibles fraudes en ERTEs

EDS
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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social intensifica la detección de irregularidades con una campaña que incide en la utilización responsable de los recursos públicos

Investigan a 240 empresas por posibles fraudes en ERTEs

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (INSST), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha intensificado la detección de fraude en Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) con una campaña inspectora que incide en la protección y uso responsable de los recursos públicos, dirigida tanto a los ERTE  por fuerza mayor derivados de la COVID-19, como a los denominados ETOP (por causas Económicas, Técnicas, Organizativas y Productivas). Según los datos facilitados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Soria, se han programado un total de 240 actuaciones al objeto de verificar presuntas acciones fraudulentas por parte de las empresas, de las cuales ya se han tramitado 190. No ha trascendido el resultado de las intervenciones ya ejecutadas.
Básicamente, la Inspección de Trabajo planifica la visita a la empresa y, una vez allí, comprueba la documentación y bases de datos antes de emitir un informe y, si es necesario, redacta un acta de infracción o liquidación, en los casos de mayor gravedad.
El fraude más habitual es que la empresa tenga a trabajadores activos, aunque estén afectados por un ERTE, de forma que se sigue beneficiando de su trabajo aunque el salario lo sufraga el Estado o, también, las cotizaciones a la Seguridad Social.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los que alegan causas económicas deben consultar, previamente, con las organizaciones sindicales, ya que si estos ERTEs se aplican de forma unilateral son ilegales.  
Otra de las irregularidades que suele detectarse es que se incluyen en el ERTE a personas que no forman parte de la empresa para percibir una prestación por desempleo.
Las sanciones pueden ir desde los 6.250 hasta 187.500 euros y, a mayores, pueden suponer hasta seis años de prisión en los casos más graves.
informes. Además de esta línea de actuación, a petición de la Autoridad Laboral, la Inspección de Trabajo ha emitido en Soria un total de 820 informes, de los que 682 corresponden a ERTEs de fuerza mayor vinculados a la pandemia y otros 138  han sido sobre  ERTEs por el resto de causas, indican las mismas fuentes.
Al finalizar junio, aproximadamente unos 7.900 sorianos se han visto afectados, en algún momento desde que se decretó el estado de alarma, por un ERTE. En el primer semestre del año, según las estimaciones del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) en Soria, la nómina de protección al desempleo se acerca a los 29 millones, que es equiparable con la totalidad del desembolso realizado durante el ejercicio pasado.
La campaña, además de actuaciones informativas con el del envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE, contempla la intensificación de visitas de Inspección con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que implica la reanudación del trabajo con personas trabajadoras cobrando la prestación por desempleo. La Inspección de Trabajo atenderá, en este sentido, a las denuncias presentadas en la Inspección Provincial correspondiente, que relaten hechos de los que se deduzca fraude en prestaciones por desempleo u otra irregularidad vinculada a ERTE por COVID (como realizar horas extraordinarias con personal reincorporado, manteniendo a trabajadores en ERTE).
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social recuerda que cuenta con un Buzón online, accesible en el sitio web de la Inspección de Trabajo y en la web del propio Ministerio que, por medios telemáticos, permite, salvaguardando la identidad de la persona denunciante, comunicar irregularidades relacionadas con los ERTE.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha activado en sus redes sociales una campaña de divulgación que, con el hashtag #ProtegerLoPúblico, incide en el uso responsable de los recursos públicos, destinados a los ERTE, una exigencia que ha acentuado su importancia durante la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la COVID-19.