La elaboración de la futura ley del juego de Castilla y León arrancó ayer su andadura con el objetivo de controlar la proliferación de las casas de apuestas, proteger los derechos de los consumidores, la seguridad y la salud, con especial atención a los menores y a los colectivos de jugadores que puedan requerir una especial atención, y luchar contra el fraude. El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, anunció ayer durante el Pleno de las Cortes que se ha colgado en el Portal de Gobierno Abierto el procedimiento para la elaboración del anteproyecto de la nueva ley, cuya fase para recoger propuestas y enriquecer el texto estará abierta hasta el próximo 8 de julio. Además, aprovechó el momento para pedir a todos los Grupos de la Cámara que apoyen la futura normativa.

El anteproyecto apuesta por la necesidad de políticas de juego responsable, prevenir el juego patológico y la protección de los consumidores, prestando especial atención a los menores de edad y a los colectivos más vulnerables o que presentan conductas compulsivas ante el juego. Sin olvidar la necesidad de otorgar seguridad jurídica a este sector económico empresarial conjugando las medidas que se adopten con sus intereses, explican desde Presidencia.

Entre los objetivos que se pretenden con la nueva norma, está el de contener la proliferación de los establecimientos específicos de juego y apuestas en la Comunidad, incrementando las distancias a centros educativos y entre todos los establecimientos específicos de juego entre sí. También, controlar la publicidad, promoción y patrocinio de las actividades de juego y apuestas, estableciendo las condiciones y limitaciones en que deba realizarse la publicidad, la promoción y el patrocinio de las actividades de los juegos y las apuestas en nuestro territorio.

Igualmente, la protección de los menores de edad, de los colectivos más vulnerables y de las personas con problemas de adicción, mediante la obligación para todos los establecimientos específicos de juego y apuestas de disponer de un registro de visitantes y control de acceso en cada una de las puertas de entrada a los establecimientos.

La futura norma pretende atender a la demanda social que reclama un mayor nivel de protección ante la actividad del juego de los grupos más vulnerables, articulando para ello todo un conjunto de instrumentos, cuyo fin esencial se sustente en la ordenación de este sector, para que su ejercicio sea moderado, proporcionado y responsable que mejore la valoración social de la actividad económico empresarial del sector del juego.

También, la protección de la salud pública en el ejercicio de las actividades de juego, endureciendo el régimen sancionador establecido en la Ley del Juego, especialmente en lo relativo a las infracciones por permitir el acceso al juego de menores y resto de personas que lo tienen prohibido. Así, se adecuarán las infracciones a las nuevas prácticas de juego en continua evolución y a las obligaciones derivadas de la aplicación de las políticas de juego responsable y de prevención del juego patológico.