No es un capricho, es una incorporación a nuestros derechos como ciudadanos, y tomar la decisión de solicitar ayuda médica para morir es muy difícil. Las personas que piden la eutanasia lo pasan muy mal, no por quererla, pues para ellas es un alivio saber que tienen esa posibilidad legal, sino porque a nadie le gustaría morir en un proceso de sufrimiento intolerable [por la demora en la resolución o la falta de un sanitario que acompañe en el proceso por objeción de conciencia]». La reflexión parte del portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) de Castilla y León, Fernando Sanz, una organización con grupos de trabajo en la Comunidad y que lucha por ampliar los derechos al final de la vida.  

Como «los datos numéricos se guardan celosamente por las administraciones, no es fácil saber cuántos procesos» se han solicitado, denegado o si la prestación se ha aceptado y completado. Tampoco de qué provincias proceden. Así, se desconoce el número exacto de sorianos que han solicitado la muerte asistida desde la entrada en vigor  en junio de 2021 de la ley que regula la eutanasia en España. Los únicos datos oficiales con los que cuenta la asociación son del Ministerio de Sanidad y fueron hechos públicos en junio, cifras que, «lógicamente, han cambiado» hasta la fecha. Entonces, en la Comunidad había 17 solicitudes analizadas, de las que cinco se habían informado positivamente, es decir, fueron «aceptadas para la prestación» y otras cinco denegadas. El resto se encontraba pendiente de información de garantías. De las cinco aceptadas, tres se habían completado y dos estaban pendientes de completarse.

Lo que sí destaca Sanz es que en Soria «hay más gente que solicita el testamento vital que en otras provincias», un documento en el que puede incluirse la muerte asistida ante la posibilidad de que el solicitante indique ciertas circunstancias. Eso ocurre muchas veces «con las demencias o las enfermedades degenerativas, porque tienen unas etapas muy previsibles», explica el activista, para quien si «Soria maneja muy bien el testamento vital significa que alguien lo está haciendo bien». Actualmente hay más de medio millar de sorianos con este documento. 

dificultades.  La organización se ha encontrado con «dificultades en el desarrollo de la ley» por las «diferencias abismales entre comunidades autónomas». «Es una cosa que nos ha llamado la atención desde el principio», admite Fernando Sanz. El portavoz en la región explica que si bien «la ley ha desarrollado aspectos muy por encima» de los concedidos en una norma orgánica, como «plazos y pasos», «ha dejado una parte de desarrollo en manos de las comunidades, que tienen mucha autonomía para abrir los procesos». Al respecto, cuando la organización preguntó sobre la implantación de la ley «el aspecto peor valorado en todas las comunidades, salvo en una, fue la difusión por parte de la Administración; daba la sensación de que no se había hecho bien». 

Entre las dificultades que se encuentran algunas veces las personas que quieren acogerse a su derecho a una muerte asistida está encontrar a un sanitario que quiera acompañarle durante el proceso. Muchos prefieren optar por la objeción y eso supone una «obstrucción». Pero, en ocasiones, «la objeción de conciencia no es tal [las más común es motivos religiosos] sino una decisión bien política o porque se considera que se va a perjudicar la carrera», incide el miembro de la organización, desde donde se entiende que «no es normal que en toda una planta o un servicio todos sean objetores; eso es mentir o engañar. Todos, en nuestro trabajo, cuando ayudamos o educamos, podemos actuar en contra de nuestra conciencia, pero va por delante el beneficio de otra persona y tenemos que cumplir tareas o un horario, aunque no nos guste». 

Afortunadamente hay avances en este sentido y así lo destaca Sanz: «Los sanitarios disponen de referentes. Es decir, si se ha tomado la decisión de seguir con el proceso de muerte asistida, en cada provincia [de Castilla y León] se garantiza que si un profesional tiene problemas de formación o no se ve capacitado va a contar con ayuda». Es algo que va «poco a poco, una puerta hacia el optimismo» y por eso se resalta el «esfuerzo realizado por los sanitarios» porque formar parte de esas comisiones de decisión y acompañamiento en el proceso «es un trabajo difícil». 

Tener a disposición una ley que regule la muerte asistida «es una ruptura de un tema tabú: si uno tiene o no derecho a decidir sobre su vida». En cuanto a las peticiones «vamos a una velocidad prudente por nuestra cultura». La organización ha calculado que durante el primer año de puesta en práctica de la ley «la mortalidad por eutanasia no llega al uno por mil; en Bélgica, que tiene ciertas similitudes con nosotros, era el triple». Cabe recordar que la solicitud de ayuda médica para morir «es un hecho excepcional».

situación de vida cumplida. Como organización, Derecho a Morir Dignamente lleva «más de 40» años trabajando y, hasta la fecha, «nuestra principal meta ha sido disponer de ayuda médica para morir». Una vez cumplido este trámite legal, aunque todavía hay que esperar para que todo vaya más rodado, «un segundo paso en el futuro sería conseguir que cualquier persona pueda elegirla». Aquí Fernando Sanz ve necesario hacer una puntualización: «El suicidio en nuestro país no es un delito y existe conmoción; se muestra mucha preocupación por el suicidio irreflexivo, intempestivo, pero no es eso de lo que hablamos. Hablamos de personas que eligen marcharse porque ven que es la mejor opción porque dan por terminada su biografía». Esto sucede habitualmente «con personas mayores, a las que no les pasa nada, pero ya no quieren seguir viviendo». Es la conocida como «situación de vida cumplida». 

El portavoz regional de DMD considera que «habría que abrir un debate de qué hacemos», aunque la respuesta es obvia: «Si es necesario, acompañarlas» en el proceso de forma legal. Es un asunto tratado ya «en otros países que han regulado la eutanasia hace más años y tienen más madurez y se avanza culturalmente», pese a no contar con una legislación que la regule. Pero, asevera, «terminará también consolidándose como un derecho», siempre que se «den ciertas circunstancias y garantizando que no se va a usar para perjudicar a nadie», sobre todo en colectivos vulnerables, como el de los mayores. 

En Soria no hay grupo de trabajo de la asociación, aunque «estaríamos encantados de tenerlo». Los interesados en formar parte de él o tener información pueden contactar por teléfono 613 110 909 o e-mail:dmdcastillayleon@derechoamorir.org.