El malestar de los ciudadanos y el deficiente funcionamiento de los servicios públicos durante la crisis sanitaria de la COVID-19 han disparado el número de quejas de los sorianos en los diferentes organismos que, en España, se encargan de dar voz a los ciudadanos y defender sus derechos. 

El Procurador del Común, la institución que representa al Defensor del Pueblo en Castilla y León, ha tramitado más de 500 expedientes en la provincia en lo que va de año. Son diez veces más que en el mismo periodo de 2019, cuando se recibieron 49 quejas. El Defensor del Paciente estima que las demandas por cuestiones sanitarias van a crecer un 30-40%. Y, en cuanto a los asuntos que han llegado a los tribunales, no hay todavía datos provincializados, según apuntan desde el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, no obstante, el Ministerio Fiscal venía realizando semanalmente un informe de «la actividad de la Fiscalía en relación a la situación de las residencias de la tercera edad afectadas por la COVID-19» y, a finales de julio, la Fiscalía Provincial de Soria contabilizaba ya dos diligencias civiles, tres penales y un procedimiento judicial en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Almazán. La mayoría estaban ya archivados.

educación y sanidad. Nunca antes los sorianos habían pedido tanto amparo como este 2020. Lo han hecho afectados por cuestiones que tienen que ver con Sanidad, Familia y Servicios Sociales pero, sobre todo, con Educación. El desacuerdo con la atención telefónica en primaria, el cierre de consultorios médicos, las listas de espera tras el estado de alarma, la disconformidad con la asistencia sanitaria prestada a personas afectadas por coronavirus, la situación en las residencias de ancianos, o la falta de medidas de protección y claridad en los protocolos COVID son algunos de los asuntos que protagonizan las quejas sanitarias. En materia educativa, dos asuntos focalizan el descontento social: los problemas detectados por los padres a la hora de tramitar el cambio de jornada escolar (de discontinua a continua) y la problemática que rodeó el inicio del curso 20/21. 

defensor del pueblo. El Procurador del Común, con sede en León, es quien vela en Castilla y León por la defensa de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y es quien supervisa también a la administración y a los poderes públicos cuando entiende que se están vulnerando derechos.? Para ello, atiende las quejas que recibe directamente de los ciudadanos pero también, en ocasiones, actúa de oficio. En base al estudio que hace de cada intervención, emite una resolución que, si procede, hace llegar a las administraciones emplazándoles a buscar una solución a la reclamación ciudadana.

En los últimos años el Procurador recibía una media de 2.000-3.000 quejas al año. Sin embargo, la pandemia ha hecho que los datos se disparen hasta las 4.845 en toda la Comunidad. No obstante, según apuntan desde la institución, a esa cifra habría que sumar 542 reclamaciones más en materia sanitaria presentadas en la provincia de León y pendientes de comprobación para registro, lo que elevaría la suma hasta las 5.387, y eso teniendo en cuenta que todavía quedan dos meses enteros para concluir el año. Son ya un 31,6% más de las que se presentaron en el mismo periodo en 2019.

quejas: multiplican por diez.  En Soria, la avalancha de quejas aún ha sido mayor. En concreto, se ha multiplicado por diez el número de reclamaciones presentadas ante el Procurador del Común. De las más de 5.000 quejas regionales, 512 pertenecen a Soria, lo que supone que la provincia ha acaparado aproximadamente la décima parte del trabajo de la institución en este año de pandemia. 

En cuanto a las temáticas, Soria presenta una diferencia respecto al resto, ya que aquí el grueso de las quejas, el 93,3%, se centran en Educación y, en concreto, en un asunto: la tramitación para el cambio de jornada escolar. Mientras, en la comunidad, el grueso son quejas sanitarias (32% del total), seguidas de Educación (30%). 

la jornada acapara la queja. Desde la institución regional especifican que, de las 512 quejas presentadas en Soria, 478 aluden a temas educativos y, la amplia mayoría, al mencionado asunto de la jornada escolar continua. De hecho, recuerdan, este tema fue protagonista ya de una queja múltiple [la misma queja presentada por varios ciudadanos] antes del estado de alarma y llegó a propiciar una intervención de oficio del Procurador, que concluyó con una recomendación a la Junta para modificar la tramitación que regula el cambio de jornada. Ahora, con el regreso a las aulas, el asunto ha llegado de nuevo al Procurador, si bien con el matiz COVID y en otro contexto. 

En concreto, cabe apuntar, en su día los padres se quejaron de la rigurosidad del trámite que aplica la Junta para cambiar el horario escolar que, si bien es cierto que se ajusta a la normativa vigente, es poco flexible. De hecho, para que se apruebe el cambio en un centro escolar la Junta requiere dos tercios de participación de las familias y, entre los votos, también dos tercios de votos a favor, lo que supone unos quórum que complican en exceso el proceso. En Ólvega, donde han intentado en varias ocasiones el cambio sin éxito, conocen bien esta problemática, por lo que iniciaron allí esa queja múltiple que propició la actuación de oficio del Procurador. 

Tras estallar la pandemia, los padres han puesto de nuevo el foco en la jornada continua, si bien ahora no aluden tanto al trámite sino a la necesidad de que se imponga este horario con carácter excepcional (mientras dure la situación sanitaria) para reducir el riesgo de contagio. Entienden los padres que, entre otras cosas, al entrar y salir dos veces se multiplican por cuatro «traslados, concurrencia de gente», y «aumenta de manera exponencial el contacto de adultos y niños» y de personas vulnerables (abuelos). Ante la disconformidad con la solución que ha dado la Junta [instando a que se vote y, si se acepta el cambio, se mantenga al menos dos años], algunos padres han iniciado concentraciones de protesta a las puertas de los colegios, huelgas e incluso una recogida de firmas que suma ya más de 5.000 apoyos. 

La queja educativa ha llegado incluso a las Cortes. Esta misma semana la procuradora socialista, Judith Villar, llevaba el asunto al Pleno y reclamaba a la Consejería de Educación que «facilite» la jornada continua en los centros escolares «mientras se prolonga la situación de pandemia». «Lo único que le piden es un cambio excepcional de la jornada partida a una continua, motivada por la COVID-19, precisamente para poner en práctica los consejos que tanto las autoridades sanitarias como la propia Junta repite constantemente: evitar los desplazamientos y limitar los contactos sociales», justificó Villar quien, cabe destacar, ha presentado también, al amparo del Grupo Socialista, una proposición no de ley solicitando que se flexibilice el trámite de cambio de horario. 

Nueve de cada diez quejas al Procurador este año han sido motivadas por este asunto, pero también los temas sanitarios y sociales han registrado un incremento de reclamaciones. En lo que va de año se han presentado cuatro quejas por temas sanitarios, siete por asuntos sociales y seis relativos a administración local. 

defensor del paciente. La problemática sanitaria que ha desencadena la pandemia, no obstante, ha llegado también al Defensor del Paciente. En Soria, según reconoce la presidenta de la asociación, Carmen Flores, «hay denuncias pero muy pocas porque los pacientes tienen miedo», justifica. «Nos llaman pero no nos mandan nada por el escrito», admite, lamentando que, «a pesar de lo abandonada que está Soria», sea tan difícil avanzar en las denuncias y, con ello, en las mejoras. No obstante, apunta, «son muy pocas pero podríamos decir que las quejas han subido en un 30-40%», motivado por «lo que está pasando con la pandemia». 

«Las quejas son de ambulatorios por no ser atendidos, de lista de espera y por negligencia», especifica Flores, quien asume que este año ha sido un «horror». «Por los recortes de años pasados estamos en esta situación, es una vergüenza que la inversión en salud pública sea mucho más baja que el dinero público que se da a las privadas. Algo urgente tiene que cambiar porque la que está en la UVI es nuestra sanidad pública», avisa. «Diagnosticar por teléfono lleva a muertes innecesarias, la lista de espera crecerá como poco un 40%, y no se están derivando a especialidades para no aumentarla; pero ya no engañan a nadie», advierte.