Al menos seis personas han muerto y más de 30 han resultado heridas en Bolivia durante un operativo policial y militar, cuyo objetivo era facilitar la salida de 40 camiones cisternas de la planta de hidrocarburos Senkata, en El Alto, localidad vecina a La Paz.

El lugar se encontraba bloqueado desde hace días por seguidores del expresidente Evo Morales, exiliado en México, que reclaman la renuncia inmediata de Jeanine Áñez, proclamada presidenta interina el pasado 12 de noviembre.

Según fuente médicas, la última víctima mortal es Clemente Mamani, un joven de 24 años que falleció aproximadamente a las 23,00 de este martes en el Hospital Corazón de Jesús. "Lamentablemente el paciente ha fallecido y esa información ya fue comunicada a la familia", ha explicado el médico Jorge Jiris.

Mamani se suma así a los otros cinco muertos que fallecieron en el marco del operativo de la Policía y el Ejército, que buscaban trasladar el combustible a La Paz.

El ministro de Defensa de Áñez, Fernando López, ha asegurado que de las Fuerzas Armadas (FFAA) "no ha salido ni un solo disparo" en Senkata y ha instado a esperar a que se realicen los informes pertinentes para establecer las causas de las muertes.

"Hordas en estado inconveniente decidieron ingresar a la planta de Senkata, decidieron voltear paredes con cachorros de dinamita, quemar vehículos y robar garrafas de gas", ha advertido, como ha informado el diario local La Razón.

"Consideramos que lo que está moviendo a esas personas es un mero vandalismo", ha denunciado antes de asegurar que "(los movilizados) están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar vandalismo, para causar terror y pánico.

Sin embargo, algunos de los manifestantes allí presentes han denunciado el uso excesivo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad bolivianas. "Aquí han venido directamente a bala. Esto no puede quedarse así. ¿Acaso somos perros nosotros? ¿Somos animales? Tenemos derechos", ha reclamado Jorge Quispe, una de las personas presentes en el bloqueo.

El bloqueo de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) de Senkata había ocasionado escasez de combustible tanto en El Alto como en La Paz. El 80 por ciento del transporte público no estaba funcionando, según datos del sindicato local, en una ciudad en la que escasean también frutas, hortalizas y productos cárnicos, como el pollo.

A media mañana de este martes, grupos de policías y militares llegaron a la planta, donde se atrincheraban más soldados, y propiciaron la salida de unos 40 camiones cisterna rumbo a la localidad de La Paz. Por el camino hicieron uso de gases lacrimógenos.

Cuando el convoy abandonaba la zona, los manifestantes han vuelto a Senkata, tumbando varios muros de la planta con explosivos, y generándose nuevos choques con policías y militares.

Por otra parte, algunos de los heridos se encuentran graves y necesitan cirugía. Han sido llevados a los hospitales de la zona, entre gritos de los manifestantes.

Riesgo de impunidad

El lugar era, a primera hora de la tarde, un polvorín. A unos 200 metros de la planta todavía se daban choques entre manifestantes y las fuerzas del orden.

Podía observarse cómo las zanjas cavadas días antes por los afines a Morales para evitar el paso de vehículos habían sido rellenadas de tierra por las autoridades para permitir el paso del convoy de camiones cisternas. Las fogatas eran constantes y el olor a humo se mezclaba con el de los gases lacrimógenos. En la mayoría de bloqueos había vecinos intentando organizarse.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha advertido del riesgo de impunidad en Bolivia.

"Desde la salida del expresidente Evo Morales, la fuerte respuesta represiva, por parte de las fuerzas de seguridad, con la utilización de armas de fuego, ha generado un incremento en el número de personas muertas y heridas", ha aseverado la organización en un comunicado.

"Es de particular preocupación para la Comisión, el hecho de que se estén realizando operaciones combinadas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para el control del orden público, sin que haya adecuado sustento legal", ha afirmado la CIDH.

El ministro de Defensa de Áñez, Fernando López, ha indicado que el Ejército no disparó bala alguna. "Murieron tres personas, pero de las FFAA no salió ni un solo proyectil. Las FFAA tienen como prioridad entablar el diálogo con los hermanos bolivianos que están recibiendo órdenes, dinero, alcohol y coca para causar temor, pánico, sólo con ese objetivo".