Fernando Lussón

COLABORACIÓN

Fernando Lussón

Periodista


Los morados se ponen de perfil

13/12/2022

El grupo parlamentario de Unidas Podemos se piensa el sentido de su voto sobre la modificación del delito de malversación propuesta a última hora por el Gobierno, que reforma la enmienda original pactada entre el Ejecutivo y ERC para rebajar la pena de inhabilitación de Oriol Junqueras, y con  la que se trata de evitar que los mandos intermedios de los republicanos que se encuentran a la espera de juicio, entren en prisión. El Gobierno quiere derogar el delito de sedición y modificar el de malversación antes de que acabe el año para terminar de desinflamar y desjudicializar el expediente catalán, aunque los resultados de los cambios pueden ser contraproducentes.

Que Unidas Podemos no impida la tramitación de las reformas del Código Penal por el método de no firmar la última enmienda del Gobierno, pero no evite que se dé luz verde, se debe a que va incluida en la derogación del delito de sedición, con lo que están plenamente de acuerdo. A pesar de haber sido informados aunque no han participado en la negociación de los cambios, se aprecia un cierto ánimo de compensar todos los motivos de discrepancia que han expuesto los socialistas a las leyes procedentes de los ministerios dirigidos por Unidas Podemos, la ley del solo sí es sí, la ley trans y la de bienestar animal, en las que el PSOE ha marcado distancias con los morados.

En efecto, es la posibilidad de que con la reforma de la malversación ocurra lo mismo que con la ley del solo sí es sí y la rebaja de condenas a los agresores sexuales y sean beneficiados quienes no estaba previsto que lo fueran lo que causa inquietud en Unidas Podemos, y como consecuencia puedan ver reducidas sus penas algunos de los afectados por los grandes casos de corrupción, ERE, Gürtel, Kitchen…, que inspiraron la última reforma de la malversación, aunque el Gobierno ha dicho que se ha andado con pies de plomo para que esa posibilidad no pueda materializarse.

La modificación final del delito de malversación, que según el Gobierno no deja impunes los actos económicos que rodearon la puesta en marcha del procés independentista ha sido debida a las críticas internas que le han llegado al PSOE desde los barones regionales por cuanto puede afectar al núcleo central de la lucha contra la corrupción, y que temen por su suerte en las elecciones autonómicas y locales, la misma preocupación que tienen en la parte de Unidas Podemos no catalana. Nada que ver, sin embargo, con el escrito firmado por media docena de exministros socialistas y otros exdirigentes que fueron depurados en alguna de las renovaciones generacionales y cambios de liderazgos socialistas, que además de su fehaciente y vehemente defensa de la Constitución no han ocultado su antisanchismo desde que Pedro Sánchez llegó a la secretaria general del PSOE y se ganó a la militancia frente a la que fue su candidata.

Como en otras ocasiones a lo largo de la legislatura en Unidas Podemos tratan de soplar y sorber al mismo tiempo, y aunque en casi todas las ocasiones el Gobierno ha logrado sacar adelante las votaciones, también ha estado a punto de ver naufragar leyes importantes, por juegos de incoherencias. Si, además, el Gobierno pretendía con su maratón legislativo llegar al nuevo año en una situación de tranquilidad interna y sin conflictos no lo va a conseguir.