El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó 240 dictámenes durante el primer semestre de este año, de las que dos de cada tres correspondieron a asuntos relacionados con la responsabilidad patrimonial. Valladolid, con 41 dictámenes, Burgos, con 36, León, con 35 y Salamanca, con 30, son las provincias de las que proceden más solicitudes de dictámenes, siendo las administraciones locales las que realizan más consultas. Además, el órgano recibió  22 de Palencia; 14 de Zamora; 13 de Ávila y Segovia, en ambos casos; y ocho de Soria. También se registraron 28 de varias provincias. En cuanto a las materias dictaminadas, la mayoría, concretamente 159, se corresponde con asuntos de responsabilidad patrimonial. De estos, el mayor número, 55, se centró en litigios relacionados con el mobiliario urbano, junto a 29 de ámbito sanitario, y 16 por el mal estado de la calzada. Asimismo, sacó 38 dictámenes por revisiones de oficio; 17 sobre contratación administrativa; ocho relacionados con reglamentos ejecutivos; seis sobre recursos administrativos; y cinco en relación a a anteproyectos de ley, entre otras materias.  

Recordar que en 2020, de los 458 dictámenes aprobados durante los doce meses, más del 60 por ciento, es decir 287, se derivaron de consultas realizadas por administraciones locales –Diputaciones, Ayuntamientos, Juntas Vecinales y otras entidades locales–, 168 de la Junta de Castilla y León –de los que más de un centenar corresponde a la Consejería de Sanidad en expedientes de responsabilidad patrimonial sanitaria– y 3 de universidades. Valladolid, con 90 dictámenes, Burgos, con 81, León, con 76, y Salamanca, con 74, son las provincias de las que procedieron más consultas. A ellas las siguen Zamora, con 38, Palencia, con 31, Segovia, con 23, Ávila, con 14 y Soria con 8. Además, hay otros 23 expedientes cuyo ámbito territorial abarca varias provincias. Respecto a las materias dictaminadas, un año más, en 2020, los asuntos de responsabilidad patrimonial han sido los más numerosos. De los 458 dictámenes, el 76,86 por ciento, es decir 352, son de responsabilidad patrimonial; la mayor parte de ellos está relacionado con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario.