La decisión de la Comunidad Valenciana, la principal autonomía donde gobierna el PSOE, de sumarse a la guerra fiscal que inició el PP ya ha puesto de manifiesto, al menos, tres cuestiones bien diferentes: que a medida que se acerca la fecha de las elecciones los barones intentan distanciarse de la figura de Pedro Sánchez; que el anuncio de una bajada fiscal supone uno de los principales reclamos políticos para atraer a los posibles votantes y que la España de las Autonomías tiene todavía mucho que avanzar para evitar que se convierta en un reino de taifas en el que cada región pueda modular asuntos que deberían ser inamovibles como la presión fiscal que debe soportar un ciudadano, que debería fijarse según los ingresos que obtiene y no en función del lugar en el que reside.
Si el principio de proporcionalidad debe guiar cualquier acción pública, cuando de lo que se trata es de la contribución de cada ciudadano al fondo común esta cuestión debería elevarse a la máxima potencia. Parece lógico que quien más gane, más aporte pero, además, en momentos como el actual, con la inflación desbocada y la cesta de la compra por las nubes, los gobiernos deben establecer mecanismos para compensar a los más vulnerables. Al mismo tiempo sería positivo que no todos los focos se dirigieran a cómo contribuyen al sostenimiento del estado del bienestar las rentas del trabajo, pues al margen de ello existe todavía un extenso campo todavía por explorar.
La realidad demuestra que la armonización fiscal por la que abogan algunos resulta inviable, máxime cuando existen determinados territorios con un concierto económico privilegiado, pero, al menos, las comunidades deberían mostrar mucho más rigor a la hora de abordar los cambios tributarios que están entre sus competencias. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué supone cualquier modificación en el IRPF y cómo piensa compensarlo cada Gobierno. No es lo mismo que haya una redistribución, que lo que dejan de ingresar vía impuestos los que menos ganen lo compensen aquellos con los sueldos más altos, o que se abogue por rebajar la presión fiscal, lo que conlleva irremediablemente un recorte en la prestación de servicios.
Esta batalla fiscal en la que están inmersas las diferentes comunidades autónomas parece más un postureo propio de una estrategia electoral que un intento por aliviar a los más débiles de los efectos de la crisis. De ahí que una propuesta positiva y en gran medida necesaria quede desvirtuada por la forma en la que se lleva a cabo. Más allá de que el Gobierno se haya mostrado absolutamente incapaz de dar una respuesta coherente a esta encrucijada en la que le han situado.