La Generalitat y el Gobierno han alcanzado un acuerdo sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat que "desbloquea" la inversión de 1.700 millones de euros propuesta por Aena y que permitirá además llevar la alta velocidad ferroviaria a los aeropuertos de Reus (Tarragona) y Girona.
El departamento de Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, comandado por Jordi Puigneró, y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige la exalcaldesa de Gavà (Barcelona) Raquel Sánchez, han alcanzado un acuerdo para convertir El Prat en un 'hub' de vuelos internacional, según han confirmado a Efe fuentes conocedoras del mismo.
Así, se ha acordado que "la solución concreta" sobre la ampliación de El Prat se determinará en el próximo Plan Director, que será posterior al Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) que debe aprobarse antes del 30 de septiembre.
Antes se realizará una consulta previa a la Comisión Europea (CE) por la afectación medioambiental que puede tener el proyecto.
Tras la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Cataluña celebrada este lunes, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado que estos 1.700 millones de euros son una "inversión extraordinaria", que generarán 83.000 empleos directos y 365.000 totales.
"Es una grandísima noticia para Cataluña y para España, porque vamos a posicionarnos antela UE con este hub internacional, que va parejo una inversión de 1.600 millones de euros en aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez", ha agregado Rodríguez, quien ha sostenido que el proyecto de ampliación de El Prat cumple con todas las necesidades de sostenibilidad medioambiental.
La portavoz del Gobierno ha avanzado que mañana la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, concretará este proyecto aeroportuario
Este anuncio llega después de que en julio se celebraran varias reuniones técnicas entre administraciones públicas y Aena acerca de esta cuestión y de que Puigneró afirmara este sábado en una entrevista concedida a EFE que veía "cercano" un acuerdo.
Según lo anunciado, El Prat quedará conectado en solo 30 minutos con los aeropuertos de Reus y Girona una vez llegue la alta velocidad a estas dos infraestructuras, que así descongestionarán el tráfico aéreo que llegue a Barcelona.
Sin embargo, quien tendrá la última palabra sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona es la Comisión Europea, puesto que los actuales planes de Aena pasan por construir una terminal satélite y alargar en 500 metros la tercera pista, que invadiría así el estanque de La Ricarda, en el Delta del Llobregat, un espacio protegido por la red europea Natura 2000.
La Generalitat y el Gobierno han acordado consultar al ejecutivo comunitario después de que sea aprobado el DORA -que comprenderá la partida económica correspondiente a la ampliación de El Prat, de unos 1.700 millones de euros-, pero antes de dar luz verde al Plan Director -donde se deberán concretar las actuaciones a llevar a cabo-.
De esta forma, se mantiene el actual funcionamiento de pistas y se descarta otra de las posibilidades que había sobre la mesa: aumentar la frecuencia de vuelos hasta las 90 operaciones por hora, con el consecuente aumento de ruido para cerca de 17.000 vecinos de Castelldefels y Gavà.
En las reuniones técnicas de julio han participado la Generalitat, el Gobierno, Aena y las administraciones locales de El Prat, Barcelona, Viladecans, Gavà, Sant Boi de Llobregat y Castelldefels; además de Reus, Girona y Adif, que se reunieron en un encuentro a parte con los gobiernos catalán y central y el gestor aeroportuario.
El Ayuntamiento de El Prat ha mostrado su frontal rechazo al proyecto de ampliación mientras que el de Barcelona, de coalición entre comunes y socialistas, no ha escondido su división sobre la cuestión.
También ha levantado la voz la consellera de Acción Climática, Teresa Jordà, de ERC, que afirmó que sería "la primera defensora de La Ricarda".
Por su parte, el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, ha advertido de que antes de que "pueda salir adelante" la ampliación "es necesario abordar las deficiencias" en el Delta del Llobregat, por las cuales el ejecutivo comunitario ha abierto dos procedimientos de infracción a España.