En un momento en el que España debería estar sumida en un estado de relativa esperanza, la política nacional se empecina en arrastrar al país al lugar al que estaba escrito desde el inicio de la crisis sanitaria que llegaría, por más que apene asistir a su constatación. Se antojaba ilusorio a la vista de la crónica parlamentaria de las últimas semanas, pero había arraigado en la ciudadanía el anhelo de que, esta vez sí, nuestros dirigentes supieran colocar las necesidades de las personas en su orden lógico. Lógico y decente. A saber, primero vencer a la covid-19, después pactar el proceso de recuperación económica y, solo tras haber cumplido con lo nuclear, ventilar responsabilidades sobre la gestión de la pandemia.
Tan pronto como ha calado el sentimiento social, que no económico ni sanitario, de que empieza a salir el sol tras más de dos meses borrascosos, se ha detonado una guerra sin cuartel por eludir o lastrar cargas. Solo en ese clima se puede contextualizar el desolador capítulo de ceses y dimisiones que se vive en la Guardia Civil, decisiones tomadas a la sombra de un informe judicial secreto que ayer estaba colgado en docenas de páginas web. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ofreció una explicación trémula y pobre que no pudo ser más contundente en cuanto a condenar su propia actuación. Que un oficial sea purgado a cuenta de la tensión provocada por el contenido de una investigación ordenada por la Justicia resulta inquietante. Que la orden la firme el expresidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es aterrador.
Es el enésimo charco que pisa un Gobierno cuyo presidente reiteró hasta desgastar las palabras que su único enemigo era la covid-19 y su única preocupación, doblegar la curva de contagios y muertes. Y resultó que no. Que, además de cumplir con la insoslayable obligación de disponer medios -con más o menos éxito, pero eso es pieza separada- para afrontar la crisis sanitaria, el Gobierno ha dedicado estos dos meses a aplicar su agenda política más controvertida y parece estar dispuesto a purgar a todo el que se atreva a cuestionar su actuación. Si con ello, además, refuerza los lazos de investidura que habían quedado debilitados por el funambulismo parlamentario para sacar adelante las prórrogas del estado de alarma, tanto mejor. En definitiva, agenda gubernamental donde debería haber habido agenda de Estado.
Paralelamente, la oposición parece obcecada en entrar a jugar al ‘frentismo’. No es el momento de la visceralidad. España necesita política vitamínica, establecer y respetar prioridades y buscar entendimientos. Por más desfachatadas que sean algunas de las maniobras gubernamentales de las últimas semanas, que lo son.