Hacia el mes de octubre de 2020 el sector de la patata estaba en pie de guerra. Los precios que recibían los agricultores andaban entre 6 y 7 céntimos de euro y se llegó a hablar incluso de ventas por 3 céntimos el kilo. Obviamente, estas cantidades no cubrían, ni por asomo, los costes de producción, pero los patateros se veían obligados a vender para no dejar que sus cosechas se echaran a perder. Muchos no disponían de almacenes para a acumular las existencias y, los que sí tenían esa posibilidad, se veían ante la prohibición, por normativa comunitaria, de los antigerminantes que se estaban usando hasta entonces, sustancias que sirven para que las patatas no broten y queden inservibles para la venta al público. Otros muchos incluso optaron por dejar los tubérculos en la tierra porque era mayor el gasto de recolectarlos que el ingreso de venderlos.

Afortunadamente, las cosas han cambiado para mejor desde entonces. No es todo color de rosa, pero al menos los agricultores que dedican sus parcelas a este cultivo disfrutan ahora de unos precios dignos que ofrecen la posibilidad de que aumente en los próximos años la superficie dedicada a este producto, un alimento básico en todos los hogares del que en España somos deficitarios.

Alberto Duque es el responsable del sector de la patata a escala nacional en COAG y confirma la tendencia a la baja de este cultivo en nuestro país, datos que también ofrece el Ministerio de Agricultura. En 2017 se sembraron casi 71.000 hectáreas, mientras que en 2022 no llegaron a las 64.000, alrededor de un 10% menos, a pesar del ligerísimo repunte de la última campaña respecto a 2021.

Cara y cruz de la patataSin embargo, Duque reconoce que las condiciones han mejorado para los agricultores. Ahora, expone, se está pagando el kilo a algo menos de 40 céntimos, unas seis veces más que hace dos años. Eso, causado en parte porque el año pasado no hubo una gran cosecha en la UE debido a sequías y otros factores, hace que el cultivo actualmente sea rentable. Pero recuerda que no todo es tan sencillo, porque producirlas también se ha encarecido sensiblemente. Hace dos años, una hectárea de este tubérculo «se comía» entre 6.000 y 7.000 euros; hoy en día, con el tremendo encarecimiento de los insumos, llega a los 10.000.

Otro empujón para los productores ha sido la salida al mercado de dos nuevos antigerminantes que pueden sustituir a los que quedaron vetados por la UE. Un antigerminante evita que las patatas broten y tengan peor aspecto para el consumidor, de manera que se pueden almacenar durante más tiempo sin perder presencia (ni cualidades nutricionales ni de ningún tipo, por supuesto). Duque explica que en España se ha logrado obtener uno a base de cáscara de naranja y otro más se ha conseguido a partir de menta, fuera de nuestro país pero también en territorio comunitario. Estas nuevas sustancias suponen un alivio para el sector, aunque tienen una duración más corta (hay que aplicarlos cada dos meses) y costes superiores.

Otra opción para conservarlas es almacenarlas a baja temperatura, cercana a cero grados, pero eso conlleva el problema de que el almidón de la patata se descompone en azúcares más pequeños, que son los que le dan ese característico color negro a las patatas fritas algunas veces. Este proceso genera, además, acrilamida, una sustancia que, según la comunidad científica, es cancerígena (cocidas no presentan ningún problema, porque la acrilamida no se forma). Por lo que esa opción no se usa apenas en España.

Cara y cruz de la patataLos anteriores antigerminantes, sintéticos, podían provocar ciertos perjuicios y la UE, en su política de eliminar químicos de la agricultura, los prohibió. Afortunadamente, según el responsable de COAG, y al contrario de lo que suele ocurrir, se avisó con tiempo a las empresas productoras de fitosanitarios para que pudieran adaptarse al cambio normativo y no se causara daño a los productores y almacenistas. Algo que, desgraciadamente, no está ocurriendo, por ejemplo, con la prohibición de los herbicidas para el ajo o los neonicotinoides para la remolacha.

También suma a favor de los productores que la producción se diversifica más en lo que a variedades se refiere. El agricultor cada vez tiene más en cuenta lo que demanda el consumidor y los diferentes tipos de patata permiten ofrecer en los lineales productos acorde con lo que los ciudadanos buscan.

La patata francesa.

Pero no todo son buenas noticias. España tiene un problema de producción. Este año se han cosechado menos de dos millones de toneladas de patata por primera vez desde que hay registros, según el Ministerio de Agricultura. Más allá de los problemas con las lluvias torrenciales en Levante y con el calor extremo en buena parte de la Península, este dato es uno más en una tendencia decreciente, tanto en superficie como en toneladas al año.

Esto provoca que tengamos que traer patata de fuera. En concreto, según Alberto Duque, necesitamos unas 500.000 toneladas de patata más de la que obtienen nuestros agricultores, pero importamos 750.000. ¿Por qué? Duque explica que, en parte, es porque una de las primeras cosechas del año, que se obtiene en la zona de Almería hacia el mes de marzo, se va al extranjero casi íntegramente, porque hay países como Alemania, Francia o Italia que la aprecian mucho.

El caso es que nuestra producción se queda corta. Y lo que traemos de fuera, en un 80%, llega de Francia. En principio no debería de haber ningún problema en un país deficitario se abastezca en el exterior, pero siempre y cuando los consumidores puedan conocer el origen de cada producto, que es lo que parece que no ocurre siempre.

No es la primera vez que se denuncia algo parecido, pero esta semana UPA, COAG y ASAJA lo han hecho con vehemencia porque afirman, con pruebas al parecer, que algunos supermercados de las cadenas LIDL y DIA podrían estar comercializando como patata nueva española una patata de conservación refrigerada y de origen francés. En un mensaje de UPA en la red social Twitter, la organización agraria publica una fotografía del informe elaborado por un laboratorio alavés que dice que la variedad ni siquiera es la que anuncia el envase.

La alianza UPA-COAG en Castilla y León, de hecho, ha acudido al Ejecutivo de esa comunidad, a la AICA y al Ministerio de Consumo para que actúes de forma inmediata y lleven a cabo las acciones pertinentes para abrir expedientes y sancionar «contundentemente» a las citadas cadenas. «De lo contrario, entenderemos que tanto el Gobierno central como el Gobierno regional, haciendo dejación de funciones, amparan a la distribución en contra de los intereses de los agricultores y consumidores», han sentenciado.

UPA recuerda que es habitual que cada año en nuestro país la patata vieja francesa inunde el mercado español, y que una parte del sector de la distribución la comercializa como «patata nueva» y en determinadas fechas como «patata lavada» confundiendo a los consumidores en los lineales de una manera «impúdica". En realidad, dice la organización, se trata de patatas más económicas pero con una peor calidad nutricional y organoléptica, llevando a la confusión de los consumidores españoles. «Repiten una y otra vez prácticas de este tipo porque les resulta muy barato saltarse la norma», añade.

ASAJA, por su parte, advierte a los consumidores sobre el engaño de tal oferta y pide al Ministerio de Agricultura que extreme los controles sobre los agentes de la cadena agroalimentaria para que se detecten, y sancionen en su caso, prácticas fraudulentas que perjudican tanto a los consumidores como a los productores españoles. Desde la organización explican que la patata nueva de origen nacional que los productores están sacando a la venta en estos momentos tiene un precio en origen de 0,60 euros el kilo y por tanto no es posible que una cadena de distribución la comercialice en el punto de venta a 0,90, una vez sumados los gastos de procesado, lavado, enmallado, etiquetado, transporte, etc. Se trata, según indagaciones realizadas por ASAJA, de patata procedente de la campaña anterior (sometida a varios meses de cámara frigorífica) y con origen francés.

La asociación destaca el peligro que tienen estas importaciones por las consecuencias sobre los precios en la patata local. Si hay más oferta, los agricultores españoles tienen que vender más barato y eso desincentiva la siembra. Recuerdan que «en los últimos años ha habido un descenso de la superficie cultivada y España es deficitaria y tiene que importar para cubrir el consumo, una tendencia peligrosa de dependencia que nuestro país no se puede permitir».

ASAJA en Castilla y León también ha salido al paso ha querido pedir sentido común al resto de eslabones de la cadena alimentaria para que el agricultor no sea el perjudicado por las prácticas comerciales de la distribución. La OPA reivindica «lealtad y legalidad» a la cadena alimentaria para que se cumpla la Ley que obliga a que se retribuya con justicia al agricultor, como primer e imprescindible eslabón de la cadena. Destaca que de las cerca de 2,5 millones de toneladas de patata que se consumen en España, casi 800.000 se producen en su comunidad autónoma.

Premio Patata de Oro Castilla y León.

La semana pasada se celebró, en el Centro de Formación y Hostelería IES Diego de Praves de Valladolid, la primera convocatoria del Premio Patata de Oro de Castilla y León, organizado por la alianza UPA-COAG para divulgar las propiedades nutricionales y organolépticas de este alimento, además de sus múltiples variedades y posibles preparaciones. Hubo un abanico de 22 patatas presentadas por diferentes comercializadores y agricultores que venden su propio producto y fueron preparadas por alumnos del centro en cuatro presentaciones: en puré, cocida, frita y asada. El jurado, compuesto por Yolanda Medina, presidente de la Interprofesional de la Patata de Castilla y León, periodistas e incluso la jefa de cocina del restaurante Alquimia (una estrella Michelin), concedió premio a una patata zamorana (Manuel Farto Vara, agricultor de Santa María de la Vega), otra vallisoletana (Florimon Desprez) y dos segovianas (Segoviana de Patatas SL y Miguel Gómez, agricultor de Escarabajosa de Cuéllar) en las diferentes categorías. Alberto Duque, de COAG, manifestó que es un certamen que nace con vocación de continuidad y que poco faltó para verse sobrepasados por la participación.