De no haber montado el Gobierno de España ese espectáculo absolutamente innecesario con 1.377 armas intervenidas a ETA y al Grapo y una apisonadora a la que solo le faltaba un rótulo que pusiera ‘Marca ACME’, el único tema de discusión de ayer y de hoy habría sido la expropiación temporal de 56 viviendas en Baleares. Cierto es que ese peculiar y propagandístico experimento del Gobierno balear, vestido escandalosamente de globo sonda, queda matizado por el hecho de que la expropiación es temporal y afecta a viviendas vacías de grandes propietarios o tenedores, que suena, por cierto, bastante curioso. Además, esos inmuebles irán destinados a alquiler social durante un período de siete años y su legítimo propietario recibirá una parte del dinero que le correspondería si los alquilara.
La iniciativa, de alcance limitado y auspiciada por la Ley de Vivienda de Baleares, viene revestida de un halo de candor institucional y de absoluta solidaridad con las personas vulnerables. Eso despierta, en una primera aproximación, la simpatía de cualquier persona de bien, que desea que sus semejantes no sufran o que sufran lo menos posible, que disfruten de todos los derechos que defiende una democracia como la española y que se asomen a un futuro mejor para ellos y para su descendencia. Hasta aquí, todo positivo.
Por añadidura, este tipo de golpes de efecto siempre dirigen los pensamientos hacia la bondad y la necesidad del pobre frente a la maldad y la degradación del rico, que acapara y acapara, sin piedad. De esta forma, Robin Hood enarbola su arco, coloca una flecha y tensa la fibra de cáñamo para atravesar con su saeta el corazón del impío noble, dispuesto a ejecutar su derecho de pernada, por ejemplo.
Un buen amigo, propietario de un bar, utiliza con frecuencia un comodín para justificar cualquier vericueto legal difícil de comprender. ‘¿Por qué te suben la cuota de autónomos? Por el artículo 33’. Y rubrica su afirmación con un seco y vehemente golpe con los nudillos en la barra. El problema se produce justo a partir de ahí, cuando la reflexión topa con el artículo 33 de la Constitución que, por estas cosas que tiene la vida, reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, con ciertos matices y excepciones.
En mi caso, y en el de una enorme parte de la ciudadanía, no necesito hacer cuentas para saber que no tengo diez propiedades o más y que llevan deshabitadas sin razón aparente durante, al menos dos años, según indica la normativa balear, para sacarlas al mercado y proporcionar techo a quien no lo tiene. Eso es un alivio para nosotros, los que somos ‘poco tenedores’, porque conozco a algunas personas trabajadoras, honradas y ahorradoras, que arriesgaron su patrimonio y casi su pellejo, que lloraron sangre para sacar adelante sus empresas y sus familias y que confían en que las propiedades que han logrado acumular sirvan para enjugar las lágrimas, los achaques y las angustias de la vejez. Esa sensación se ha agudizado de un tiempo a esta parte, cuando la gente mayor que se informa ha comprobado cómo la hucha de las pensiones se vaciaba, cómo crecía la deuda hasta cotas de película de miedo y cómo un futuro claro empezaba a verse borroso en cuanto a pagar las facturas en la última etapa de la vida.
Al final, este tipo de ocurrencias, solamente apuntalan la idea de que España parece desinflarse poco a poco, de que tiene la forma de siempre pero que, si la presionas, notas cómo pierde aire. Y parte de ese aire es la legalidad y no lanzar mensajes de incertidumbre ni de estado veleidoso a los inversores. 
Por supuesto que quiero que todas las personas tengan una vivienda digna y unos ingresos mínimos para desarrollar sus proyectos vitales con dignidad pero más valdría aplicar criterios económicos serios y fundamentados y quitar unas cuantas plumas a las alas de los fondos buitre.