Ha sido bautizado como ‘el pacto de los 100.000’, en referencia a uno de los puntos del acuerdo que recoge explícitamente que, quien lo rompa, deberá abonar esta cantidad a una ong. Hay también quien lo ha denominado como ‘el pacto del 103’ [aunque hay quien dice que fue en el 107], en alusión al establecimiento de carretera donde se negoció el documento por los emisarios enviados desde Génova y los representantes de la PPSO. Sea como sea, es el documento del que se lleva hablando desde la noche del 25 de junio cuando, por sorpresa y contra todo pronóstico tras los duros enfrentamientos previos, la presidenta provincial del PP, Yolanda de Gregorio, y el presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, anunciaron un acuerdo para gobernar la Diputación y dejar fuera al PSOE, que ya se hacía con el sillón provincial. 

Desde entonces, los representantes de ambos partidos han repetido hasta la saciedad que no tienen nada que esconder y se han encargado de difundir pequeños fragmentos del documento. Eso sí, se han negado a hacerlo público y han mostrado solo lo que interesaba, cuando interesaba, y cada uno con su interpretación. 

El Día de Soria ha tenido acceso en exclusiva al documento original que se validó ante notario por los presidentes de ambos partidos y que, después, suscribieron todos los diputados de PP y PPSO (incluso los suplentes). A continuación, les mostramos los puntos clave. Los conocidos, y aquellos de los que nadie habla, como el reparto de cargos (algunos con sueldo de hasta 46.700 euros), el blindaje del PP en la presidencia o coartar una posible la moción de censura.

'El pacto de los 100.000', al detalleEn cuanto al último asunto de polémica, ni pone explícitamente que se revertirá la situación de El Burgo (donde actualmente gobiernan PP-PSOE), ni tampoco que la PPSO se integrará en el PP de forma inmediata. El documento tan solo deja la puerta abierta a ambos asuntos y habla de «intentar revertir» y de «crear un equipo de trabajo» para «permitir la plena integración». Sin plazos. Sin condicionantes de qué debe ser primero. El matiz es importante porque en las últimas semanas estos puntos han estado a punto de romper este acuerdo y, con ello, la estabilidad del gobierno de la Diputación. La polémica se desató tras la decisión de la PPSO de mandar un burofax al PP dando un ultimátum y exigiendo que antes de fin de año su candidato, Antonio Pardo, debía ser alcalde. Ni la mediación del PP regional y nacional han conseguido dar a la PPSO lo que pedía. El resultado, el PP queda debilitado tras perder a Miguel Cobo (actual alcalde de El Burgo), que pasa a ser no adscrito, junto a su socio, Martín Navas, que también ha anunciado que deja el PSOE. 

Ha sido el primer capítulo de este ‘pacto de los 100.000’, pero queda mucha legislatura por delante.

«Acuerdo de compromiso de gobernabilidad en la excelentísima Diputación Provincial de Soria, legislatura 2019-2023. Soria, a 25 de junio de 2019». Es el encabezamiento del acuerdo firmado por De Gregorio y De Miguel, «reconociéndose mutuamente capacidad jurídica suficiente». El punto número uno y el dos (que replica el uno pero dirigido al PP) recogen explícitamente que todos los diputados del PPy de la PPSO «comprometen» su apoyo para hacer presidente a Benito Serrano. Ese apoyo «continuará durante todo el tiempo que dure la legislatura, renunciando a presentar moción de censura durante el ejercicio de toda la legislatura». 

¿Quién paga los 10.000 y por qué? Es el punto ‘estrella’ y, también, el más temido por los firmantes. Lo que dice textualmente es: «El diputado tanto del PP como de la PPSO que con su voto o abstención [...] posibilite que cualquier otro partido político diferente al PP de Soria pase a presidir la Diputación, responderá personalmente por los daños y perjuicios ocasionados, debiendo indemnizar con la cantidad de 100.000 euros, que deberá ingresar en la cuenta de una ong [...] en el plazo máximo de un mes». Es decir, los 100.000 van vinculados directamente a evitar el transfuguismo (algo que, por cierto, ya está prohibido por la ley)y a blindar al PP en el gobierno provincial. 

El reparto de cargos. «El PP se compromete a otorgar una de las vicepresidencias de la Diputación, así como la presidencia de una de las Comisiones, así como estudiar la posibilidad de la entrada de un miembro a la Junta de Gobierno, quien de mutuo acuerdo se designa por ambos». Cabe recordar que De Miguel (PPSO) ostenta esa vicepresidencia, con un sueldo de 46.700 euros. El PP se ha reservado la otra vicepresidencia con sueldo y la presidencia (María José Jiménez y Benito Serrano).

ante notario y firmado por todos (incluso suplentes). El acuerdo fue firmado inicialmente por los presidentes de ambos partidos pero el punto siete indica que «deberá ser ratificado y validado notarialmente por todos y cada uno de los diputados (titulares y suplentes) tanto del PP como de la PPSO». Todo, en «aras a asumir su responsabilidad personal» en caso de «incumplimiento». 

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Reversión de El Burgo e integración de la PPSO. Los puntos de la polémica. La PPSOexige gobernar en El Burgo, donde obtuvo mayoría pero perdió la Alcaldía por el acuerdo PP-PSOE. El PP exige a los miembros de la PPSO que vuelvan a sus filas, de donde han ido saliendo en las diferentes fisuras de años pasados. Cada uno lo interpreta a su manera pero el acuerdo dice textualmente en su punto quinto: «Se creará un equipo de trabajo dirigido a consensuar las medidas de acercamiento ideológico entre ambas formaciones políticas que permitan su integración plena bajo las siglas del PP y la plena disolución de la PPSO». Y en el sexto:«Desde el PP se llevarán a cabo las gestiones necesarias tendentes a intentar revertir la situación acaecida en El Burgo de Osma».