Esta semana se constituyeron las Cortes y comenzaron con algún rifirrafe con la fórmula de acatamiento de la Constitución. En el Congreso de los Diputados oímos referencias a sus territorios que más bien deberían oírse en el Senado que es la Cámara territorial. Pero es que hemos desvirtuado el Congreso convirtiéndolo en un zoco territorial donde diputados regionalistas, nacionalistas o independentista mercadean con sus votos necesarios en el devenir de las legislaturas. Es fácil echar las cuentas de lo que se puede sacar con un diputado por Teruel con 19.696 votos sobre un total de casi 35 millones de votantes. Se puede conseguir (¿o chantajear?) un buen rédito. Pero, ¿qué votará ese diputado representante de la Teruel cabreada cuando se discuta sobre la reforma laboral, o sobre una reforma del Código Penal? ¿Lo que le diga quién le compre su voto? Este mercadeo se ha dado desde los tiempos de la transición y por todos los partidos, desvirtuando nuestro sistema bicameral, alimentando monstruos nacionalistas que se convierten en independentistas. Porque las dádivas por esos votos también se traducen en traspasos de competencias, algunas veces mal usadas como la educación en Cataluña.
No se me ocurre otra manera de acabar con esto que con una profunda reforma de la Ley Electoral mediante un gran pacto de los partidos constitucionalistas y de ámbito estatal. Con la actual aplicación de la Ley D´Hont se excluye del reparto de escaños a aquellos partidos que no alcanzan el 3 % de los votos de la circunscripción que actualmente es la provincia. ¿Qué ocurriría si esa exclusión a los que no alcanzan el 3 % si se aplicara en España? Teruel Existe hubiera necesitado 1.050.000 votos para entrar en el reparto. Esquerra Republicana tampoco habría obtenido ni un escaño, ni PNV, ni JxCat, etc. Sería una manera dedevolver a la Cámara Baja su esencia, aunque seguro que hay otras fórmulas más justas. Lo importante es ser conscientes del problema para resolverlo.