En las circunstancias actuales, en las que está en juego la renovación del Consejo General del Poder Judicial para poner fin a una anomalía de casi cuatro años en la que los partidos constitucionalistas han hecho caso omiso de la obligación de cumplir la ley, lo mejor que se les puede pedir a los negociadores principales del Gobierno y del Partido Popular es que mantengan el más alto grado de discreción acerca de cómo transcurren las negociaciones. Dada la incontinencia verbal que caracteriza a los políticos cada vez que tienen posibilidad de hablar, ese proceso, lejos de aclararse, se tiñe de nubarrones, porque lo que un día antes parecía un avance se traduce en una vuelta a la casilla de salida, a las exigencias y líneas rojas que han mantenido la posibilidad de un acuerdo alejado en el horizonte.  

De las tres horas de diálogo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en La Moncloa, trascendieron muy pocas cosas, salvo la voluntad de llegar a un acuerdo con rapidez condicionado por la dimisión de Carlos Lesmes y porque la crisis institucional que provocó había alcanzado una dimensión nunca vista en el tercer poder del Estado, y como consecuencia en el entramado constitucional.  Pero a medida que pasan los días y se suceden las comparecencias públicas de los dirigentes políticos, el panorama se despeja o se oscurece porque demás de acordar lo mollar subyace la voluntad de que el pacto que alcancen les permita salvar la cara a ambos, ante aquellos a los que convencieron de que sus posiciones eran inamovibles y que esa batalla la iban a ganar.  

Por eso es necesaria la mayor discreción en las negociaciones, para evitar las injerencias e interferencias de los sectores más intransigentes que pretenden que la renovación actual y las que se realicen en el futuro supondrán que sus intereses han quedado salvaguardados. El negociador por parte del Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al contrario que su jefe de filas o el líder de la oposición, está por la labor de la discreción porque ha reiterado cuál es la base de la negociación, que nada está acordado hasta que todo está acordado. Por eso, cualquier filtración interesada sobre el transcurso de las negociaciones para presionar al adversario es contraproducente y solo servirá para dilatar la solución en el tiempo, toda vez que han comprendido que es la última oportunidad de que disponen para alcanzar un acuerdo que devuelva la normalidad al tercer poder del Estado.    

Porque todo lo que está ocurriendo alrededor del Consejo General del Poder Judicial está adquiriendo tintes surrealistas: dimite su presidente y el resto de los vocales no se dan por aludidos, cuando debieron haberle secundado o hecho con anterioridad en cualquier momento de los cuatro años precedentes; ocho de ellos, de tendencia conservadora, se declaran en rebeldía para incumplir una ley del Congreso y, entre casi todos, nombran un presidente –interino, sustituto, llámese como se quiera- en contra del dictamen de su servicio jurídico y dan paso a una bicefalia entre el CGPJ y el Tribunal Supremo que no está prevista en ninguna norma y  que acabará con un recurso ante la Sala Tercera del Supremo.  Y todavía  alguno de ellos acabará recompensado por los servicios prestados. Al tiempo.