La directora general de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Vázquez, calculó hoy que los diez bancos de alimentos de Castilla y León pasarán de atender a los 60.000 beneficiarios del año pasado a las entre 85.000 y 90.000 personas para el reparto ordinario de comida a lo largo de 2020, ya sea a las propias familias o bien a través de albergues o centros de atención a colectivos con escasos recursos, a consecuencia de la crisis del COVID-19. Desde la declaración del estado de alarma, la demanda de alimentos se ha incrementado entre un 7 y 10 ciento. Un aumento que ha motivado, precisó, que la Junta haya decidido mejorar la financiación del mantenimiento de estas entidades un 19 por ciento, hasta los 190.000 euros, ya que la entrega de los alimentos se realiza a través del fondo de ayudas del Ministerio de Agricultura y Alimentación y la Unión Europea.
En su comparecencia en las Cortes en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con familias vulnerables durante el estado de alarma, Vázquez apuntó que el deseo de todos es que esta situación sea "coyuntural", aunque aseguró que la Junta estará a la expectativa para ver las consecuencias sociales "reales", provocadas por la pandemia. No en vano, alertó de que pueden ser "muchas".
De ahí que reclamara, según recogió la Agencia Ical, que nadie "baje la guardia" ante lo que puede deparar el futuro, después de comprobar la repercusión "preocupante" de la crisis sanitaria en la sociedad en menos de tres menos, que ha incidido en las familias más vulnerables que han pedido ayudar para su “subsistencia”. "Debemos estar preparados y trabajar coordinadamente para dar la mejor respuesta social a las personas y familias con más vulnerabilidad en Castilla y León", incidió.
Esperanza Vázquez subrayó que la Junta cuenta con la Red de Protección a las Familias, un modelo creado hace dos años por ley, para proteger y atender a las personas más vulnerables de la Comunidad. En este sentido, valoró la labor de la Red durante la pandemia, gracias a la buena colaboración entre la Junta, las entidades locales y las entidades del tercer sector. "Han dado lo mejor de sí mismas y han sido capaces, en estos momentos tan complejos y en estas circunstancias tan adversas, de dar una respuesta lo más rápida posible demostrando seriedad, rigurosidad, solidez, implicación, compromiso y solidaridad", subrayó. Una red que, señaló, , tiene previsto atender este año a unas 160.000 familias con un coste de 11,4 millones de euros, a través de 252 programas.
Los grupos de la oposición como el Partido Socialista y Mixto, representado por Podemos, criticaron con la gestión de la Junta en los Servicios Sociales durante la pandemia del COVID-19 al ser un sistema que funciona gracias al tercer sector, las corporaciones locales y los voluntarios, además de beneficiarse de la financiación que ha llegado del Gobierno central.
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades, María del Carmen García, recordó que la Comunidad cuenta con 17 millones de euros, derivados del Estado y otros 1,7 millones para becas de comedor (que ha beneficiado a unos 11.000 alumnos, según la directora general) pero se desconoce el presupuesto de la Junta. Además, alabó el trabajo de los voluntarios de entidades como Cruz Roja y Banco de Alimentos, pero también de otras ONGs. "¿Cuánto personal propio ha destinado la Junta al reparto de alimentos?", preguntó.
Lamentó, según Ical, que la directora general de Familias se congratule con la existencia de 160.000 pobres y 11.000 niños en riesgo de vulnerabilidad en Castilla y León. "Podemos congratularnos de que tenemos un sistema que les cubre pero les tendría que dar vergüenza felicitarse por tener esa gente sin recursos. Lo que tienen que evitar es que estas personas existan y no que les tengamos que ayudar", expuso.
En la misma línea, se pronunció Laura Domínguez, de Podemos en representación del Grupo Mixto, al advertir que los Servicios Sociales y el reparto de alimentos en la Comunidad no se puede basar en los voluntarios. "Debe ser los más públicos posible", afirmó. También criticó el "desamparo" al que han llevado a las entidades locales, que aún no han cobrado el desembolso que han realizado en servicios sociales, distribución de alimentos y el pago de gastos básicos.
Además, Domínguez pidió a la Junta no engañar a la ciudadanía con que la crisis económica provocada por el coronavirus será "coyuntural". En este sentido, pidió que la salida a esa crisis sea diferente a la anterior del año 2008 y se apuesta por crear un "escudo social" y un refuerzo de los servicios públicos, además de unas condiciones laborales mejores y dignas.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel García Nieto, se felicitó porque la Comunidad cuente con una "excelente" Red de Atención a las Familias. No en vano, auguró que a la crisis sanitaria parece "inevitable" que venga una económica que "no parece pequeña" y que tendrá su impacto en las rentas de las familias. "Muchas familias deberán acudir en busca de ayuda en los servicios sociales y habrá que ofrecerles apoyos puntuales y temporales para evitar los nuevos vulnerables", afirmó.
Por su parte, María Teresa Gago, de Ciudadanos, valoró las medidas "excepcionales" tomadas por la Junta para hacer frente a situaciones "excepcionales" y así hacer frente a las ayudas urgentes de las familias. A su juicio, una de las mejores medidas ha sido la puesta en marcha del teléfono 012 para gestionar ese tipo de ayudas, en colaboración con Cruz Roja para el reparto de alimentos. También, destacó a las entidades del tercer sector que se han "volcado" con los más vulnerables. "Su labor es incuestionable, por lo que hay que garantizar su supervivencia, sobre todo las que atraviesan por problemas por la crisis del COVID-19", expuso.
Esperanza Vázquez se refirió al repunte de perceptores de renta garantizada de ciudadanía en los casi tres meses de pandemia, ya que desde el mes de marzo hay 499 hogares nuevo, lo que ha supuesto un incremento de la cuantía de la nómina de 490.000 euros. Por lo tanto, la renta beneficia, en la actualidad, a más de 9.600 familias y 22.600 beneficiarios, para paliar sus situaciones de pobreza extrema o personas y familias que lo necesitan.
Durante este tiempo, Familia también ha concedido 1,2 millones de euros a Cruz Roja para atender toda la demanda urgente de alimentos que se derivara desde el 012, ampliándose a productos de higiene personal, suministros básicos y productos farmacéuticos; cubrir la distribución ordinaria de alimentos para las personas atendidas por otras entidades de reparto que no han podido funcionar como consecuencia de la crisis sanitaria y potenciar el servicio de teleasistencia.
Reconoció el crecimiento "evidente" de la demanda de alimentos y productos de primera necesidad en estas semanas entregados por Cruz Roja en la Comunidad, al pasar de una media de 25 personas al mes que solicitaban comida antes de la declaración del estado de alarma a una media de 1.300 personas a la semana durante el periodo de confinamiento. De ahí, que más de 13.700 personas han recibido ayudas desde el inicio de la pandemia.
Ademas, gracias a Cáritas quien gestiona el programa de acogida y de alojamiento a personas sin hogar, se ha dado techo durante el periodo de confinamiento a 433 personas, con un total de 1.733 intervenciones.
La intervención de la directora general de Familias también sirvió para conocer la actividad de los centros de protección de menores, en los que entre el 14 de marzo y el 28 de mayo, se produjeron 56 nuevas altas consecuencia de resoluciones administrativas o por decisiones de juzgados o de la Fiscalía y 64 bajas. La mayor parte de ellas fue por mayoría de edad, aunque hubo 29 casos se acordó la prolongación de actuaciones para prestar a estos jóvenes el apoyo necesario para una transición a la vida independiente.
En los Centros Zambrana y Los Manzanos, se produjeron seis nuevos ingresos de menores infractores, con su aislamiento por prevención hasta descartar la enfermedad, y 25 bajas por cumplimiento o modificación de medidas conforme a lo acordado en resoluciones judiciales.
Bajan los acogimientos familiares
Esperanza Vázquez mostró su "preocupación" por el descenso de los acogimientos familiares a lo largo de la pandemia, llegando a 26 acogimientos familiares. Una situación que ha motivado que la Consejería y Cruz Roja hayan lanzado una campaña de sensibilización y captación de familias de acogida bajo el lema 'Ahora más que nunca buscamos familias de acogida, buscamos familias solidarias'.
Anunció que la Consejería trabaja en un protocolo de actuación en los puntos de encuentro familiar de cara a la desescalada. No en vano, estos centros podrán reiniciar su actividad durante la fase 2.
Atención a drogodependientes
Por último, la directora general de Familias de la Junta mencionó la atención a las personas drogodependientes, después de las "lagunas" existentes en la normativa del Gobierno de España durante el estado de alarma por el coronavirus.
Consideró que la Red de protección a las personas y familias vulnerables de Castilla y León (formada por 72 centros y servicios de tratamiento, 400 profesionales especializados y 15.000 atendidos) es "bastante potente" como para que el Gobierno de España se olvidara de este ámbito.