El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, reclamó hoy a la Intervención General de la Comunidad que habilite ya el sistema de "supervisión continua" del sector público, que ya prepara la Junta, para vigilar la gestión de estos entes y determinar si cumplen con los objetivos para los que fueron creados, de forma que si se alejan de ellos puedan ser suprimidos.

Ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, Amilivia explicó que la Intervención General, dependiente de la Junta, ha trasladado al Consejo de Cuentas, a raíz de un informe de fiscalización de la Fundación Siglo y las Artes de Castilla y León que está "a la espera de un próximo desarrollo normativo", si bien el 'popular' Salvador Cruz avanzó que a finales de año o principios del próximo habrá noticias al respecto.

En ese sentido, el presidente del Consejo expuso que la puesta en funcionamiento de este sistema de control se está comenzando a implantar en el sector público estatal, a través de la Oficina Nacional de Auditoría (ONA), como en varias comunidades. Por ello, propuso a Castilla y León que pida ayuda al órgano central y que se garantice la coordinación con el sistema de vigilancia que corresponde a la consejería a la que está adscrita el ente público.

En general, Amilivia defendió que el proceso de reestructuración de las entidades del sector público fue "ajustado a los planes establecidos y normativa aplicable" y añadió que ha dado lugar a un conjunto "más simplificado", con menos gasto de funcionamiento y personal. Además, dijo que se llevó a cabo antes de los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, al modificar la ADE, actual Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), que remarcó cuenta con una estructura más simplificada.

Amilivia recordó que entre enero de 2011 y enero de 2017, la cifra pasó de 88 a 56, por lo que se suprimieron 32, a los que se unieron otras dos sociedades entre 2017 y 2018 por lo que son un total 34-. Así, remarcó que no se produce una reversión total a la administración por las entidades extinguidas, sino a otros entes existentes, lo que sentenció da como resultado "un sector público más simplificado que continúa desempeñando las mismas funciones".

Respecto al ahorro de personal, Amilivia indicó que se finiquitaron 233 contratos de trabajo, con un coste por despido e indemnización de 4,8 millones, si bien evitó un desembolso anual 7,7 millones. Además, la mayor reducción se produjo en la Agencia de Desarrollo, con 90 bajas y Sotur, con 64. La reducción de las transferencias realizadas por la Administración a estos entones pasó de 298 millones a 177, lo que representa una minoración de 121 millones, un 41 por ciento.

Corrupción y despilfarro

La socialista Rosa Rubio alabó la labor del Consejo por ir “desgranando” la estructura del sector público, ante la ausencia de datos de la Junta, y concluyó que “no le queda nada claro” si realmente la Comunidad se ha ahorrado dinero, puesto que remarcó Cuentas señala que no se ha producido una “reversión” mayoritaria a la administración de los entes suprimidos.

Rubio criticó que la Junta no aprobara un plan de racionalización por lo que no existía una “meta” establecida a la hora de tomar medidas, de forma que argumentó que la mitad de los entes suprimidos son fundaciones, “lo más fácil”. Tachó el proceso de un “disimulo”, con cambios y nuevos órganos, que tras años creados, no funcionaron nunca.

Así, la socialista sentenció que esto se traduce en “corrupción” y “despilfarro”. Como ejemplo, puso al ICE, una “agencia de colocación” para el PP y señaló que tras cambiarle el nombre, existe una divergencias de datos entre los aportados por la Junta y los del Consejo de Cuentas, como a su juicio ocurre en Provilsa. “Todo esto parece un holding, no una administración”, concluyó.

En nombre del Grupo Mixto, el procurador de UPL, Luis Mariano Santos, defendió la eliminación de la Fundación Villalar-Castilla y León, no la búsqueda de una razón para que pueda “subsistir”. Además, criticó que mientras se ha llevado a cabo este proceso de “reconversión” de la administración, exista un número de altos cargos “excesivo”, lo que a su juicio se traduce en más gasto público.

Explicó que se han eliminado entes públicos para ahorrar nóminas de trabajadores, pero advirtió de que al mismo tiempo se han incrementado el número de personal de confianza. “Es una incongruencia”, dijo y añadió que la gestión de la ADE, actual ICE, ha sido “sucia”.

Menos entes y auditoría

El 'popular' Salvador Cruz defendió que el sector público de la Comunidad en 2010 era menor que el de otras comunidades y rechazó que existiera una administración “B” o paralela. Advirtió de que 37 son compartidos con universidades, diputaciones o ayuntamientos, por lo que no puede decidir sobre su futuro, a los que se suman otros 16, con capacidad de decisión.

Además, el parlamentario destacó el nuevo proceso de revisión iniciado con Ciudadanos, al tiempo que cuestionó las críticas de UPL, tras pactar con el PSOE, por su política de altos cargos. También respondió a la socialista Rosa Rubio remarcó el ahorro de 121 millones por la reducción del sector público.

Frente al “despilfarro” que critica el PSOE, advirtió que de lo ocurrido en su opinión con la tarea del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, que llevó al país a la crisis económica. Además, comparó el tamaño del sector público de Castilla y León, frente al de Cataluña y Andalucía, que aglutinaban el 40 por ciento. Por ello, rechazó que se critique al que lleva “las cuentas por el buen camino”.

Finalmente, el procurador de Ciudadanos Juan Pablo Izquierdo destacó que su grupo y el PP han conformado una comisión mixta para auditar 16 entes del sector público autonómico y planteó completar el trabajo realizado sobre esta cuestión por el Consejo de Cuentas. Además, recalcó que el futuro de la Fundación Villalar se ha “abierto al diálogo” con el objetivo quizás de “reestructurar” sus fines.