El vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, destacó hoy en declaraciones a Ical que el Gobierno autonómico destinó a este fin un total de 4,4 millones a lo largo de 2020. De ellos, 3,7 millones corresponden a ayuda económica no reembolsable, que se destina a proyectos de cooperación y microacciones en el exterior. Igea presidió el Consejo de Cooperación para el Desarrollo, el órgano que aborda la elaboración del cuarto plan director, que recogerá las prioridades en esta materia hasta 2024.

Al respecto, Igea señaló que este nuevo documento, que ya se está elaborando mediante un proceso participado, asumirá los retos que plantea el nuevo contexto internacional y consolidará el enfoque basado en derechos humanos. El consejero y vicepresidente explicó que cuatro grupos de trabajo abordan los aspectos generales, la acción humanitaria, las intervenciones de desarrollo en países empobrecidos y la educación para el desarrollo y la ciudadanía global.

En ese sentido, el nuevo plan director mantendrá entre sus ejes de actuación prioritarios la información y sensibilización a la ciudadanía, la formación y educación, la investigación y la movilización social y la participación ciudadana. A pesar del trabajo iniciado, la crisis sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19 ralentiza el calendario de trabajo previsto, por lo que el Consejo de Cooperación para el Desarrollo prorrogó un año más el plan director vigente mientras continúa la redacción del nuevo documento, que podría ver la luz a mediados del año próximo.

Respecto al presupuesto finalmente ejecutado en este ejercicio, 255.950 euros se destinaron a educación para el desarrollo, 223.000 euros a gastos de administración y gestión, 200.000 euros a ayuda humanitaria y 31.250 euros a cooperación técnica. Los 3,7 millones destinados a ayuda económica no reembolsable sirvieron para conceder 27 de las 73 ayudas solicitadas para apoyar a 12 países empobrecidos. La mitad de los proyectos se desarrollan en el África Subsahariana, con las áreas de América del Sur, América Central y Asia, como beneficiarias de la otra mitad de las iniciativas.

En función del sector, el mayor porcentaje de intervenciones concedidas lo concentran las acciones para garantizar el derecho al agua y el saneamiento, con un 37,8 por ciento de las intervenciones y un montante de fondos concedidos que alcanza los 1,2 millones. Con estos proyectos se pretende garantizar la disponibilidad y accesibilidad al agua mediante la instalación de puntos de acceso y la formación en la gestión y uso del agua para garantizar la sostenibilidad.

Otras ocho intervenciones se destinaron a la educación, ámbito en el que se invirtieron 894.255 euros que sirvieron para mejorar la infraestructura y la calidad educativa, así como para proyectos de adecuación cultural y bilingüismo. Por último, 629.388 euros se destinaron a garantizar el derecho humano a la alimentación, mediante el acceso a huertas y la mejora de conocimiento para impulsar la productividad de los pequeños productores agrícolas de América del Sur, mayoritariamente mujeres.

Ayuda humanitaria durante la pandemia 

En el marco de la acción humanitaria de la Junta durante el año 2020, Igea también destacó la concesión de cuatro ayudas para responder a los diferentes contextos de crisis humanitarias cronificadas que vieron agravada su situación debido a la pandemia global de COVID-19. Dos de ellas, mediante Cruz Roja Española y con una cantidad de 85.000 euros, sirvieron para facilitar medidas de prevención y refuerzo alimentario en centros de educación especial en los campamentos saharauis y en zonas de Colombia donde se acoge a población desplazada y refugiada.

Otra subvención de 30.000 euros se concedió a Unicef para suministros de higiene adecuados para las familias más vulnerables y de protección esencial para el personal sanitario en Siria. Además, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos recibió 35.000 euros para promocionar prácticas adecuadas de higiene y limpieza, distanciamiento social y triaje en los centros de salud.

A estas intervenciones financiadas de forma directa se suman las cuatro intervenciones apoyadas por medio del fondo creado entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) y la cooperación descentralizada, al que Castilla y León contribuye con 50.000 euros.