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Las residencias sorianas tienen un 19% de plazas sin ocupar

N.Z.
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Tras el colapso por la covid llegó la crisis económica. Ahora, el incremento de costes y la «incertidumbre» sobre la futura normativa acorralan la recuperación del sector

Las residencias sorianas tienen un 19% de plazas sin ocupar

Dos años de pandemia con los centros blindados, el ingreso de usuarios restringido, los costes multiplicados, las plantillas mermadas y los decesos disparados han azotado duramente al sector de las residencias de ancianos en la provincia, que a estas alturas todavía soporta un nivel de desocupación del 18,75% (de media). Según los datos facilitados por la Junta, de las 2.495 plazas que hay en los 35 centros sorianos, 468 están vacías. Obviamente, la situación difiere sustancialmente por centros y ubicación. En los pueblos, el dato de plazas vacías dobla al de la capital. 

Por tener un dato comparativo, antes de que estallara la covid-19, en diciembre de 2019, había 201 vacantes (el 8% del total) y en algunos centros la lista de espera llegaba a superar el año. Y en el momento más crítico de la pandemia se llegó a alcanzar un 30% de desocupación. 

La vacunación ha sido el punto de inflexión para revertir la situación y, con la situación sanitaria ya controlada tras dos años 'sobreviviendo', el sector busca su recuperación. Los datos de ocupación acompañan ya que «se empieza a mover el mercado» y «la demanda ha crecido en los últimos meses». «Hemos recuperado aproximadamente la mitad -o un poco más- de la desocupación que llegó a haber en los momentos más críticos», estima el presidente de la Asociación Soriana de Atención a la Dependencia (ASAD), Francisco Javier Sanz, quien justifica este hecho en que había una «necesidad social» tras meses con los ingresos congelados (se autorizaban solo excepcionalmente). 

freno a la recuperación. La «perspectiva de ocupación es buena», pero en el escenario actual hay demasiados 'actores' que frenan la reconstrucción del sector. A la herencia covid que ha dejado «mermado» el negocio geriátrico, se suma ahora la crisis económica motivada por la situación mundial; el «incremento desmesurado» de los costes, que desde el Grupo Latorre estiman en un 14%; las subidas salariales que debe abordar el sector; y la «incertidumbre» que existe ante la negociación de nuevas normativas. 

En el plano nacional, el Gobierno y las Comunidades Autónomas pactan la actualización del acuerdo de acreditación, el documento de mínimos que deben cumplir las entidades que ofrezcan servicios en el sistema de la dependencia. «Se habla de doblar ratios (de 0,21 a 0,43) en atención directa», alerta Sanz, quien advierte que, «si sale adelante el acuerdo tal cual está, el 80% de los centros son inviables». Y a nivel autonómico «se está barajando una nueva ley residencial» que servirá para diseñar el nuevo modelo geriátrico, lo que deja al sector en «un limbo». 

«Estamos desbordados y con mucha incertidumbre», sintetiza el portavoz de ASAD. De hecho, admite, «a nivel económico estamos peor que lo que hemos vivido con la pandemia». Porque, justifica, las residencias no pueden repercutir este incremento de costes en sus usuarios y la respuesta por parte de la administración no llega. A estas alturas, «la Junta no ha subido los precios de los conciertos y prestaciones [vinculadas a la dependencia] para dotar de capacidad económica a los usuarios». «Dicen que suben la prestación vinculada y luego suben tres euros. Eso no es asumir la realidad. La administración de Castilla y León tiene centros propios y sabe perfectamente lo que cuesta una plaza. No es normal que nosotros lo tengamos que hacer por un tercio», se queja el portavoz de ASAD.

El sector ha asumido este «desequilibrio económico» hasta el momento pero los números empiezan a asfixiar. Y, si esto sigue, «es posible que los centros pequeños, los más familiares, se vean obligados a quitárselos y pasen a manos de grandes grupos», aventura Sanz.

el problema no solo es covid. «Más o menos vamos llenando y se van recuperando los datos de ocupación, pero tenemos otros hándicap y cada vez es más difícil. Desde marzo de 2020 es una carrera de obstáculos continua», sintetiza en la misma línea Eugenio Latorre, portavoz de Grupo Latorre. «Desde luego que la crisis covid fue la peor porque son vidas y no encontrabas armas para solucionar el problema, pero desde entonces es un sinvivir», añade. 

Este grupo soriano gestiona ocho residencias en la provincia y, sumando el centro que atienden también en Toledo, dan servicio a más de 700 personas mayores. Antes de la pandemia sus centros rozaban el cien por cien de ocupación. Ahora están al 95-97%. A pesar de que su desocupación es baja, el incremento de costes les ha llevado a una situación complicada y, aunque la Dirección ha decidido de momento asumir íntegramente este desequilibrio, Latorre admite que, «si no mejora», se verán obligados «a tomar medidas». Tienen claro que no van a plantear un recorte de servicios porque eso sería contrario a su «filosofía», por lo que analizarán la posibilidad de revisar precios.

El grupo multiservicio Clece gestiona cuatro centros de mayores en Soria (la residencia El Parque de la capital, Nuestra Señora de las Mercedes en El Royo, Virgen de Olmacedo en Ólvega y Virgen de la Peña en San Pedro Manrique) con un total de 341 plazas, de las que antes de la pandemia estaban ocupadas el 73% y ahora el 70%. «La recuperación está siendo muy lenta y aún no se ha completado. Cada nueva ola supone una vuelta atrás», admiten desde la compañía, desde donde reconocen que el problema de desocupación es más grave en el medio rural, donde ya antes de la pandemia se soportaba una «ocupación más baja», que «la covid ha agravado». 

«Crisis de plazas». Tampoco en Clece han podido repercutir a sus usuarios la subida de costes y, de hecho, advierten:«La crisis sanitaria ha supuesto una crisis de plazas vacías que ha bajado los precios en un momento de grandes incrementos de costes (bajas laborales, material de protección, etc). El sector ha estado dos años en 'modo supervivencia' y, mientras no se recupere la ocupación, no se recuperarán los precios, algo que todavía no ha ocurrido». No han repercutido el extra que ha traído consigo la pandemia, y tampoco tienen previsto repercutir los costes sobrevenido en los últimos meses por el incremento de la energía, las materias primas... ya que, recuerdan, los usuarios tienen un precio fijado en su contrato de ingresos y, salvo revisiones acordadas (que suelen ser equiparables a la subida de las pensiones o el IPC), no se asumen variaciones. 

Grupo Mimara llegó a Soria el año pasado y en estos momentos gestiona 115 plazas (a nivel nacional suma 730) en sus centros Mimara Valdeavellano de Tera, Campos de Castilla de Almazán y la residencia Nuestra Señora del Rosario, de Tardelcuende. La «ocupación global promedio» de todos sus centros, Soria incluido, «varía entre el 96% y 97%», especifican. 

La pandemia, asumen desde Mimara, «ha dejado huella» y ha sido una «prueba muy dura». Y además, avisan, «la covid va a seguir estando presente en nuestro día a día durante mucho tiempo, por lo que no hemos esperado a que acabe la pandemia sino que nos hemos adaptado a ella. Trabajamos constantemente para hallar un punto medio entre nuestras vidas precovid y postcovid». Tampoco en Mimara tienen previsto modificar precios ya que «los incrementos de costes se realizan al inicio de cada año de acuerdo al IPC». «Aunque ahora haya cambios de precios en nuestros proveedores dada la volatilidad del mercado, no realizaremos aumentos de precios para el resto del año. No lo consideramos justo para nuestros residentes ni sus familias», justifican. 

A pesar de la situación que atraviesa el sector, Mimara ha visto «claras oportunidades de crecimiento en Soria». Comenzaron con la gestión de tres centros residenciales y, aseguran, están «muy contentos y satisfechos con los resultados». Además, «seguimos reconociendo otras oportunidades de crecimiento en la zona», anuncian. «Nuestro objetivo es seguir garantizando y mejorando la calidad de vida de las personas mediante un servicio individualizado, buscando el bienestar del usuario, familias y nuestro equipo de profesionales», destacan.

públicas. De las 2.495 plazas que hay en Soria, el 19% son públicas. La Diputación gestiona dos residencias en la provincia con 147 plazas en total, de las que están vacantes 24. La vicepresidenta de la Diputación, María José Jiménez, reconoce que, tras «los momentos complicados» que se vivieron en las primeras olas, ahora la situación a nivel sanitario está «tranquila y estable» y eso está haciendo que la demanda «se vaya reactivando». Aumentar los usuarios es un alivio pero las cuentas siguen sin salir, porque «el gasto se ha disparado porque ahora hace falta más material, más desinfección... y, además, los gastos de gasoil, electricidad... se han duplicado e incluso triplicado». Para asumir esta situación, la Diputación ha aprobado una modificación de crédito que incluye 198.000 euros para ampliar el presupuesto de las residencias, «fundamentalmente para cubrir la subida de la partida de la luz, del gas y de los carburantes». 

las plantillas, la clave. La pandemia ha afectado a los usuarios pero, también, a las plantillas, que se han visto fuertemente mermadas. En Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda se reforzó con doce enfermeras y seis auxiliares de Enfermería, además de una persona en lavandería. «Las bajas se han ido cubriendo, salvo Enfermería por falta de personal disponible», explican desde el centro. En San José de El Burgo, «a pesar de las dificultades en determinados momentos para entrar trabajadores, sobre todo al principio, se han ido sustituyendo las bajas» gracias a que desde la Diputación se ha «facilitado la contratación y refuerzo», agradecen. Para salvar estas dificultades, recuerdan, «en los primeros meses en ocasiones se recurrió a la contratación de gerocultores y estudiantes de último curso de Enfermería». Además, se «reajustó la plantilla existente y se contó con los trabajadores relevistas de las jubilaciones parciales y liberados sindicales». 

La «buena disposición», «el trabajo conjunto», «hacer equipo», «el sentir común» de las plantillas han sido clave en los centros públicos para superar estos dos años de pandemia. También en los privados, comparten desde ASAD, Grupo Latorre, Mimara y Clece. De hecho, todos coinciden en que salvar una situación tan límite ha sido posible gracias al «compromiso» de sus plantillas que, no obstante, ahora sufren la herida covid en forma de recuerdos que todavía duelen.