La rebelión contra el acuerdo entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda, que pone en manos del Estado los remanentes, lo ahorrado por los ayuntamientos, no se ha hecho esperar. La medida no ha hecho ninguna gracia a los consistorios; seguramente tampoco a muchos de los regidos por los socialistas, aunque lo acaten. El resto sigue reclamando que se mantenga la posibilidad de que la totalidad del superávit sea gastada por el ayuntamiento que lo generó, que rebajó su déficit, que realizó un esfuerzo ímprobo y ahora ve cómo se premia a quienes no han hecho el pertinente aprovisionamiento en tiempos de vacas gordas. Diez grandes ciudades ya se han unido contra el plan del Gobierno. Los munícipes no están solos en este rechazo. El PP y el Gobierno de Cataluña llevarán al Constitucional el acuerdo.  

Fue la propia FEMP la que aprobó en mayo, por unanimidad, reclamar al Gobierno que facilitase el uso íntegro de los remanentes. «Queremos utilizar esos recursos en su totalidad porque son los ahorros de los ciudadanos de cada municipio y provincia, y han de utilizarse en su ámbito», dijo entonces el socialista Abel Caballero, alcalde de Vigo y presidente del órgano municipalista que ahora ha visto cómo sus históricos consensos saltan por los aires. De aquella solicitud a lo firmado mes y medio después va un trecho. Ahora los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Estado y recibirán en 2020 y 2021 un mínimo del 35% de los fondos aportados hasta un total de 5.000 millones. El importe íntegro del préstamo será amortizado en 15 años con intereses. Así que los municipios están atrapados en el dilema de tener millones bloqueados en sus cuentas corrientes o cedérselos a la Administración central a cambio de poder utilizar de forma inmediata un tercio de esos fondos.  

Este escenario de posturas tan enfrentadas es justo lo contrario a lo que ha propugnado siempre el propio presidente del Gobierno sobre la necesidad de unidad y consensos para salir más fuertes de esta crisis. El profundo malestar y rechazo de la gran mayoría de munícipes debe llevar al Gobierno a rectificar cuanto antes y entender que una medida de este tipo tiene que contar con amplios acuerdos. Durante el próximo mes de trámite parlamentario deberá el Gobierno emplearse a fondo si quiere sacar la iniciativa adelante. Sánchez, con su geometría de pactos variable, ha ido sacando adelante sus proyectos seduciendo a unos y otros, pero los alcaldes, que están en el día a día y no en los manejos macropolíticos, pueden ser los primeros en pararle los pies, salvo que el presidente tenga otro as en la manga. Difícil será convalidar el decreto si no se introducen modificaciones que lo hagan más justo y solidario. En realidad, ese debería ser el único interés de todos.