La Junta informó de que el Ministerio  de Universidades acordó hoy un límite máximo para los precios públicos de la primera matrícula de grado, que no superaría la media nacional en el curso 2011/2012, algo que para Castilla y León, junto con otras comunidades autónomas, "implica un desembolso importante de financiación inmediata", informa Ical.

La propuestas se puso sobre la mesa esta tarde durante una reunión del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria con un único punto del orden del día, “propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de Grado para el curso 2020-2021”.

En este contexto, la conseseja de Educación, Rocío Lucas, exigió al Ministerio que comparta su esfuerzo presupuestario con partidas finalistas para las universidades, algo que el ministro "no ha podido comprometer", denunciaron.

Castilla y León defendió que ya ha demostrado "estar comprometida con la equidad y la bajada progresiva de tasas universitarias", pero "no ha podido mostrarse de acuerdo con la propuesta parcial y apresurada del ministerio, al no venir acompañado de financiación".

La Junta recordó, en un comunicado, que en los primeros días de mayo, el Consejo de Ministros eliminó el sistema de horquillas vigente en la Ley Orgánica de Universidades, y lo hizo a través de un Real Decreto que regula el sector cultural. En ese momento "no concretó los nuevos precios públicos que deberían aplicarse al próximo curso". Así, las comunidades autónomas solicitaron "una propuesta real y cuantificada, sobre todo teniendo en cuenta que la competencia de financiación corresponde a las autonomías".

La "Propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de Grado para el curso 2020-2021", presentada este miércoles por Castells a las comunidades y aprobada en Conferencia General de Política Universitaria, señala que no tendrían que bajar sus precios con respecto a 2019-20 Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia.

En cambio, otras ocho comunidades (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tendrían que operar "un ajuste relativamente moderado", mientras que para Cataluña y Madrid el ajuste tendría que ser "más acusado".

El Ministerio ha reconocido que es necesario "incrementar sustancialmente" la financiación de las universidades públicas, pero ha subrayado que "no debe hacerse a costa de los escasos recursos de las familias y los estudiantes precisamente en un momento en que nos enfrentamos a una gravísima crisis económica".