Los desahucios en Soria ya se acercan a los registros que había antes de la pandemia, a una media en el primer semestre del año de uno cada seis días y una tendencia al alza que, sin embargo, no llega a las cifras, por ejemplo, de 2013. Los lanzamientos, como se denomina a los desahucios en el argot judicial, continúan en lo que va de 2002 su ascenso tras la pandemia y las medidas del Gobierno que paralizaron desahucios a familias vulnerables. Un aspecto que continúa vigente es que los desahucios en el caso de los más vulnerables no se ejecuta de oficio, sino que tiene que ser solicitado por el perjudicado. Aún así, no impide el incremento.
Según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en la primera mitad de 2022 se contabilizan un total de 25 desahucios por ejecuciones hipotecarias y por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), lo que supone un 20% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se anotaron 20 (18 de ejecuciones hipotecarias y 2 por impago de alquiler).
Las cifras están lejos aún de las que se registraban en 2013, con 61 desahucios, o en 2014, con 54. La cifra fue descendiendo hasta los 34 de 2017, con un repunte a 40 en 2019 y un descenso de nuevo a 27 en 2019. En el año de pandemia fueron tan solo 8, por lo que desde 2020 han aumentado los lanzamientos un 68%.
En Soria los lanzamientos por impago de alquiler son más que por impago de hipoteca y también tras la pandemia. En lo que va de 2022 han sido 18 por alquiler, que descendieron a 7 en 2020, pero fueron 40 en 2013 y 31 en 2018. En cuanto a hipotecas, en el primer semestre se contabilizan 7 y fueron 25 en 2014, mientras hubo 21 en 2013. Atendiendo a los datos de lanzamientos totales, se ha pasado de los 102 en 2013 a los 68 de 2018, a los 32 de 2020 y al repunte de 39 en 2021.
El Gobierno, en función del real decreto 11/2020 (por la situación derivada del covid), ha ampliado hasta el 31 de diciembre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual para personas y familias en situación de vulnerabilidad, con la acción coordinada de los órganos judiciales y de los servicios sociales competentes. Yen el caso de las hipotecas también hay una suspensión para colectivos vulerables, por la ley 1/2013, hasta mayo de 2024. La medida se aprobó para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y atender a las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis económica y financiera de 2007, que produjo que numerosas personas que contrataron un préstamo hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual se encontraron en dificultades para hacer frente a sus obligaciones.
438 en la comunidad. En Castilla y León los lanzamientos practicados en el segundo trimestre ascendieron a 438, un 1,4% más, mientras que en el conjunto de España se alcanzaron los 10.816, lo que supone una caída del 6,5%. Cataluña, con 2.414, el 22,3% del total nacional, fue la comunidad en la que se practicaron un mayor número de lanzamientos durante el segundo trimestre de 2022. Le siguieron Andalucía, con 1.922; Comunidad Valenciana, con 1.524; y Madrid, con 999.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en Castilla y León se contabilizaron 298. En este caso en el primer lugar también aparece Cataluña, con 1.809, cifra que representa el 23% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.313; Comunidad Valenciana, con 966; y Madrid, con 862.
Por su parte, durante el segundo trimestre del año, se presentaron 218 ejecuciones hipotecarias, un 9,9% menos que el pasado año. A nivel nacional fueron 6.242 ejecuciones, un 18,3% menos también. El mayor número se dio en Andalucía, con 1.392 (un 22,3% del total nacional). Le siguieron Cataluña, con 1.197; la Comunidad Valenciana, con 1.043; y Madrid, con 616. En ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destaca Murcia (25,7 por cada 100.000 habitantes), seguida de la Comunidad Valenciana (20,5) y Andalucía (16,1). En Castilla y León la ratio se sitúa en 9,2.